Así está la cosa

EL INCREMENTO del 0,1% registrado en el índice de precios al consumo (IPC) durante el pasado mes de julio supone un ligero incremento de la correspondiente tasa interanual (3,7% frente al 3,6% del mes pasado), pero puede considerarse un buen registro dado el carácter excepcional de la contención producida en el verano de 1995, difícilmente repetible. La inflación subyacente se sitúa por debajo del índice general, lo cual permite mantener la esperanza de alcanzar en diciembre el objetivo del 3,5%. Lo más significativo es que por primera vez en 10 años (desde octubre de 1986) los precios de los ...

EL INCREMENTO del 0,1% registrado en el índice de precios al consumo (IPC) durante el pasado mes de julio supone un ligero incremento de la correspondiente tasa interanual (3,7% frente al 3,6% del mes pasado), pero puede considerarse un buen registro dado el carácter excepcional de la contención producida en el verano de 1995, difícilmente repetible. La inflación subyacente se sitúa por debajo del índice general, lo cual permite mantener la esperanza de alcanzar en diciembre el objetivo del 3,5%. Lo más significativo es que por primera vez en 10 años (desde octubre de 1986) los precios de los servicios han crecido menos que el IPC general. El diferencial con los tres países menos inflacionistas se mantiene en el entorno del 2,4 registrado en junio.Superado el rebrote del mes de mayo, el IPC ofrece un perfil de moderada bajada, que podría, sin embargo, quebrarse en agosto, mes en el que se medirá el impacto de la subida del impuesto sobre el tabaco y el alcohol. Los expertos calcularon ese impacto en unas tres décimas, pero puede ser algo menos a la vista de la decisión de algunos fabricantes de tabaco de no repercutir la subida en el precio de venta. Otros rasgos del IPC conocido ayer son la superación del encarecimiento del pollo y otros alimentos derivado del asunto de las vacas locas y un encarecimiento, seguramente transitorio, del precio de los productos energéticos. En conjunto, las expectativas son bastante buenas, especialmente por la buena cosecha esperada (vid, cereales, patatas).

Pero ello no resuelve todos los problemas a los que se enfrenta la economía española. A finales de la pasada semana, el Banco de España hacía públicos los datos del segundo trimestre del año. Y aunque el banco emisor piensa que lo peor de la desaceleración económica ya ha pasado, no hay que olvidar que el crecimiento español ha caído del 2,3% al finalizar 1995 hasta el 1,9% en junio pasado. Las expectativas de conseguir un mayor dinamismo, alcanzando una tasa comparable al 3% de 1995 están descartadas: los expertos considerarían un resultado aceptable finalizar el ejercicio con un crecimiento en torno al 2,5%.

Para reactivar el crecimiento, la bajada de los tipos de interés, aparece como un elemento fundamental. La autoridad monetaria ha rebajado sus tipos de intervención del 9% a principios de año hasta el 7,25% actual. Pero el Banco de España piensa que ya no hay mucho margen para nuevos recortes, por lo menos hasta que la evolución del IPC en los próximos meses permita asegurar que la inflación ya no ofrece riesgos. Una posición discutida por los sindicatos, pero comprensible desde las prioridades de estabilidad de la autoridad monetaria.

La caída de las inversiones respecto al año anterior, que podría descender en torno a los tres puntos reales, junto a la debilidad del consumo privado -el empleo ha mejorado, pero los consumidores no acaban de superar unas expectativas de futuro negativas-, podría suponer el riesgo de ralentizar en exceso la economía, especialmente cuando los socios comunitarios no atraviesan un momento especialmente boyante. La situación determina un peor comportamiento de las exportaciones españolas, agravado por la pérdida de competitividad de nuestras ventas al exterior debido al encarecimiento de nuestra divisa. Un menor crecimiento dificultará el eje central de la política económica oficial, tanto del Gobierno anterior como del actual: la reducción del déficit público. El recorte de 200.000 millones de pesetas aprobado por el Gobierno, y que los expertos prefieren definir como una no disponibilidad de créditos presupuestados, aparece como insuficiente para cumplir con los criterios de Maastricht. Y el paquete de medidas fiscales y desreguladoras aprobadas en paralelo tampoco parecen ir en la dirección de ahorros fiscales.

Así que la gran esperanza blanca para reducir el déficit presupuestario es el proceso privatizador; pero sus efectos no sólo dependen de la voluntad del Gobierno, sino de la disponibilidad del mercado de capitales. En este aspecto, el Banco de España ya ha dado una señal de alerta sobre la política de gastos del Gobierno de Aznar, y eso que el déficit de caja va mejor que el objetivo anual del - 18,4%. La baja de la rentabilidad de la deuda pública puede suponer aquí un sustancial ahorro para el erario. El caso es que España continúa sin cumplir los cuatro criterios básicos de convergencia fijados en Maastricht (inflación, tipos de interés, déficit público y deuda).