Los jueces chilenos inician hoy el proceso de desafuero a Pinochet

Con la exposición en privado que hará la relatora Soledad Melo del caso Caravana de la muerte (la comitiva militar que poco después del golpe de Estado de 1973 ejecutó a 75 prisioneros políticos) ante los 21 magistrados que integrarán el pleno de la Corte de Apelaciones, comienza hoy la vista del desafuero del exdictador Augusto Pinochet. Aunque se trata de un antejuicio para despojarle de la coraza que le brinda el fuero de senador vitalicio, la expectativa que se ha creado en Chile es que se trata del comienzo del juicio a Pinochet en el país.

Ayer, en la víspera del desafuero, cuatro...

Con la exposición en privado que hará la relatora Soledad Melo del caso Caravana de la muerte (la comitiva militar que poco después del golpe de Estado de 1973 ejecutó a 75 prisioneros políticos) ante los 21 magistrados que integrarán el pleno de la Corte de Apelaciones, comienza hoy la vista del desafuero del exdictador Augusto Pinochet. Aunque se trata de un antejuicio para despojarle de la coraza que le brinda el fuero de senador vitalicio, la expectativa que se ha creado en Chile es que se trata del comienzo del juicio a Pinochet en el país.

Ayer, en la víspera del desafuero, cuatro abogados presentaron cinco nuevas querellas criminales contra Augusto Pinochet por diferentes casos de ejecutados por motivos políticos durante la dictadura, con lo que se elevó a 93 el total de acciones judiciales que enfrenta el exdictador. En la víspera, además, se hizo público un documento secreto, fechado en 1980 y firmado por los entonces ministros de Defensa y del Interior, que revela que Pinochet era el jefe superior de la policía durante la dictadura, informa Europa Press. El documento, publicado ayer por el diario El Mostrador, ha causado conmoción en Chile, sobre todo porque fue filtrado por militares que ya están siendo procesados y que acusan a sus superiores de haberles "abandonado".El pleno de magistrados deberá pronunciarse hoy sobre la petición de la defensa de Pinochet de que se le practiquen al general nuevos exámenes médicos, para demostrar que por su delicado estado de salud no está en condiciones de ser juzgado, tornando por lo tanto innecesario el desafuero.

La petición es impugnada por los querellantes y el CDE (el Consejo de Defensa del Estado o Fiscalía), quienes sostienen que los exámenes sólo se le pueden practicar a un procesado. De la resolución que adopte la Corte depende el inicio de los alegatos. Con una seguridad policial redoblada, el acceso al Palacio de los tribunales será restringido durante estos tres días, mientras detractores y partidarios de Pinochet esperarán en las afueras gritando consignas, tal como ocurrió en Londres.

Por el tamaño de la sala elegida, sólo 26 personas podrán entrar a oir los alegatos más importantes en la historia judicial del país, que no serán televisados por orden de la Corte Suprema, aunque la Corte de Apelaciones estaba dispuesta.

Las presidentas de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, además de la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, la primera querellante contra Pinochet en Chile, están invitadas. Cada abogado querellante dispondrá de media hora para su presentación y de una hora la defensa, que encabezará Ricardo Rivadeneira, miembro de la comisión política del partido derechista Renovación Nacional.

Aunque el círculo de hierro que maneja la estrategia del exdictador ha actuado con hermetismo, trascendió que uno de los argumentos de la defensa será que se niegan las garantías de un proceso adecuado a Pinochet, invocando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto de Costa Rica y la Constitución, al no admitir su incapacidad de concurrir al juicio.

Los querellantes pedirán el desafuero apoyándose en dos argumentos medulares. Primero, que Pinochet le entregó al jefe de la Caravana, general Sergio Arellano, un documento con su firma, nombrándole oficial delegado de la comitiva que cometió los asesinatos. Segundo, aunque Pinochet supo de los crímenes, no sólo no sometió a proceso a los implicados, como correspondía, sino que además les ascendió.