Un mal superable
Una vez que la recuperación económica se ha consolidado, el objetivo inmediato de la economía española es que la actual fase expansiva se prolongue el máximo tiempo posible. El proyecto de presupuestos para, 1996 era el mejor instrumento para conseguir este objetivo, porque en él se contemplaba una sustancial reducción del déficit público que haría posible una significativa rebaja de los tipos dé interés, facilitando con ello una mejora en el nivel de confianza de los consumidores y la acentuación de las actualmente favorables expectativas de inversión y de creación de empleo. Este presupuesto...
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Una vez que la recuperación económica se ha consolidado, el objetivo inmediato de la economía española es que la actual fase expansiva se prolongue el máximo tiempo posible. El proyecto de presupuestos para, 1996 era el mejor instrumento para conseguir este objetivo, porque en él se contemplaba una sustancial reducción del déficit público que haría posible una significativa rebaja de los tipos dé interés, facilitando con ello una mejora en el nivel de confianza de los consumidores y la acentuación de las actualmente favorables expectativas de inversión y de creación de empleo. Este presupuesto tenía en el Programa de Convergencia su punto de referencia fundamental y todos podemos estar de acuerdo en que la aplicación de dicho programa permitió la recuperación económica en 1994, la consolidación de dicha recuperación en 1995 y actualmente constituye la mejor garantía para continuar con un crecimiento estable y sostenido.En el debate parlamentario que precedió a la devolución del proyecto de presupuestos para 1996 no se presentó ninguna alternativa suficientemente madura y viable como para poder sustituir con garantías al Programa de Convergencia. De hecho, tan sólo se expresaron algunas diferencias de matiz con el proyecto presentado por el Gobierno pero, por lo general, no existieron posturas irreconciliables con el contenido global del mismo. Por tanto, el rechazo del presupuesto no obedeció a razones económicas, sino más bien a legítimos intereses electorales y partidistas que, en cualquier caso, obligan a respetar la Constitución, que: prevé en estos supuestos la prórroga automática del presupuesto del ejercicio anterior, lo que significa que el 1 de enero del próximo año volverá a estar en vigor el presupuesto inicial del presente ejercicio, aunque esto será una situación transitoria que se prolongará hasta que el próximo Gobierno que resulte elegido pueda elaborar un nuevo presupuesto.
Es evidente que existen dificultades para alcanzar con la prórroga los mismos objetivos que con un presupuesto que se elaboró sobre la base de la racionalización del gasto y de la cuidadosa revisión de todas sus partidas, para así poder compaginar la reducción del déficit con la efectiva cobertura de los gastos sociales, el mantenimiento de la presión fiscal y actuaciones selectivas de apoyo a la inversión y el empleo. En cualquier caso, la garantía del cumplimiento de los obietivos fijados en el Programa de Convergencia y la fortaleza de la actual fase expansiva permiten confirmar que la economía española en 1995 finalizará con un crecimiento del PIB del 3,1% y una creación de empleo en torno a 280.000 personas, al tiempo que continuará la corrección del de sequilibrio de la balanza de pagos, de la inflación y del déficit.
Sin embargo, la prórroga, en sentido estricto, no garantiza por sí sola la continuación de esta tendencia durante . 1996, porque para ello es necesario respetar el objetivo de déficit previsto en el Programa de Convergencia. Además, con la prórroga automática se produciría un perjuicio en los intereses de pensionistas y empleados públicos, al no ver actualizadas sus retribuciones. Para superar estas dificultades, el Gobierno utilizará todos los instrumentos que legalmente tiene a su disposición, introduciendo en la prórroga presupuestaria las adaptaciones que sean necesarias para no perturbar el actual crecimiento económico y para evitar los perjuicios a los sectores antes mencionados.
El Consejo de Ministros ha adoptado ya un Acuerdo cuyo objeto es hacer posible determinadas adaptaciones del presupuesto inicial de 1995 que, entre otras medidas, deberán incluir la actualización de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos de acuerdo con la inflación prevista para 1996 del 3,5%, la deflactación de la tarifa del IRPF para evitar incrementos nominales de la carga impositiva y la actualización de los impuestos especiales y de las tasas para mantener el nivel de recaudación real obtenido por dichas figuras tributarias.
Por otra parte, en el mencionado Acuerdo existe el firme compromiso del Gobierno que asegurar el objetivo de déficit para 1996. Al objeto de atender a determinados gastos ineludibles, como por ejemplo los intereses de la deuda pública, que tendrán en 1996 un gasto superior al registrado en 1995 y al mismo tiempo cumplir el objetivo de déficit, el Acuerdo establece que el gasto de cada ministerio no podrá exceder del fijado en el proyecto de presupuestos para 1996, por lo que se hace necesario un ajuste como mínimo de 800.000 millones de pesetas. Además, en base a dicho ajuste, los ministerios efectuarán una periodificación mensual del gasto máximo que les hubiera correspondido, con lo que se desmienten categóricamente las infundadas críticas de algunos, grupos de la oposición afirmando que el Gobierno aceleraría y concentraría el gasto con fines electoralistas durante el primer trimestre del año.
En definitiva, el Gobierno ha asegurado que se cumplirá el objetivo de déficit que figura en el Programa de Convergencia, lo que, junto a la favorable evolución de la economía española, garantiza la continuidad de la fase expansiva para el próximo año, donde se prevé un crecimiento del PIB en el, 3,4%, un incremento anual del empleo entre 340.000 y 360.000 personas y el avance en la corrección de los desequilibrios básicos. Sin embargo, la realidad de la prórroga obliga ahora al Gobierno a seguir estudiando las posibles fórmulas que permitan el máximo acercamiento a la adecuada distribución de los recursos entre las distintas políticas. de gasto que se contenía en el proyecto de presupuestos para 1996.
Enrique Martínez Robles es secretario de Estado de Hacienda.