El fraude en el IVA alcanza el 30%

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga reveló ayer que el fraude en el impuesto sobre el valor añadido alcanza el 30%; es decir, de cada 100 pesetas que se deberían pagar por este impuesto, 30 se dejan de ingresar en Hacienda. Estos datos responden a un estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales que se hará público próximamente.Solchaga anunció que el Gobierno está estudiando medidas para atajar este problema que explica una parte de la caída este año en más de 200.000 millones de pesetas de la recaudación por este impuesto. Otra parte del descenso se explica por el e...

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga reveló ayer que el fraude en el impuesto sobre el valor añadido alcanza el 30%; es decir, de cada 100 pesetas que se deberían pagar por este impuesto, 30 se dejan de ingresar en Hacienda. Estos datos responden a un estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales que se hará público próximamente.Solchaga anunció que el Gobierno está estudiando medidas para atajar este problema que explica una parte de la caída este año en más de 200.000 millones de pesetas de la recaudación por este impuesto. Otra parte del descenso se explica por el enfriamiento de la actividad económica, por la estructura del impuesto y por el descenso de las importaciones. Sin embargo, "por ahora el Gobierno ha decidido no subir el IVA, aunque no lo descarto en algún momento", señaló el ministro.

Una de las medidas para perseguir el fraude fiscal está ya prevista en el proyecto de ley de Presupuestos para 1991 y es la creación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que dependerá del Ministerio de Hacienda. Su objetivo es agilizar y dar mayor autonomía a la gestión tributaria y se financiará en función de la recaudación por actas de inspección. La Agencia sigue el modelo implantado en otros países y se debe a que "el sistema actual de gestión tributaria empieza a dar rendimientos decrecientes".

Subvenciones

El proyecto de ley contempla además la regulación del control y disfrute de las subvenciones oficiales, medida que pretende también perseguir el fraude en la utilización de fondos públicos, incluidos los que provienen de la Comunidad Europea. Las multas previstas alcanzan al triple de la cantidad obtenida como subvención en el caso de no reunir los requisitos necesarios o no utilizar las ayudas para los fines previstos.

Se mantiene, además, la limitación al crecimiento del gasto público a la cifra presupuestada, con excepción de los créditos extraordinarios, medida que se aplicó este año por primera vez. La única excepción son los gastos de defensa "por si ocurre algún acontecimiento no deseado", aclaró el ministro refiriéndose al peligro de guerra en el Golfo.