El Supremo chileno deja el caso 'Soria' a la justicia militar

El Tribunal Supremo de Santiago denegó ayer, por siete votos contra seis, la petición del Ministerio de Exteriores de Chile para que esta instancia jurídica designase a uno de sus magistrado para investigar el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria. Esta petición había sido formulada después de una solicitud en el mismo sentido por parte del Gobierno español.Con esta resolución, el caso del español funcionario de las Naciones Unidas torturado hasta la muerte en 1976 por la DINA (la policía secreta del régimen militar) seguirá muy probablemente en manos de la justicia militar, lo que pue...

El Tribunal Supremo de Santiago denegó ayer, por siete votos contra seis, la petición del Ministerio de Exteriores de Chile para que esta instancia jurídica designase a uno de sus magistrado para investigar el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria. Esta petición había sido formulada después de una solicitud en el mismo sentido por parte del Gobierno español.Con esta resolución, el caso del español funcionario de las Naciones Unidas torturado hasta la muerte en 1976 por la DINA (la policía secreta del régimen militar) seguirá muy probablemente en manos de la justicia militar, lo que puede significar su entierro definitivo.

En Madrid, un portavoz del Ministerio de Exteriores calificó anoche de "muy mala noticia" y "gran decepción" este anuncio. Precisó que la Embajada de España en Chile estaba estudiando el fallo con el abogado de la familia Soria, y proyectaba pedir a la cancillería chilena que interponga recurso de apelación a la par que ha llamado a consultas al embajador chileno en Madrid. La apelación tiene que ser presentada ante la sala del Tribunal Supremo que decidió hace una semana el envío del caso a la justicia militar.

En el fallo de ayer se considera que los antecedentes proporcionados por el Gobierno de Chile "resultan claramente insuficientes para estimar que los delitos investigados puedan afectar a las relaciones internacionales con el Estado español", el argumento que sustentaba la petición de Madrid.