Los socios parlamentarios del PP piden cambios en la ley de Internet

Todos los grupos del Congreso, a excepción del Popular, creen que hay que modificar la LSSI, la ley de Internet del Gobierno, que ayer inició su trámite parlamentario. Se presentaron nueve enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas gracias a los votos de PP, CiU y CC, aunque los dos últimos grupos anunciaron que reclamarán 'cambios'. La oposición critica la ambigüedad de una ley que permite a una 'autoridad competente' cerrar webs.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrer...

Todos los grupos del Congreso, a excepción del Popular, creen que hay que modificar la LSSI, la ley de Internet del Gobierno, que ayer inició su trámite parlamentario. Se presentaron nueve enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas gracias a los votos de PP, CiU y CC, aunque los dos últimos grupos anunciaron que reclamarán 'cambios'. La oposición critica la ambigüedad de una ley que permite a una 'autoridad competente' cerrar webs.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero, debutaba ayer en el Parlamento con nueve enmiendas en su contra. La ley fue defendida, a primera hora de la mañana, por la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, quien aseguró que el texto 'ayudará al desarrollo de las empresas españolas [en la Red] y ofrecerá seguridad y confianza a los ciudadanos'. 'Es un honor presentar esta ley ante el Parlamento', dijo. Pero el Parlamento, a excepción del Partido Popular, rechazó la LSSI en distinto grado.

El PNV y seis partidos del grupo mixto (Iniciativa per Catalunya, Chunta Aragonesista, Esquerra Republicana de Catalunya, BNG, Eusko Alkartasuna y Partido Andalucista) presentaron enmiendas a la totalidad del texto y la devolvieron al Gobierno. IU y PSOE se unieron a la petición de devolución y presentaron, además, textos alternativos. Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC), por su parte, rechazaron las enmiendas y apoyaron el texto del Gobierno porque, según explicaron, la sociedad de la información en España necesita una ley de manera urgente para desarrollarse. Pero ambos anunciaron que, durante el trámite de discusión parlamentaria de la LSSI que ahora comienza, propondrán al Gobierno la modificación de algunos de los aspectos más polémicos de esta ley.

Y es que la LSSI llega al Parlamento rodeada de problemas y envuelta en discusiones, dos años después de la publicación de la directiva europea 2000/31/CE, que debería haberse traspuesto antes de enero. Los partidos políticos de la oposición recogieron ayer los temores de muchos internautas que, desde la aprobación de la ley, han criticado el 'intervencionismo' del Gobierno, especialmente por la redacción de un artículo, el 8. Éste introduce el concepto de 'autoridad competente', que es la que tiene potestad para cerrar una página web, un término demasiado ambiguo para la oposición, porque abre la puerta a la censura administrativa. 'No estamos ante una ley para potenciar el comercio electrónico, sino ante una ley para regular los contenidos en la Red', aseguró Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz de Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario Socialista. 'Esta ley es tibia en la promoción, e intervencionista en el control de los contenidos; en ella late un miedo mudo del Gobierno a la autonomía de la Red', aseguró el diputado del PNV Joxe Joan González de Txábarri. El parlamentario de CiU Jordi Jané alabó la iniciativa del Gobierno de abrir el debate de la LSSI colgando varios de sus borradores en Internet, pero después aseguró que el texto 'no es adecuado en algunos aspectos'. 'El artículo 8', explicó, 'puede contradecir el artículo 20 de la Constitución', el que defiende la libertad de expresión. Según este artículo, sólo un juez puede cerrar una publicación. La oposición cree, en cambio, que la LSSI 'pone un duda la libertad de expresión', en palabras de Joan Puigcercós (ERC), ya que el término de autoridad competente puede dañar el principio constitucional de que 'la capacidad de intervenir sobre la información y la opinión que circula en la Red debe ser única y exclusivamente judicial', dijo Rubalcaba. El diputado de BNG Carlos Aymerich habló, incluso, de 'inconstitucionalidad'.

Los partidos de la oposición criticaron, además, las multas que impone la ley, que pueden alcanzar los 600.000 euros, independientemente de la facturación de la empresa sancionada.

La diputada del PP Ana Mato fue la única que apoyó el 'escrupuloso respeto de los derechos fundamentales' que realiza esta ley.