La sanidad pública necesita 700.000 millones de pesetas para cerrar el ejercicio sin deudas
Ajustar los presupuestos de la asistencia sanitaria a los gastos reales requerirá un desembolso extraordinario por parte del Gobierno de 700.000 millones de pesetas, según estimaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta estimación se ha realizado tras los datos aportados por los expertos que han elaborado el informe Escenarios de los gastos de sanidad para la comisión Abril, encargada de diseñar una reforma del sistema sanitario. Tanto la Administración como los especialistas coinciden en que para llevar a cabo esa reforma es imprescindible contar con presupuestos reales.
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Ajustar los presupuestos de la asistencia sanitaria a los gastos reales requerirá un desembolso extraordinario por parte del Gobierno de 700.000 millones de pesetas, según estimaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta estimación se ha realizado tras los datos aportados por los expertos que han elaborado el informe Escenarios de los gastos de sanidad para la comisión Abril, encargada de diseñar una reforma del sistema sanitario. Tanto la Administración como los especialistas coinciden en que para llevar a cabo esa reforma es imprescindible contar con presupuestos reales.
Desde hace años los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida para sanidad que se sabe insuficiente y a la que hay que unir, además, el déficit del ejercicio anterior. Así, esos 700.000 millones se tendrían que destinar a pagar la deuda acumulada en los presupuestos de 1990 por las compras de material médico y técnico pendientes de abonar -125.000 de pesetas entre el Insalud y las comunidades autónomas que tienen trasferida la sanidad- más las cantidades que se dejen a deber por el mismo concepto este año. A esto hay que unir la parte proporcional que el Insalud debe trasferir a las autonomías por las desviaciones habidas en el presupuesto, puesto que el actual sistema de financiación prevé la trasferencia del presupuesto del Insalud que corresponda a cada comunidad autónoma y, posteriormente, la parte proporcional de sus desviaciones, aunque estas no coincidan con las habidas en las autonomías.Es decir, puede ocurrir que una determinada comunidad autónoma gestione mejor que el Insalud y tenga una desviación menor en el presupuesto, pero recibe una cantidad proporcional al agujero registrado en ese organismo. En el capítulo de las deudas hay que añadir, también, las cuotas que los respectivos entes gestores de la sanidad pública deben a la Seguridad Social por sus trabajadores, según Jesús Gutiérrez Morlote, director general del Insalud. En conjunto, el ejercicio de 1990, a punto de cerrarse, registra una desviación del 11,6% sobre el presupuesto inicial aprobado, de dos billones de pesetas, según datos del Insalud.Sangría imparable
Este organismo, que gestiona el 43% de la sanidad, es responsable del 38% de esos 125.000 millones que se deben de 1990 a los proveedores. La demora en el pago de esas cantidades alcanza una media de 12 meses, aunque en algunos casos, como el del Servicio Andaluz de Salud (SAS), supera los 500 días.
La situación actual de creciente endeudamiento no puede mantenerse, según los expertos consultados, indefinidamente, pues en un presupuesto que en 1991 alcanza 2,108 billones de pesetas, al ritmo en que crece el déficit, puede convertirse en una sangría imparable. El consejero de Sanidad de Cataluña, Xavier Trías, ha planteado en diversas ocasiones la necesidad de alcanzar un gran pacto político que tenga dos premisas: el compromiso de que el Estado efectuará una aportación extraordinaria equivalente al déficit acumulado y la firma de un acuerdo nacional básico sobre los objetivos a cumplir por el sistema sanitario, con el fin de consolidar un presupuesto sin déficit.
En parecidos términos se han expresado otros consejeros de Sanidad y la cuestión ha sido planteada ante el Consejo Interterritorial como de suma gravedad.
A instancias de este consejo, se ha constituido una comisión especialmente encargada de formular propuestas sobre esta cuestión, integrada por miembros de los Ministerios de Sanidad, Economía y Hacienda, y Administraciones Públicas, así como de las distintas comunidades autónomas.
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