Editorial:

A la espera de Cavallo

Todo comenzó a mediados de los noventa, cuando el juez Garzón abrió diligencias contra la Junta argentina y su turba de asesinos y torturadores del tiempo de la dictadura militar. Su primer gran momento llegó con la detención de Pinochet en el Reino Unido en 1998, un clímax extraordinario lo estamos viviendo ahora con el procesamiento del general chileno en su país y el último éxito de esta saga de la justicia es la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán del Ejército argentino, acusado por Garzón de genocidio, terrorismo y tortura.

Cavallo fue detenido el 24 de agost...

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Todo comenzó a mediados de los noventa, cuando el juez Garzón abrió diligencias contra la Junta argentina y su turba de asesinos y torturadores del tiempo de la dictadura militar. Su primer gran momento llegó con la detención de Pinochet en el Reino Unido en 1998, un clímax extraordinario lo estamos viviendo ahora con el procesamiento del general chileno en su país y el último éxito de esta saga de la justicia es la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán del Ejército argentino, acusado por Garzón de genocidio, terrorismo y tortura.

Cavallo fue detenido el 24 de agosto pasado a petición del juez español en México, país en el que se encontraba tras haber ganado una contrata para la renovación de la documentación del parque nacional de vehículos. La decisión de la justicia y del Estado mexicanos de extraditarlo a España constituye un precedente formidable, cuyos ecos están resonando ya en muchos cuarteles y casas de recreo adyacentes de toda América Latina. Difícilmente se podrá argumentar contra esta iniciativa en términos de choque entre el imperialismo español y la soberanía de los países latinoamericanas. Un país de América Latina tan representativo como México, bajo la presidencia democrática de Vicente Fox y con un ministro de Exteriores como Jorge Castañeda, cuyos sentimientos acerca de los dictadores militares no son dudosos, está dispuesto a entregar a la justicia internacional a un ex militar argentino.

Y si en el caso de Pinochet al final es un juez chileno quien, probablemente, le va a juzgar, con Argentina no cabe decir lo mismo. La Ley de Punto Final y de Obediencia Debida, más la amnistía decretada por el presidente Menem en 1990, abrigan a los criminales de la guerra sucia de cualquier aprensión judicial.

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Es verdad que el caso apenas comienza ahora; los defensores de Cavallo llevarán, a no dudarlo, el asunto hasta el Supremo mexicano, y la pugna durará meses. No importa. Que el procedimiento siga su curso. En España, la justicia le estará esperando.

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