Cuatrimestre divergente

UNA VEZ aprobado el programa de convergencia por el Congreso y el Senado, y supuesta su aceptación por el Consejo de Ministros de Finanzas de la CE el próximo 9 de junio, cualquier consideración sobre la evolución de la economía española, cualquier interpretación de sus indicadores más relevantes, deberá realizarse en esa perspectiva de convergencia que se traza en el programa. Las líneas generales propuestas en el citado texto, en especial las que se refieren a las reformas estructurales, responden a una serie de exigencias largamente detectadas -que atañen al sector financiero, de seguros y...

UNA VEZ aprobado el programa de convergencia por el Congreso y el Senado, y supuesta su aceptación por el Consejo de Ministros de Finanzas de la CE el próximo 9 de junio, cualquier consideración sobre la evolución de la economía española, cualquier interpretación de sus indicadores más relevantes, deberá realizarse en esa perspectiva de convergencia que se traza en el programa. Las líneas generales propuestas en el citado texto, en especial las que se refieren a las reformas estructurales, responden a una serie de exigencias largamente detectadas -que atañen al sector financiero, de seguros y transportes, entre otros- y buscan una adecuación realista a las recomendaciones que los organismos económicos internacionales extienden a la generalidad de los países. No ocurre así, en cambio, con las previsiones macroeconómicas, tal y como ha demostrado la evolución de los principales indicadores en el primer cuatrimestre de 1992, y, en especial, los correspondientes a la variación de los precios y al comportamiento de las finanzas públicas. En este ámbito el voluntarismo parece primar sobre los resultados.

De la variación del índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al mes de abril (-0,1%) no puede deducirse un cambio de tendencia en la evolución de la inflación; por el contrario, el análisis de las variaciones experimentadas por sus componentes revela la persistencia de tensiones similares a las de los meses anteriores. Los datos relativos al mes de abril han maquillado ligeramente la tasa interanual, reduciéndola ligeramente de un 6,9% a un 6,5%, pero la inflación subyacente (excluidos los precios de los alimentos sin elaborar y de la energía) sigue anclada tercamente en el 6,8% anual.

La fuerte incidencia en abril de un componente tan volátil como los alimentos frescos, principales responsables del descenso del índice, justifica la cautela con que hay que valorar la significación de esa inflexión en nuestros precios. Dentro del sector de la alimentación han sido específicamente las frutas frescas y la ya tópica carne de pollo las que han hecho bajar los precios, pero, dado su carácter errático, no se puede descartar una inversión del signo en los próximos meses. Por su parte, el comportamiento de los precios de los servicios, a pesar de su contención relativa en abril, sigue poniendo de manifiesto la facilidad para trasladar a los precios finales ineficiencias propias de la ausencia de competencia exterior.

Las evidentes dificultades para conducir, mediante políticas macroeconómicas, ese núcleo duro de la inflación a tasas más próximas a las de los bienes industriales sugieren que el Gobierno adopte una determinación equivalente a la mostrada en la flexibilización del mercado de trabajo para tratar de modificar esas prácticas sectoriales inflacionistas. La divergencia entre los componentes de los servicios y los restantes del IPC, habitual en otros países aunque no en la magnitud que lo es en España, no justificaría la demora en la aplicación de algunas de las medidas anunciadas en el citado programa.

El mayor y más preocupante distanciamiento de los objetivos de convergencia lo aporta la evolución del déficit público, que supera en más de un 50% al del primer cuatrimestre del año anterior. A las importantes desviaciones en algunos capítulos del gasto se añade una evolución notablemente adversa de la recaudación por impuestos directos, determinada, tanto por las modificaciones introducidas en las retenciones del IRPF y en el tratamiento fiscal de algunos activos financieros como por la relativa parquedad de los resultados empresariales.

Ese carácter divergente con el que nacieron los Presupuestos Generales del Estado para 1992 se verá probablemente agudizado en su ejecución a lo largo del año. En definitiva, el balance que aporta la evolución de estos dos desequilibrios -los precios y las finanzas públicas- en este primer cuatrimestre de 1992, sin ser extrapolable al conjunto del año, no alienta la conflanza en la consecución de la convergencia prevista por el Gobierno.

Los indicios de recuperación de la economía que empiezan a enviar algunas de las principales naciones industrializadas no son sino posibilidades que pueden contribuir, en el mejor de los casos, a que nuestra economía acelere algo su velocidad de crucero. Pero ello no conlleva que se avance significativamente en el control de los dos desequilibrios, esencial en el seguimiento de la necesaria convergencia de la economía española.