Pinochet sigue en su casa de verano pese a la orden de arresto del juez

El texto de la resolución del juez chileno Juan Guzmán, emitida el viernes y conocida ayer, señala que "de los antecedentes más la propia declaración del inculpado Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, prestada en Londres" hay "presunciones suficientes" que permiten al magistrado someter a proceso al inculpado "en su calidad de autor de los delitos de secuestro y homicidio calificado" de 57 personas, y "en su calidad de autor de los delitos de secuestro" de 18 víctimas, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. La resolución concluye con la siguiente orden: "El procesado quedará sujeto a prisión p...

El texto de la resolución del juez chileno Juan Guzmán, emitida el viernes y conocida ayer, señala que "de los antecedentes más la propia declaración del inculpado Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, prestada en Londres" hay "presunciones suficientes" que permiten al magistrado someter a proceso al inculpado "en su calidad de autor de los delitos de secuestro y homicidio calificado" de 57 personas, y "en su calidad de autor de los delitos de secuestro" de 18 víctimas, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. La resolución concluye con la siguiente orden: "El procesado quedará sujeto a prisión preventiva en su propio domicilio, ubicado en La Dehesa (Santiago), ordenándose su debida custodia, una vez ejecutada esta resolución".El ex dictador permanece en su residencia veraniega de Bucalemu, 150 kilómetros al sur de la capital, por expresa recomendación de sus abogados en una argucia más por evitar la notificación formal del auto de procesamiento y evitar así su arresto domiciliario. A la espera de que mañana la Corte de Apelaciones de Santiago examine el recurso de amparo presentado por la defensa del ex dictador, arrecian las presiones sobre el juez Guzmán y el Gobierno por parte de los militares y de los pinochetistas, según han señalado varios de los abogados de la parte querellante.

Incapaces de demostrar la inocencia del inculpado, los abogados de Pinochet y los partidos que heredaron el pensamiento del ex dictador basan sus argumentos en presuntas irregularidades procesales que tienen como único objetivo apartar a Guzmán del caso. Pero no logran desbaratar el principal argumento jurídico del auto de procesamiento: el general Sergio Arellano Stark, jefe de la comitiva militar conocida como Caravana de la Muerte, actuó un mes después del golpe de 1973 como delegado del entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet. La resolución da cuenta de cómo dicho grupo de militares sacó a un total de 75 opositores encarcelados en el norte de Chile, y procedió a su fusilamiento.

Tanto el general Arellano como los jefes de las unidades militares de las localidades referidas declararon ante el juez Guzmán que actuaron por orden del comandante en jefe, en una misión "para acelerar procesos y ordenar criterios jurídicos respecto de los detenidos". La Corte Suprema fue más allá en agosto pasado en su fallo sobre el desafuero de Pinochet al señalar: "Se concluye que desde un principio dicha misión tenía por objeto finalidades ocultas y diversas de las consignadas en el instrumento que lo ordenó".

Cuando Guzmán envió un exhorto a Londres para que desde su lugar de detención fuera contestado por Pinochet, éste lo devolvió en blanco con una carta de 20 líneas. El juez interpreta que en esa contestación Pinochet se declaraba inocente y sí respondió al interrogatorio, con lo que se cumplía el trámite para procesar al inculpado.