El Parlamento democrático chileno inicia sus sesiones

El Parlamento chileno comenzó ayer sus sesiones en el edificio a medio construir del Congreso en Valparaíso, a 119 kilómetros de la capital, restaurando la normalidad legislativa, que durante los 16 años de régimen militar estuvo en manos de los cuatro jefes de las fuerzas armadas que integraban la Junta de Gobierno. La abolición de la pena de muerte y la modificación de leyes represivas de la dictadura fueron las primeras iniciativas legales enviadas al Parlamento por el Gobierno del presidente Patricio Aylwin.

Ciento veinte diputados, 38 senadores electos y nueve designados fueron rec...

El Parlamento chileno comenzó ayer sus sesiones en el edificio a medio construir del Congreso en Valparaíso, a 119 kilómetros de la capital, restaurando la normalidad legislativa, que durante los 16 años de régimen militar estuvo en manos de los cuatro jefes de las fuerzas armadas que integraban la Junta de Gobierno. La abolición de la pena de muerte y la modificación de leyes represivas de la dictadura fueron las primeras iniciativas legales enviadas al Parlamento por el Gobierno del presidente Patricio Aylwin.

Ciento veinte diputados, 38 senadores electos y nueve designados fueron recibidos con flores y bombones donados por el comercio de Valparaíso. Los presidentes del Senado, el democristiano Gabriel Valdés, y de la Cámara de Diputados, el socialista José Antonio Viera Gallo abrió las sesiones" en nombre de Dios".En los próximos días el Gobierno enviará proyectos de ley que derogan las normas restrictivas al funcionamiento de la Prensa, una propuesta para realizar elecciones directas de alcaldes en 1991, la cual requiere una reforma de la Constitución, y una reforma tributaria, que aumenta los impuestos a las empresas y personas de altos ingresos.

El primer tema candente en el Parlamento será la reforma de las leyes antiterroristas, de seguridad del Estado y de control de armas. Si las modificaciones propuestas por el Gobierno son aprobadas en el Congreso, la mayoría de los cerca de 400 presos políticos podrían disfrutar de libertad bajo fianza y sus penas disminuirían.

Los indultos concedidos han favorecido a 46 presos políticos sentenciados, que no estaban involucrados en delitos de violencia. Algunos indultados se han negado a salir de las cárceles mientras sus compañeros no obtengan la libertad.