Granados pide cerrar el caso de españoles desaparecidos en Argentina

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha dado instrucciones al fiscal de la Audiencia Nacional, José Aranda, para que pida el archivo de la causa abierta sobre la desaparición de más de 260 españoles desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar,, según informaron fuentes jurídicas.La Unión Progresista de Fiscales presentó la pasada semana una denuncia en la Audiencia Nacional para que se investigase la desaparición en Argentina de una treintena de españoles durante los años 1973 a 1983, listado que se ha ido ampliando hasta superar los 260 desaparecidos. La UPF argumentó en...

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha dado instrucciones al fiscal de la Audiencia Nacional, José Aranda, para que pida el archivo de la causa abierta sobre la desaparición de más de 260 españoles desaparecidos en Argentina durante la dictadura militar,, según informaron fuentes jurídicas.La Unión Progresista de Fiscales presentó la pasada semana una denuncia en la Audiencia Nacional para que se investigase la desaparición en Argentina de una treintena de españoles durante los años 1973 a 1983, listado que se ha ido ampliando hasta superar los 260 desaparecidos. La UPF argumentó en la denuncia que la desaparición masiva de personas constituye un delito contra la humanidad y que por ello es perseguible en todos los países y el delito no prescribe.

La denuncia correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, quien la ha admitido y trasladado al fiscal para que informe sobre si el juzgado es competente para investigar los hechos y en el caso de que considere que es, competente, para que proponga diligéncias a practicar.

El fiscal del Estado ha estima do que los hechos deben ser investigados por los jueces argentinos. Las autoridades judiciales españolas no son competentes para investigar delitos cometidos en Argentina cuando los autores no son españoles. Gránados estima en las instrucciones que ha dado a sus subordinados que las desapariciones no constituyen delito, de genocidio y que en el periodo en que se produjeron estaba vigente la anterior ley del Poder Judicial, que no permitía ese tipo de investigaciones. La nueva ley no puede aplicarse retroactivamente, según él, por tratarse de una ley procesal.