Del Castillo niega que exista la memoria económica de la Ley de Calidad que Educación envió a Hacienda
El PSOE acusa a la ministra de haber ocultado el texto "deliberadamente"
El PSOE acusa a la ministra de haber ocultado el texto "deliberadamente"
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, negó ayer con rotundidad la existencia de una memoria económica de la Ley de Calidad. Por el contrario, Carme Chacón, portavoz de educación del PSOE, insistió en que tal memoria existe y que ha sido ocultada por "beneficiar claramente a la escuela privada. En todo caso, subrayó, la ley obliga al Gobierno a acompañar los proyectos de ley con una evaluación del coste que vayan a suponer.
Chacón mostró de nuevo a la prensa un texto con membrete del Ministerio de Edu...
El PSOE acusa a la ministra de haber ocultado el texto "deliberadamente"
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, negó ayer con rotundidad la existencia de una memoria económica de la Ley de Calidad. Por el contrario, Carme Chacón, portavoz de educación del PSOE, insistió en que tal memoria existe y que ha sido ocultada por "beneficiar claramente a la escuela privada. En todo caso, subrayó, la ley obliga al Gobierno a acompañar los proyectos de ley con una evaluación del coste que vayan a suponer.
Chacón mostró de nuevo a la prensa un texto con membrete del Ministerio de Educación y sellado con fecha del 12 de abril, en el que la secretaria general de Educación, Isabel Couso, remite la propuesta de memoria económica de la futura Ley de Calidad a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, Elvira Rodríguez. Dicho texto evalúa el coste de la reforma educativa en unos 91 millones de euros anuales y estima que serán necesarios sólo 2.300 profesores nuevos para ponerla en marcha, una dotación económica y humana que Chacón calificó ayer de ridícula y apuntó como una de las causas que habrían llevado a la ministra a ocultar el documento "deliberadamente".
Desde el Ministerio no se niega la existencia del texto, pero se subraya que la memoria como tal no existe desde el momento en que el Gobierno no aprobó ninguna en el Consejo de Ministros.
El debate entre ambas políticas, aunque se planteó en términos puramente formales, tiene un notable trasfondo político. El ministerio está interesado en subrayar los cambios que comporta la ley -los itinerarios, la desaparición de la promoción automática o la recuperación de una prueba como la reválida- y decidió el viernes aplazar la discusión sobre las cuestiones económicas. El PSOE, por el contrario, cree que el debate económico no puede separarse del de los contenidos porque hacia dónde vaya el dinero marcará si la reforma beneficia a la escuela pública o a la privada concertada.
Por la mañana en la SER y por la tarde en la agencia Efe, Del Castillo reiteró que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la ley sin memoria económica, cuya existencia negó, y explicó que el tema del dinero será abordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque las obligaciones de gasto que llevan aparejadas las leyes del Estado en áreas que son competencia de las comunidades autónomas deben ser abordadas en dicho consejo.
Las declaraciones de Chacón constituyen, según Del Castillo, un "espectáculo insólito", porque ésta atacó la supuesta memoria económica de la ley horas antes de que el proyecto fuera remitido por el Gobierno al Congreso. Y al final, lo envió sin dicha memoria.
Acusaciones cruzadas
Pero que no se remitiera a las Cortes no quiere decir que dicha memoria no exista, insistió ayer Chacón. Lo que sucede, agregó, es que el Gobierno "la oculta porque es insuficiente y beneficia escandalosamente a la escuela privada". Para la ministra, la insistencia de Chacón supone "apalancarse en el error" para no contribuir "de forma constructiva" a mejorar el sistema educativo.
Pero no incluir una memoria económica es, asegura Chacón, ilegal. Según la socialista, la Ley del Gobierno, de 1997, establece en su artículo 22 que cualquier anteproyecto deberá ir acompañado de "una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar".
Un portavoz del ministerio indicó que, con posterioridad a esa ley, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron en diciembre de 2001 un nuevo sistema de financiación autonómica al que debe someterse la reforma educativa.
"La ministra se esconde tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera", insistió Chacón al asegurar que uno de los puntos de la memoria que demuestran el trato de favor dado a la enseñanza privada es el que establece que, de las 2.300 nuevas incorporaciones de profesores previstas por el equipo de Del Castillo, sólo 738 irán a la escuela pública frente a los 1.560 destinados a la privada. "Esto hace que haya un profesor más por cada 1.700 alumnos en la escuela pública y uno más por cada 400 en la privada", explicó.
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