El Senado uruguayo aprueba un proyecto de 'punto final'

El Senado de Uruguay aprobó ayer, por 22 votos contra 9, un proyecto de ley para poner punto final a la presentación de demandas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el anterior régimen militar.La iniciativa, presentada por el centrista Partido Nacional, o Blanco, y apoyada por el gobernante Partido Colorado, establece que, desde la fecha de promulgación de la ley, el Estado deja de tener posibilidad de entablar juicios contra los responsables de delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por militares y policías, ya sea por móviles políticos o en cumplimient...

El Senado de Uruguay aprobó ayer, por 22 votos contra 9, un proyecto de ley para poner punto final a la presentación de demandas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el anterior régimen militar.La iniciativa, presentada por el centrista Partido Nacional, o Blanco, y apoyada por el gobernante Partido Colorado, establece que, desde la fecha de promulgación de la ley, el Estado deja de tener posibilidad de entablar juicios contra los responsables de delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por militares y policías, ya sea por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones.

El proyecto, que hoy debe ser analizado por la Cámara de Diputados, con mayoría de blancos y colorados, exceptúa del beneficio a los procesos que estén pendientes en la fecha de la promulgación de la ley, a los delitos que se hubiesen cometido con fines de provecho económico y, tácitamente, a las acciones no ordenadas por los mandos.

La ley, que fue calificada por un senador del opositor Frente Amplio como "un monstruo de la impunidad", pretende "concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional", según señala su artículo primero.

Actualmente están pendientes en los tribunales civiles 35 denuncias por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que se inició en 1973, en las que presuntamente están involucrados 180 militares y policías.

Las Fuerzas Armadas han anunciado reiteradamente que no acudirían a los tribunales civiles. Esta amenaza de desacato, que podría provocar, según el Gobierno, una crisis institucional inclinó a la mayoría del Senado a favor del proyecto de punto final.

El proyecto también restituye sus derechos a los oficiales superiores que fueron marginados de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y establece que, en lo sucesivo, el ascenso al generalato debe ser aprobado por las dos Cámaras del Parlamento de entre una terna de coroneles.

El Frente Amplio, que incluye a democristianos, socialdemócratas, socialistas y comunistas, convocó anoche protestas populares "en demanda de verdad y justicia y contra la impunidad".