El Parlamento catalán apoya el reglamento lingüístico de la Universidad de Tarragona

Todos los partidos políticos del Parlamento catalán, con la única excepción del PP, respaldaron ayer una proposición no de ley en favor del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que ha sido suspendido cautelarmente por un juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona a resultas de un recurso presentado por la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC) que lidera el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. El texto de la proposición incide en la existencia de "una campaña estructurada" contra el citado reglamento, al que, asegura, "se ha querido combatir ...

Todos los partidos políticos del Parlamento catalán, con la única excepción del PP, respaldaron ayer una proposición no de ley en favor del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que ha sido suspendido cautelarmente por un juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona a resultas de un recurso presentado por la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC) que lidera el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. El texto de la proposición incide en la existencia de "una campaña estructurada" contra el citado reglamento, al que, asegura, "se ha querido combatir desde acciones judiciales y actuaciones políticas con la voluntad de constreñir los libres acuerdos del máximo órgano representativo de la comunidad universitaria de la URV". El Parlamento catalán "reconoce como concordante" el reglamento con la ley de política lingüística y de "autonomía universitaria", y "reprueba" los "intentos externos de impedir su cumplimiento".

La cámara catalana no se pronunció sobre el procesamiento por prevaricación del rector de la URV, Lluís Arola, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por haber marginado a una profesora que repartió copias de los exámenes de selectividad en castellano. CCC, sin embargo, denunció ayer la campaña de adhesiones al rector asegurando que con estas muestras de apoyo se busca "coaccionar las instancias judiciales y a los medios de información" y "sustraer del control jurisdiccional las actuaciones administrativas". "La amenaza de un poder totalitario, sin límites, porque no admite acotación racional, es hoy real en Tarragona", añade CCC.