Varapalo a la fiscalía

El dictamen jurídico Contra la impunidad significa un varapalo a la fiscalía, personificada en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y en el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.El documento considera que las posiciones "completamente infundadas" de uno y otro contra la persecución de los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina "no son inocentes y, por supuesto, mucho menos técnicas", y "no responden únicamente a un convencimiento ideológico personal, sino que suponen un argumento fundamental para destruir los procesos en marcha". Los autores del dictam...

El dictamen jurídico Contra la impunidad significa un varapalo a la fiscalía, personificada en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y en el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.El documento considera que las posiciones "completamente infundadas" de uno y otro contra la persecución de los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina "no son inocentes y, por supuesto, mucho menos técnicas", y "no responden únicamente a un convencimiento ideológico personal, sino que suponen un argumento fundamental para destruir los procesos en marcha". Los autores del dictamen recuerdan que un informe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, pese a negar la competencia española, reconoce que la aplicación del principio de justicia universal "abonaría la idea de que los delitos de terrorismo son perseguibles por la jurisdicción española aunque no atenten contra bienes nacionales".

Ese matiz es considerado clave por los autores del dictamen, ya que, razonan, "en efecto, en la ley española, el terrorismo es delito contra el orden español, pero cuando en la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece la competencia extraterritorial para perseguirlo, junto a otros delitos internacionales, se está superando ese plano interno y se está dando cumplimiento al compromiso internacional en la persecución de estos hechos".

A propósito de la pregunta retórica de Fungairiño sobre si puede un juez de París entender de un delito cometido en Brasil "porque una organización internacional haya entendido a dicho juez competente frente a otros", el dictamen reprocha a este fiscal su "concepción territorial y excluyente de la competencia, ajena al principio de justicia universal".

Frente a ese criterio territorial o nacionalista , el dictamen mantiene que el bien jurídico protegido internacionalmente es "la desviación de los propios órdenes institucionales internos". Y lo explica así: "No puede afirmarse que las normas internacionales sean indiferentes ante cualquier actuación de los regímenes dictatoriales, ni mucho menos ante aquellas que se encuadran en los crímenes contra la humanidad".