Cuatro jueces y dos jurisdicciones

Un informe del 4 de enero de 1996 del relator especial de la ONU de la Comisión de Derechos Humanos, Nigel Rodley, tras un viaje a Chile, se hace eco en el punto 9 de su página 5 de "una serie de irregularidades (...) en los procesos que habrían impedido (...) el establecimiento de los hechos y el castigo de los responsables" en el caso Soria. Carmen Canales es la primera juez que se pronunció sobre la muerte de Carmelo Soria. Califica los hechos, en una sentencia de 1979, de "homicidio por terceros no habidos". Es un tímido avance sobre las versiones iniciales de la dictadura, que van ...

Un informe del 4 de enero de 1996 del relator especial de la ONU de la Comisión de Derechos Humanos, Nigel Rodley, tras un viaje a Chile, se hace eco en el punto 9 de su página 5 de "una serie de irregularidades (...) en los procesos que habrían impedido (...) el establecimiento de los hechos y el castigo de los responsables" en el caso Soria. Carmen Canales es la primera juez que se pronunció sobre la muerte de Carmelo Soria. Califica los hechos, en una sentencia de 1979, de "homicidio por terceros no habidos". Es un tímido avance sobre las versiones iniciales de la dictadura, que van del suicidio por desamor al accidente.Es la Comisión Verdad y Reconciliación, formada por el Parlamento, la que en 1991 desentie rra el caso Soria, como el de otros muchos desaparecidos, y lo lleva a los tribunales ordinarios.

La jueza Violeta Guzmán Farren, nombrada por la Corte de Apelaciones, logra establecer en 1992 que Soria fue asesinado el 14 de julio de 1976 por la brigada Mulchén de la DINA (policía política de Pinochet) en casa de un agente de nacionalidad norteamericana, Michael Townley. La jueza Guzmán consigue además identificar a todos sus miembros. Este espectacular avance en la investigación se frenó bruscamente el 16 de noviembre de 1993, cuando la Corte Suprema, sin oír a la jueza natural, entrega el sumario a la justicia militar (pinochetista), que lo solicitó porque, a su juicio, le competen Ios crímenes de los militares en acto de servicio". El paso del caso de la justicia civil a la militar provoca la protesta de España, cuyo embajador Pedro Bermejo es llamado a Madrid.Amnistía fuera de plazo

Diez días después, la Corte Suprema pide de vuelta el expediente a la justicia militar, y el 2 de diciembre nombra juez especial a Marcos Libedinsky. El 9, la justicia militar comunica a los abogados de la familia Soria que con fecha del 3 de diciembre falló el caso y decretó la amnistía. Es decir, cierra y decreta el perdón tras perder su competencia.

El juez Libedinsky declara que el caso lo recibe "cerrado" y sin posibilidades de "abrir investigaciones". Libedinsky falla manteniendo la amnistía militar sobre el caso y da un paso atrás sobre la jueza Guzmán al no precisar quiénes componían la brigada Mulchén. Los nombres fueron confirmados por el norteamericano Townley en un programa emitido por la televisión en agosto de ese año, 1993.

En una entrevista con el diario El Mercurio en enero de 1994, Libedinsky admite: "En el caso Soria no se hizo justicia". Amigos de Soria se preguntan: "¿Y para qué le nombraron a él?".

El juez Libedinsky es recusado. El 24 de junio, el Supremo nombra nuevo juez, Eleodoro Ortiz, quien practicó con gran rapidez las diligencias solicitadas por el propio Supremo. El 29 de diciembre, el juez Ortiz sufre un infarto. El 5 de junio, recuperado de sus dolencias, hace pública su polémica sentencia. El caso Soria queda en manos del Supremo. Aún hay abiertas dos vías: proceso en España o en los tribunales internaciones, el interamericano o en el de La Haya.