Literatura y aritmetica

Los electores recordarán cómo, según el PP, se podía reducir el déficit sin disminuir la inversión ni la protección social. Incluso se podían bajar los impuestos, aunque, eso sí, sólo para unos cuantos. Para ello, bastaba eliminar el despilfarro, suprimir canongías y liberalizar, privatizar, desregular y desfiscalizar para relanzar la economía. Esa literatura electoral, construida en un lenguaje esférico, sin aristas ni concreciones, de vocablos "políticamente correctos" (austeridad, eficacia, diálogo, consenso ... ), tenía que chocar con la implacable aritmética del Presupuesto y de los benef...

Los electores recordarán cómo, según el PP, se podía reducir el déficit sin disminuir la inversión ni la protección social. Incluso se podían bajar los impuestos, aunque, eso sí, sólo para unos cuantos. Para ello, bastaba eliminar el despilfarro, suprimir canongías y liberalizar, privatizar, desregular y desfiscalizar para relanzar la economía. Esa literatura electoral, construida en un lenguaje esférico, sin aristas ni concreciones, de vocablos "políticamente correctos" (austeridad, eficacia, diálogo, consenso ... ), tenía que chocar con la implacable aritmética del Presupuesto y de los beneficios y perjuicios que toda decisión comporta.Hoy, una reforma administrativa, un ajuste presupuestario, algunos problemas con el reloj de Maastricht y tres decretos-leyes, permiten analizar la diferencia entre la literatura de la oposición y la aritmética del Gobierno.

La realidad ha demostrado que la supresión de altos cargos para ahorrar ¡50.000 millones! era una enorme falacia. Se reconoce ahora que los famosos 5.000 altos cargos, como las 50.000 vírgenes de la leyenda, nunca existieron. Fue, según ahora se dice, "un error de interpretación", puesto que esa cifra incluye prácticamente todos los puestos de trabajo de relevancia ocupados por funcionarios con título universitario. Pero, condicionados por sus demagógicas promesas, han suprimido puestos técnicos vitales para el buen funcionamiento de la Administración, con un ahorro directo irrelevante y un elevado coste en términos de pérdida de eficacia.

Si tanto despilfarro de gastos corrientes había y tan notorio era, la reducción del gasto de 200.000 millones era la ocasión para empezar a eliminarlo. Pero no ha sido así. El recorte efectivo reduce la inversión en 120.000 millones, más de lo que habíamos advertido que sería necesario hacer. Y aunque todavía hoy no sabemos qué partidas concretas se ven afectadas, se reconoce ya que una, reducción del 0,25% en los gastos de funcionamiento es un "enorme esfuerzo" y que no se puede hacer más hasta que no se defina "una nueva política de compras" (?).

En realidad, el ajuste presupuestario es menor de lo anunciado, porque la reducción en 75.000 millones de las transferencias a la UE y a las administraciones territoriales no es realmente un "recorte". Estas aportaciones serán las que tengan que ser, en función de las variables que las regulan. Si "sobra" crédito, el menor gasto no sería el resultado de una decisión política de no gastar, y si no, no habría ni reducción del gasto ni, por tanto, ajuste.

Pero mientras la literatura del Gobierno proclama la firme voluntad de reducir el déficit, la aritmética demuestra que el conjunto de las medidas lo aumenta, puesto que el recorte en la inversión queda anulado por los menores ingresos que producirán las medidas fiscales aprobadas por los decretos-leyes de fomento y liberalización de la actividad económica, presentados a la opinión pública y a "los mercados" como instrumentos clave de la reactivación ecónomica y el empleo, universalmente benéficos en sus efectos y de extraordinaria urgencia en su adopción. Pero en realidad, la adecuación de estas medidas al objetivo que se les atribuye es muy dudosa, tienen un coste elevado, van dirigidas a sectores sociales muy específicos, involucionan gravemente el sistema de imposición directa y, en su conjunto, nos alejan de Maastricht.

Algunas de las más importantes medidas de liberalización propuestas, como la creación de un segundo operador de telecomunicaciones en torno a Retevisión o la reducción de plazos en el planteamiento urbano, ya fueron propuestas por el Gobierno socialista, y el PP impidió su aprobación.

Otras pueden producir efectos socialmente negativos, contrarios a los objetivos que se proponen. Tal es el caso de la disminución de las cesiones de suelo a los ayuntamientos en el proceso de urbanización. Es una buena noticia para los propietarios de suelo, pero muy mala para los que esperan poder acceder a una vivienda de protección oficial (VPO), porque éstas se construyen mayoritariamente, sobre estos suelos. Siendo la VPO un motor básico de la construcción, es más que probable que la ventaja que se da a los propietarios de suelo afecte negativamente a la actividad del sector, mientras que nada asegura que se traslade al precio final del suelo. Otro ejemplo es la cacareada liberalización de los precios de los combustibles, que consiste, simplemente, en suprimir el precio máximo de venta del gasóleo. Si los precios son libres con un máximo que los limita, ¿qué ventaja puede esperar el consumidor de la supresión de ese límite? Lo que puede ocurrir es que en parte del territorio rural, donde la oferta y, por tanto, la competencia es escasa, los precios tiendan a superar el valor que hoy los limita. En otros casos, como el de los colegios profesionales, se trata de un ejercicio lampedusiano, o se adoptan, en telecomunicaciones, decisiones urgentes que se van a aplicar en el 98 o que constituyen una verdadera revancha política, como la amnistía fiscal a los ayuntamientos del PP que, en claro fraude de ley convocaron concursos de cable sin competencia legal ni constitucional para ello.

Dentro de las medidas fiscales, la modificación de la tributación de las plusvalías en el IRPF produce la más grave preocupación.Se trata de una voladura incontrolada del impuesto sobre la renta. A partir de ahora, ya no habrá un impuesto sobre "la" renta, sino impuestos distintos para distintas clases de rentas. Una de las cuales, las ganancias de capital, se gravarán a un tipo proporcional y moderado, el 20%, cualquiera que sea su cuantía y la de las otras rentas del contribuyente.

Se trata de una modificación trascendental de la estructura del impuesto, cuya aprobación por decreto-ley es totalmente injustificada, de efectos más regresivos y más se lectivos de lo que hubiera sido la rebaja de los tipos marginales, que beneficia extraordinariamente a una minoría de contribuyentes, tanto más cuanto mayor sea su renta, y perjudica a la gran mayoría, tanto más cuanto menor sea ésta. Es la medida hará inevitable un tratamiento igualmente privilegiado de otras rentas de capital, intereses y dividendos, porque la distorsión que va a producir en los mercados de capitales será insostenible. Aunque quizá eso sea, a fin de cuentas, lo que se busca.

Y lo que es más grave, este tipo de medidas fiscales no son adecuadas al objetivo de incremento del empleo, a través de un aumento del ahorro y de la inversión, que dicen perseguir. A corto plazo, el problema de la economía española es la atonía del consumo, más que la insuficiencia del ahorro, y a largo plazo, la evidencia empírica demuestra que las medidas fiscales desplazan el ahorro entre las distintas clases de inversión, pero no aumentan el volumen global del ahorro. Lo que es seguro es que harán más regresiva la: distribución de la renta a costa de agravar los problemas, presupuestarios.