La justicia argentina pide a Chile que detenga y extradite a Pinochet
Una nueva amenaza judicial cayó inesperadamente ayer sobre Augusto Pinochet. El juez bonaerense Juan José Galeano estimó una petición de la familia del asesinado ex comandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, y pedir a la Corte Suprema chilena la extradición y detención preventiva del ex dictador chileno, de cuatro ex altos jefes de la DINA y de dos ex agentes civiles de este organismo represivo de la dictadura; todos por su vinculación con ambos crímenes, cometidos mediante un atentado explosivo bajo el coche en el que iban en octubre de 1974.
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Una nueva amenaza judicial cayó inesperadamente ayer sobre Augusto Pinochet. El juez bonaerense Juan José Galeano estimó una petición de la familia del asesinado ex comandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, y pedir a la Corte Suprema chilena la extradición y detención preventiva del ex dictador chileno, de cuatro ex altos jefes de la DINA y de dos ex agentes civiles de este organismo represivo de la dictadura; todos por su vinculación con ambos crímenes, cometidos mediante un atentado explosivo bajo el coche en el que iban en octubre de 1974.
Ésta es la primera petición de extradición de Augusto Pinochet que ha llegado a la justicia chilena, ya que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se lo solicitó en su momento al Reino Unido. Arribó, además, en un momento singular, cuando el ex dictador se encuentra sin la coraza protectora del fuero parlamentario. La Corte Suprema chilena le quitó el fuero en un fallo de 14 votos contra seis. Con ello abrió la posibilidad de que fuera procesado por 19 secuestros de prisioneros políticos perpetrados en octubre de 1973, por una comitiva militar conocida como la Caravana de la Muerte. Los juristas, sin embargo, discrepan sobre el alcance de ese desafuero: algunos creen que Pinochet ya está desaforado ante cualquier delito del que se le acuse, porque la inmunidad es una sola, pero otros consideran que se debe pedir su desafuero para cada delito.
La petición de extradición argentina incluyó a buena parte de la cúpula de la DINA, entre ellos su jefe, el general retirado Manuel Contreras, que está cumpliendo los últimos meses de su condena a siete años de prisión por la muerte del ex ministro Orlando Letelier. Incorpora al ge-neral retirado Raúl Iturriaga, a los brigadieres Pedro Espinoza y José Zara, también en retiro, y a los ex agentes civiles de la DINA Jorge Iturriaga y Mariana Callejas.
El currículo represivo de varios de ellos es siniestro: Espinoza estuvo condenado a seis años de cárcel por el asesinato de Letelier y es uno de los procesados por los crímenes de la Caravana de la Muerte; Callejas fue esposa del agente norteamericano de la DINA Michael Townley, que confesó haber realizado el atentado contra Prats y su esposa -además del de Letelier-, y en su domicilio fue asesinado el ex diplomático español Carmelo Soria; e Iturriaga fue condenado en ausencia en Italia por el atentado contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton.
Pinochet y estos ex jefes y agentes de la DINA están acusados de haber formado una asociación ilícita para asesinar a Prats, un militar constitucionalista que debió salir a Argentina después del golpe de Estado de septiembre de 1973. El juez dictó la orden en el marco del proceso que se está realizando en Buenos Aires contra el ex agente chileno de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, por los crímenes de Prats y Cuthbert.
Los crímenes que la DINA cometió fuera del país buscaron eliminar a aquellos líderes que podían unir a la oposición o formar un Gobierno en el exilio, y en el caso de Prats, al ex comandante en jefe del Ejército que siempre se opuso a los golpistas, llegando a integrar el Gobierno de Salvador Allende. La solicitud de extradición debe ser tramitada por la Corte Suprema chilena y es el pleno de los jueces de este tribunal el que decidirá si la acoge o no.
A través del ministro del Interior, José Miguel Insulza, el Gobierno chileno se limitó a señalar que serán los tribunales quienes deberán decidir, mientras una de las hijas del asesinado matrimonio, Angélica Prats, confesó estar "impresionada" por la resolución que acogió la petición de su familia.