El asesinato y el terror dominan la campaña electoral en Colombia

"Ese es un asunto personal", respondió el alcalde de Cartagena del Chairá, una pequeña población de la Amazonia colombiana, a la pregunta ¿a qué partido pertenece? Su respuesta fue el simple reflejo del miedo que en este momento sienten en este país los militantes de la Unión Patriótica (UP), formación política nacida de los acuerdos firmados entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucioriarias de Colombia (FARC) y el Gobierno en 1984. Aunque parece imposible que la situación de esta formación opositora pueda empeorar -suma ya más de 3.000 de sus miembros asesinados-, una de sus dirigent...

"Ese es un asunto personal", respondió el alcalde de Cartagena del Chairá, una pequeña población de la Amazonia colombiana, a la pregunta ¿a qué partido pertenece? Su respuesta fue el simple reflejo del miedo que en este momento sienten en este país los militantes de la Unión Patriótica (UP), formación política nacida de los acuerdos firmados entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucioriarias de Colombia (FARC) y el Gobierno en 1984. Aunque parece imposible que la situación de esta formación opositora pueda empeorar -suma ya más de 3.000 de sus miembros asesinados-, una de sus dirigentes, Jael Quiroga, presagia una pesadilla aún peor: "Nunca, y llevo años en la política, me he sentido tan desesperanzada. Es la situación preelectoral más confusa y complicada que he vivido".El año pasado, la cifra fue de un miembro de la UP asesinado cada dos días. Este año no han hecho o no han querido actualizar la macabra estadística. Sólo está claro que los candidatos en las zonas de control paramilitar están aterrorizados, todos han sido amenazados. Y el temor es general: cualquier colombiano, de cualquier condición, tiene claro que las elecciones que se avecinan -regionales en octubre y presidenciales en marzo del próximo año- van a ser las más violentas de la violenta historia política de este país.

"Vamos a participar en donde nos dejen. Los informes que tenemos son realmente angustíosos", dijo a EL PAÍS Quiroga. Y rápidamente hizo un recorrido por el mapa electoral colombiano. En el norte hay zonas completamente controladas por fuerzas paramilitares. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, la Unión Patriótica no puede tener una sede fija y la Corriente de Renovación Socialista, fracción del Ejército de Liberación Nacional, que pasó a ser partido político tras renunciar a la lucha armada y firmar un acuerdo con el Gobierno, tuvo que renunciar a participar en la contienda electoral, pues sus dos candidatos a corporaciones públicas fueron asesinados. Los concejales que tenían en la provincia de Sucre corrieron igual suerte.

Ejército impasible

"Mi angustia es grande, hace poco regresé del Magdalena Medio [rica región ganadera y agrícola en el centro del país] y en Puerto Wilches, por dar un solo ejemplo, los paramilitares llegaron el pasado 9 de julio. Están allí, a pocos pasos de la policía, y no pasa nada", continúa Quiroga. No es ella la única que habla de esta paradoja. Cualquiera que salga de las grandes ciudades se puede encontrar con que los paramilitares hacen retenes, vienen o van, y todo a pocos pasos de los comandos militares.Pero el temor no es patrimonio de los partidos de la oposición de izquierda. Lo sienten también miembros de los partidos tradicionales, liberal y conservador. En la sureña provincia de Guaviare, por ejemplo, expulsaron a los liberales. La culpable de todo es la polarización a la que se ha llegado por la guerra entre paramilitares y guerrilla y que ha desgarrado el país.

Según un informe de la revista Semana, 622 de los 1.062 municipios colombianos tienen influencia guerrillera. Los paramilitares la tienen en 450. Los dos grupos han anunciado ya, y lo están cumpliendo, que no dejarán ningún espacio para que sus enemigos hagan campaña política. Para los paramilitares, los enemigos son la UP, el partido comunista, los movimientos cívicos y de izquierda a los que señalan como colaboradores de la guerrilla. Para la guerrilla, son todos los políticos tradicionales que consideran corruptos o cercanos a los paramilitares. Ambos grupos armados parecen tener claro que su influencia seguirá siendo incompleta si no se toman las administraciones municipales.

La táctica de la guerrilla -sobre todo en la provincia de Antioquía- ha sido la de secuestrar alcaldes y candidatos. Les exigen que se pronuncien contra los paramilitares y contra las Convivir -cooperativas de seguridad-, organizaciones legales que, según el Gobierno, cumplen una función de apoyo a las fuerzas militares y, según otros -la Iglesia y las organizaciones de derechos humanos-, no son más que la legalización de los grupos paramilitares.

Si yo salgo a hablar públicamente en contra de los paramilitares y de las Convivir, estoy diciendo el color y el tamaño de mi ataúd, porque los otros me van a señalar como auxiliador de la guerrilla", dijo un político antioqueño. Es común que otros digan que cosas como éstas les obligan a pensarlo dos veces antes de aspirar a algún cargo público. Algunos políticos -entre ellos, el alcalde de Ituango- ya fueron ejecutados por la guerrilla. Este año, cinco alcaldes han sido asesinados y 12 han renunciado por amenazas.

Para los dirigentes de asociaciones de alcaldes, concejales y gobernadores, está claro que la contienda electoral se hará con balas y será una campaña urbana, pues nadie correrá el riesgo de hacerlo en zonas rurales. Alvaro Jiménez, de la asociación de concejales, da una larga lista de ejemplos para mostrar que la violencia golpea a todos.

"En el Caquetá, provincia amazónica, la gente que no está en el partido comunista o en el liberal no tiene quién le defienda. Y si llegan a adquirir algún tipo de poder, son asesinados. En la Guajira [en el norte del país], los paramilitares están haciendo o incidiendo en la política; en Antioquía, las Convivir han significado la desaparición de dirigentes sindicales y sociales. En Urabá [zona ganadera en el Caribe], la UP no puede participar en las elecciones", afirma Jiménez.

Las amenazas no han tocado únicamente a los aspirantes a cargos públicos. En el Putumayo, al sur del país, la Registraduría, órgano electoral, envió funcionarios para llevar a cabo el proceso de inscripción. Cinco de ellos tuvieron que regresar porque las amenazas les impidieron cumplir con su trabajo. La situación es tan grave que la directora en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la española Almudena Mazarrasa, expidió un comunicado en el que se "condena enérgicamente la escalada de amenazas y atentados contra los representantes electos y candidatos que se preparan a participar en el próximo proceso electoral".