Respuesta a la opinión de siete rectores

Ateniéndonos a la afirmación de los rectores de las universidades de Valencia, Santiago de Compostela, Baleares, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña y País Vasco de que los ciudadanos pueden discrepar pública y respetuosamente de las sentencias, aunque deban ser lealmente acatadas, nosotros no discrepamos de la sentencia pero sí de su muy respetable opinión sobre el fallo del Tribunal Supremo que establece el derecho de los estudiantes a la enseñanza en castellano. Por lo que nos creemos en el deber de usar nuestro derecho de réplica, ya que los hijos de nuestros asociado...

Ateniéndonos a la afirmación de los rectores de las universidades de Valencia, Santiago de Compostela, Baleares, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña y País Vasco de que los ciudadanos pueden discrepar pública y respetuosamente de las sentencias, aunque deban ser lealmente acatadas, nosotros no discrepamos de la sentencia pero sí de su muy respetable opinión sobre el fallo del Tribunal Supremo que establece el derecho de los estudiantes a la enseñanza en castellano. Por lo que nos creemos en el deber de usar nuestro derecho de réplica, ya que los hijos de nuestros asociados se han visto forzados a estudiar en alguna de las lenguas regionales, con el sacrificio de su lengua propia, que además es la oficial del Estado español.Es evidente que existe un choque de derechos lingüísticos entre el profesor que, en uso de los mismos, explica en su lengua propia y el alumno de idioma diferente, que tiene derecho a ser enseñado en su lengua materna. Por ello, la cuestión jurídica debía ser la de cuál de los dos derechos debe prevalecer. Ustedes dan preferencia absoluta al derecho del profesor, partiendo de la base de que el alumno está obligado al conocimiento del idioma regional, lo mismo que si viviera en un país extranjero. Para ello, y dado que tal obligación no figura en ningún Estatuto ni en la Constitución, ustedes argumentan a partir de tres supuestos:

1. El de la mayoría de estudiantes de la propia región que desean estudiar en su lengua. Pero saben muy bien que esa mayoría es harto relativa en algunos centros y que en otros existe una mayoría de castellanohablantes.

2. El que, a los pocos años de residencia todos tienen al menos un conocimiento pasivo de esa lengua. Pero también saben que para el aprendizaje de algunas materias es imprescindible el dominio absoluto de esa lengua.

3. El de las atenciones y tutorías de aquellos profesores hacia los estudiantes de otras lenguas para la comprensión de sus explicaciones. Cuando, aun reconociendo que algunos las tengan, son varias las veces que a nuestros hijos les han dicho que se espabilasen si no les entendían.

Ustedes rectores, airados, se quejan de que un profesor no pueda impartir sus clases en catalán, euskera o gallego, si la totalidad de sus alumnos no está conforme con ello, como si se tratase de una lengua extranjera y no de una lengua propia que es oficial. Pero se olvidan de los derechos del profesor que vive sometido a presiones por impartir sus clases en castellano, que también es lengua propia y oficial. Claro que es diferente el trato del problema en cada autonomía, y se quejan del fallo del Tribunal Supremo en relación con el recurso presentado por la universidad de Valencia sobre el uso del valenciano en la enseñanza, ya que en esa universidad tal vez los partidos políticos se hicieron eco de las protestas de unos y otros.

Pero no en todas las universidades sucede lo mismo, pues las de Cataluña, pese a la reconocida existencia de una mitad de ciudadanos castellanohablantes (cerca de los tres millones), declararon el catalán como único idioma oficial de la universidad, y así figura explícitamente en los estatutos de la universidad de Barcelona, sin que sepamos que el Estado se haya dado por enterado, aun después de la cantidad de recursos judiciales interpuestos y ganados sobre el derecho a recibir la enseñanza en el idioma propio. Y es que aquí parece que los políticos pactaron no tratar el problema, como si no existiera.

Porque el conflicto existe, pese a tan vergonzantes silencios, y no deja de ser sintomático el que la única solución que proponen sea la que en teoría existe en Cataluña. Y subrayamos en teoría porque ésta habla de la "cooficialidad sin restricciones, hasta conseguir la normalización, para que cada cual pueda expresarse en la lengua oficial de su elección". Pero la práctica nos dice que esta doctrina, que los hábiles políticos catalanes vendieron a los gobernantes de Madrid en 1979, es de resultados maravillosos para la implantación del catalán como idioma único, a costa de la progresiva desaparición del castellano en la docencia y en la calle.

Desdoblamiento

Por eso no se declaran ustedes partidarios del desdoblamiento sistemático de la senseñanza en dos grupos, uno para quienes se expresen en la lengua de la región y otro para quienes prefieran el castellano; pues para esta solución ponen el pretexto de la falta de medios y recursos;- aparte de que -según su opinión- "ello supondría un criterio discriminatorio de las lenguas autonómicas y, en consecuencia, las carencias se traducirían en la consagración del uso docente del castellano ( ... ), y para tal viaje no hacían falta alforjas".Es evidente, señores rectores, que su razonamiento es de una transparencia meridiana, ya que nada puede ser tan eficiente para el fomento de las diversas ambientaciones nacionalistas, sobre todo cuando el Gobierno central les transfiere hasta la propia inspección técnica estatal. Porque ustedes no han olvidado que nuestro Giner de los Ríos y Lenin dijeron aquello de "dadme la escuela y el maestro y os dejo todo lo demás", mientras que aquellos políticos de Madrid, tal vez algo desmemoriados, debieron de suponer, y puede que lo sigan creyendo, que todo se arregla con una eficiente política o manipulando o jugando al chalaneo con otras competencias.

Nosotros, que vivimos, la política lingüística seguida en Cataluña y conocemos desde discriminaciones hasta coacciones y sentencias incumplidas, sólo lamentamos que este fallo del Tribunal Supremo no sea aplicable a Cataluña, aunque no fuera más que como barrera ante determinados abusos. Porque nosotros somos los primeros en propugnar y defender el bilingüismo incondicionado que proclaman la Constitución y los estatutos, y por eso reconocemos, hablamos y recomendamos a nuestros asociados el aprendizaje del idioma regional, estando al lado de las autoridades autonómicas en cuantas actividades de índole cultural y de convivencia se organizan u organizamos en nuestros centros; pues el catalán es en nuestra vida una segunda lengua, como para otros lo debe ser el castellano, sin menosprecio para ninguna de las dos.

Con la Constitución y los estatutos en la mano, no queremos ni podemos renunciar a nuestra lengua primera ni a los derechos que se nos otorgan sobre la enseñanza en la misma. Para ello creemos que la mejor solución puede ser la de Azaña y la República, que aquí se aceptó como buena en 1932, y es la que funciona en otros países; es decir, la coexistencia de centros donde la enseñanza se imparta en catalán con centros en los que la enseñanza se imparta en castellano, y también centros mixtos que posibiliten la elección.La única condición sería la de la enseñanza del catalán en las escuelas castellanas y la enseñanza del castellano en las escuelas catalanas. Al propio tiempo deberían establecerse cátedras de catalán, euskera y gallego en todas las universidades españolas. Y en los casos en que tanto por el número de ciudadanos como por el de centros se hiciera difícil la solución de los centros distintos, no sería tan dificil el establecimiento de aulas paralelas de una y otra lengua, de modo que los padres pudieran elegir en las condiciones antes señaladas.

No creemos que esto sea pedir demasiado, pues nos parece la solución más democrática, si de verdad queremos potenciar las lenguas regionales sin que desaparezca el castellano como idioma vehicular y de entendimiento entre los distintos pueblos y regiones de España. Todo lo demás nos parece impregnado de cierta intencionalidad política, no muy acorde con nuestra realidad histórica y constitucional.