Un juez del Supremo duda del resultado de las pesquisas en Argentina

de Mallorca El auto del juez Baltasar Garzón para abrir una investigación sobre la desaparición de 266 ciudadanos españoles durante la dictadura militar argentina "no tendrá ninguna eficacia desde el punto de Vista procesal", según declaró ayer en Palma de Mallorca el magistrado del Tribunal Supremo y ex presidente, de la Asociación de Derechos Humanos José Antonio Martín Pallín, que pronunció una conferencia en el Centro de Cultura Sa Nostra sobre el derecho de asilo. "Es una forma [el auto del juez Garzón] de reabrir un tema que, por desgracia, tanto en Argentina como en Chile y Uruguay, don...

de Mallorca El auto del juez Baltasar Garzón para abrir una investigación sobre la desaparición de 266 ciudadanos españoles durante la dictadura militar argentina "no tendrá ninguna eficacia desde el punto de Vista procesal", según declaró ayer en Palma de Mallorca el magistrado del Tribunal Supremo y ex presidente, de la Asociación de Derechos Humanos José Antonio Martín Pallín, que pronunció una conferencia en el Centro de Cultura Sa Nostra sobre el derecho de asilo. "Es una forma [el auto del juez Garzón] de reabrir un tema que, por desgracia, tanto en Argentina como en Chile y Uruguay, donde mucha gente no olvida ha sido cerrado con una ley de punto final y amnistía", añadió.

El magistrado indicó, no obstante, que la iniciativa de Garzón Puede facilitar que en Argentina "se pongan en marcha unos procedimientos que pueden permitir a los familiares indagar el paradero de los desaparecidos, lo cual proporciona una cierta tranquilidad espiritual, y si esta medida contribuye a que se pueda localizar el paradero de alguno de ellos, será positivo", subrayó.Cosa juzgada

Pero según informaba ayer el diario Clarín, el de mayor tirada de Argentina, la justicia de ese país rechazará la petición del juez. Baltasar Garzón alegando, entre otras razones, el principio de "cosa juzgada". El rechazo también se basará en la aplicación de la ley de punto final y la de obediencia debida, promulgadas en 1986 y 1987, que beneficiaron a cientos de militares y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en delitos de represión política.

Finalmente, las fuentes jurídicas consultadas indicaron que la negativa se fundará también en que el presidente argentino, Carlos Menem, indultó en 1990 a los cinco jefes militares, entre ellos dos ex presidentes condenados en 1985 por crímenes de lesa humanidad.

La apertura de una investigación sobre la desaparición de ciudadanos de origen español fue solicitada por el juez madrileño Baltasar Garzón a raíz de unas actuaciones iniciadas por la coalición Izquierda Unida (IU) y varias asociaciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos de España. La petición está en estudio en la Cámara Federal de Buenos Aires, cuyos miembros no quisieron ayer confirmar ni desmentir a la agencia Efe las informaciones sobre el rechazo a los requerimientos del juez español.

La Cámara Federal de Buenos Aires rechazó en 1994 una petición de la justicia italiana para que se investigara la desaparición de unos 300 ciudadanos de esa nacionalidad también ocurrida durante el régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983.

Las fuentes consultadas por Efe admitieron que un eventual rechazo a la petición española puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de este país.