El Parlamento argentino investiga la relación de Telefónica con el 'blanqueo' de fuertes sumas

Los autores del informe del proyecto de resolución, los diputados Elisa Carrió, disidente de la Unión Cívica Radical (UCR), y Gustavo Gutiérrez, del Partido Demócrata de la provincia de Mendoza, creen que dichos pagos sirvieron de recompensa a políticos y jueces como Enrique Petracchi, miembro de la Corte Suprema, para conseguir los favores del Gobierno y la Justicia en el aumento de tarifas telefónicas conocido como 'rebalanceo'.

La comisión investigadora aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados empezará a investigar la semana próxima, entre otras, las vinculaciones de Telefó...

Los autores del informe del proyecto de resolución, los diputados Elisa Carrió, disidente de la Unión Cívica Radical (UCR), y Gustavo Gutiérrez, del Partido Demócrata de la provincia de Mendoza, creen que dichos pagos sirvieron de recompensa a políticos y jueces como Enrique Petracchi, miembro de la Corte Suprema, para conseguir los favores del Gobierno y la Justicia en el aumento de tarifas telefónicas conocido como 'rebalanceo'.

La comisión investigadora aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados empezará a investigar la semana próxima, entre otras, las vinculaciones de Telefónica con el Federal Bank Limited, el banco off shore de Moneta constituido en las Bahamas que está señalado como el vehículo de las operaciones de lavado de dinero. Por este banco circularon, en triangulación con el Banco República, en Buenos Aires, y el Citibank, en Nueva York, 4.500 millones de dólares desde noviembre de 1992 hasta mayo del 2000, según el informe.

'Como ejemplo de la triangulación del dinero en dicho circuito cabe mencionar la transferencia de 2.433.349 dólares que efectuó Telefónica Argentina el 18 de febrero de 1992 a la cuenta número 3696-5728 de American Exchange en el Citibank de Nueva York para ser girados al Banco República de Moneta, del cual Telefónica era uno de sus principales depositantes', señala el proyecto de resolución de la comisión investigadora.

El informe asegura que Telefónica tenía cuenta y 'operaba fuertemente en el Federal Bank' hasta el punto de que pagaba sus dividendos a través de este banco, y que varios de sus directivos tenían cuentas en dicha entidad, entre los que cita a Luis Martín de Bustamante, ex presidente de Telefónica Argentina y alto cargo del grupo en la etapa de Juan Villalonga, Martín Ruete Aguirre, Carlos Carballo y Benito Jaime Lucini.

Otro de los puntos a los que apuntará la investigación de los legisladores es el edificio República, uno de los inmuebles más modernos de la city porteña, por tecnología y diseño, y cuya verdadera propiedad está repleta de interrogantes. Telefónica y su subsidiaria Advance Comunicaciones alquilaron varios pisos del edificio de la calle Tucumán, construido por Moneta 'con fondos provenientes del lavado de dinero', según el proyecto de resolución.

El contrato de arrendamiento se firmó por cinco años y a partir de 1 de julio de 1996, cuando Villalonga ya presidía la compañía. Telefónica pagaba 432.000 dólares al año por cada piso, lo que significaba 2,16 millones de dólares todo el periodo. Incomprensiblemente, por colocar el cartel de la compañía en lo alto del edificio, Telefónica acordó pagar 4,4 millones de dólares por los cinco años, es decir, el doble del alquiler de todo un piso. Para los diputados Carrió y Gutiérrez, se trata de 'un precio exagerado que seguramente esconde pagos a terceros como fueron los ficticios pagos de honorarios al Banco República en concepto de asesoramiento en materia de telecomunicaciones'.

De los 5,7 millones de dólares que Telefónica pagó al Banco República, dos millones corresponden a un supuesto estudio de las telecomunicaciones en América, otros 2,9 millones al 'asesoramiento en el programa de propiedad participada' (para colocar acciones de la compañía en Argentina), y 800.000 dólares por la 'evaluación del rebalanceo' (aumento de tarifas).

Los inspectores del Banco Central dudaron en su día de la capacidad del República para realizar labores propias de una consultora y prestar asesoramiento en materia de comunicaciones. Así lo advirtieron en el expediente número 100.234/97, en el que alertaban de presuntos pagos ficticios.