Romay admite que la mayor inversión en I+D ha dado 'escasos' beneficios

El ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay, admitió ayer que los beneficios de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) "son escasos, en parte por falta de transferencia entre el entorno investigador y el productivo, y en parte por la falta de adecuación de los proyectos con las necesidades y los sectores estratégicos en innovación". Romay intervino en el curso La evaluación de la investigación biomédica, organizado por la Universidad Complutense. Pese a estos malos resultados, la tasa de crecimiento del gasto español en I+D, según el ministro, "fue superior a la regist...

El ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay, admitió ayer que los beneficios de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) "son escasos, en parte por falta de transferencia entre el entorno investigador y el productivo, y en parte por la falta de adecuación de los proyectos con las necesidades y los sectores estratégicos en innovación". Romay intervino en el curso La evaluación de la investigación biomédica, organizado por la Universidad Complutense. Pese a estos malos resultados, la tasa de crecimiento del gasto español en I+D, según el ministro, "fue superior a la registrada en la UE y en la OCDE". Mientras en 1975 el gasto español en I+D era de un 0,35% del PIB, el de las administraciones y empresas españolas en 1992 llegó al 0,9%. Pero a partir de 1993 el porcentaje se ha mantenido en un 0,92%. En Alemania ha ascendido desde 1975 de un 2,15% a un 2,38%; en Francia, de un 1,8% a un 2,38%; y en Italia, de un 0,85% a un 1,19%. España sigue estando, por tanto, por debajo de los niveles medios de la UE, resumió el ministro. Según datos oficiales, desde 1975 se ha incrementado el personal de I+D de 48.000 a 74.000 personas, y el número de investigadores ha pasado de 26.000 en 1975 a 43.000 en 1993. Según Romay, con el nuevo plan para 2000-2003 de la comisión interministerial de Ciencia y Tecnología, hay un compromiso de alcanzar una inversión del 1,2% del PIB. Se integrarán las actividades de investigación de los ministerios y se incentivará el esfuerzo investigador público y privado.