El Senado condenó en 1983 la guerra sucia... en Argentina

"Son formas de lucha que nunca podrán aprobarse en nombre de la moral, ni de la razón, ni aún de la llamada razón de Estado. Que ni siquiera pueden justificarse para combatir los brotes del terrorismo. Pues aún siendo evidentemente el terrorismo uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, no se le combate correctamente generando, para hacerle frente, un terrorismo de Estado. Porque el Estado se degrada e incapacita radicalmente para combatir el terrorismo cuando renuncia de antemano a lo que le confiere autoridad política y moral para hacerlo: su propia legalidad".Esta condena expresa y ro...

"Son formas de lucha que nunca podrán aprobarse en nombre de la moral, ni de la razón, ni aún de la llamada razón de Estado. Que ni siquiera pueden justificarse para combatir los brotes del terrorismo. Pues aún siendo evidentemente el terrorismo uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, no se le combate correctamente generando, para hacerle frente, un terrorismo de Estado. Porque el Estado se degrada e incapacita radicalmente para combatir el terrorismo cuando renuncia de antemano a lo que le confiere autoridad política y moral para hacerlo: su propia legalidad".Esta condena expresa y rotunda del terrorismo de Estado fue aprobada por el pleno del Senado el 1 de agosto de 1983, dos meses antes de que, con, el secuestro de Lasa y Zabala, hicieran su brutal aparición los GAL, que dejarían casi tres decenas de cadáveres, la mayoría de personas ajenas por completo a ETA, hasta julio de 1987.

La Cámara alta no se pronunciaba entonces, tampoco lo haría luego, sobre la guerra sucia contra ETA, sino sobre la desaparición de españoles en América, víctimas de los regímenes militares que asolaron el continente en la década de los setenta.

El juez Baltasar Garzón, que el pasado 12 de septiembre abrió un proceso a las juntas militares argentinas -a iniciativa de la Unión Progresista de Fiscales, ha pedido al Senado el dictamen de la comisión especial de investigación creada por el Parlamento- español hace ahora 14 años.

La primera cuestión a dilucidar es cuántos españoles desaparecieron durante la dictadura argentina (1976-1983): Garzón habla en su auto de 297 casos; mientras que la comisión del Senado acreditó 35 españoles y 174 hijos, nietos, y cónyuges. No obstante, en un anexo al dictamen parlamentario, se recogen las pistas facilitadas entonces por el Ministerio de Asuntos Exteriores: 35 españoles, 112 hijos y 106 nietos.

La iniciativa de Garzón ha sido recibida, tanto en España, como en Argentina, con general escepticismo, teñido de esperanza en el caso de las víctimas y de incomodidad en el de las autorídades. El secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Fernando Villalonga, declaró el 12 de octubre en Abc que la iniciciativa del juez español se "ha recibido mal y con preocupación" en Argentina, "porque supone un factor de inestabilidad". Por el contrario, Julio César Strassera, el fiscal que acusó a las juntas militares, expresó el sábado en Santiago de Compostela su confianza en que Garzón dicte una orden internacional de captura contra los responsables de la desaparición de miles de personas en su país.

El dictamen deja comisión del Senado, que calificaba de "crímen contra la humanidad" y por tanto imprescriptible, lo sucedido en Argenltina, fue aprobado por una unanimidad de los grupos parlamentarios, con la excepción parcial del Popular, que trató sin éxito suprimir el apartado en el que se criticaba la pasividad e inoperancia del Poder Judicial argentino ante las denuncias.

El informe repudiaba sin paliativos el comunicado difundido, el 29 de abril de aquel año por la Junta Militar, que intentaba justificar el secuestro y asesinato indiscriminados como efecto colateral e involuntario de la guerra contra la subversión. "Entre los casos examinados de españoles o descendientes de españoles desaparecidos", replicó el dictamen del Senado, "no se ha conocido, un solo ejemplo en que la persona detenida lo hubiese sido portando armas, luchando o resistiéndose a la autoridad".

Los militares argentinos no consiguieron entonces su confensado propósito de responder sólo ante Dios y la historia de las atrocidades cometidas, pero lo lograrían, años después, ya bajo gobiernos democráticos, con las leyes de Amnistía, Obediencia Debida y Punto Final.

La comisión del Senado no pudo viajar a Argentina para estudiar allí la situación, porque la embajada de dicho país en Madrid negó el correspondiente permiso. En cambio, recogió durante siete meses múltiples informes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluidas las Madres de la Plaza de Mayo, así como testimonios de familiares de desaparecidos y de supervivientes de los campos clandestinos de concentración.

Quizá el testimonio más soIbrecogedor que escucharon los senadores fue el de Graciela Geuna, a la que preguntaron cómo consiguió salir del campo de La Perla: "Es que necesitaban dejar gente con vida para ellos mismos, es decir, para sentirse no sé si, posiblemente, un poco descargados de culpa y, por otro lado, como manifestación de poder total. A mí una vez uno me dice: "El que tiene poder puede conceder. Total, si ustedes salen y hablan, ¿qué nos importa mientras tengamos el poder?" O sea, para mí era igual, el mismo hecho que nos dejaran en libertad o que nos mataran. Ellos lo que nos querían demostrar y lo decían siempre: 'Dios somos nosotros'. Yo creo que es el poder decirte: 'A vos te dejo vivir porque es que no me interesas' o "A vos te mato porque tampoco me interesas".

El entonces ministro de Exteriores, Fernando Morán, felicitó a los senadores y proclamó que los gobiernos democráticos no pueden ser neutrales cuando se infringen de una manera repetida, constante, que casi se hace norma, los derechos de los ciudadanos y cuando las víctimas de esas infracciones son precisamente ciudadanos españoles".

El pleno del Senado tuvo escaso eco en los periódicos del 2 de agosto de 1983. Las primeras planas de ese día estaban dominadas por la fotografía del funeral por los dos guardias civiles asesinados por ETA en Guetaria (Guipúzcoa), al que asistió el titular de Interior, José Barrionuevo. Una de las viudas se le abrazo gritando: "¡Haga algo, senor ministro! ¡Haga algo!".