Guzmán: ahora o nunca

Augusto Pinochet es un reo. En términos jurídicos españoles: el ex dictador está acusado de ser coautor de 56 homicidios y 19 desapariciones. Esta dicisión del juez Juan Guzmán cayó en Chile como rayo en cielo sereno. ¿Cielo sereno? Más de medio centenar de oficiales y subalternos han sido procesados en los últimos dos días por los crímenes de la dictadura. Y el "senador vitalicio" Pinochet fue despojado el pasado 8 de agosto de su fuero parlamentario. Aun así, ha sido inesperado.¿Por qué? El juez Guzmán, tras el desafuero de agosto, en lugar de tomar declaración a Pinochet, como cabía esp...

Augusto Pinochet es un reo. En términos jurídicos españoles: el ex dictador está acusado de ser coautor de 56 homicidios y 19 desapariciones. Esta dicisión del juez Juan Guzmán cayó en Chile como rayo en cielo sereno. ¿Cielo sereno? Más de medio centenar de oficiales y subalternos han sido procesados en los últimos dos días por los crímenes de la dictadura. Y el "senador vitalicio" Pinochet fue despojado el pasado 8 de agosto de su fuero parlamentario. Aun así, ha sido inesperado.¿Por qué? El juez Guzmán, tras el desafuero de agosto, en lugar de tomar declaración a Pinochet, como cabía esperar, y decidir si le procesaba, ordenó la práctica de exámenes médicos para conocer su estado de salud mental y neurológica. Y estableció que para llevar a cabo la declaración indagatoria de Pinochet, prevista por el Código de Procedimiento Penal chileno antes del procesamiento, era requisito previo someterle a exámenes. Luego, dada la proximidad de un nuevo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y del día de las Glorias del Ejército, más tarde, Guzmán aplazó esos exámenes por considerar estas fechas un "momento sensible". Comenzó después un tira y afloja sobre la selección de peritos adjuntos a los médicos designados para examinar a Pinochet.

El proceso se dilataba sine die. Y, en medio de él, la derecha política chilena se movía. Consiguió apartar a otro juez de la Corte Suprema, encargado de la extradición de Pinochet solicitada por Argentina en el caso del asesinato del ex comandante jefe del Ejército chileno Carlos Prats. El miércoles pasado, el juez Guzmán escribió una carta de apoyo personal a Clara Szczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por su actuación como abogada en arbitrajes privados de dudosa presentación. El pinochetismo puso en la mira a Guzmán por dicha carta, habida cuenta de que el CDE, equivalente al abogado del Estado, es parte acusadora en el caso de la Caravana de la Muerte que ahora se imputa a Pinochet y participó también en el desafuero del dictador.

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, último magistrado nombrado durante la dictadura, solicitó en las últimas horas un informe a Guzmán sobre la citada carta de apoyo. Álvarez, que hace pocas semanas compartió en Madrid mesa y mantel con magistrados del Tribunal Supremo español, podría estar en condiciones, según fuentes solventes, de utilizar la imprudente carta de Guzmán para apartarle de la investigación sobre las querellas contra Pinochet, invocando un conflicto de intereses.

El juez Guzmán, que ya rumía el procesamiento del dictador, se decidió. Al parecer, barajó dos escenarios: a) esperar a los exámenes médicos para decidir sobre el procesamiento; y b) procesarle antes, sin tomarle declaración.

La primera opción era impracticable. Si los exámenes detectan en Pinochet posibles daños cerebrales, se abrirá la fase de maniobras para declarar al ex dictador "insano" y exculparle. En este caso el procesamiento hubiera sido poco menos que imposible. El juez Guzmán optó entonces por la segunda alternativa al detectar las presiones para su posible separación del caso.

¿A dónde conduce este viaje? El juez Guzmán creía que el desenlace este caso era el procesamiento de Pinochet y su posterior sobreseimiento, utilizando los exámenes médicos como instrumento, o, simplemente, el sobreseimiento por razones médicas, sin procesamiento. De momento, hasta que no se practiquen los exámenes el juez se abstendrá de tomar declaración al dictador, bajo arresto domiciliario. Su propia resolución anterior le ata las manos.