Tribuna:LOS PRESUPUESTOS DE 1987

Sanidad, la gran sacrificada

El autor considera que si en los próximos Presupuestos Generales del Estado no existe un fuerte aumento de los gastos destinados a la sanidad, ésta continuará en una clara desventaja respecto a la alta medicina europea. De nada servirán, afirma, los esfuerzos del nuevo ministro mientras su departamento continúe siendo el gran sacrificado en el reparto de los recursos públicos.

Los datos conocidos hasta ahora indican que las partidas presupuestarias destinadas a Sanidad, además de no variar, continúan tendiendo a la baja. Es decir, se repite la experiencia de los últimos cuatro años, en ...

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El autor considera que si en los próximos Presupuestos Generales del Estado no existe un fuerte aumento de los gastos destinados a la sanidad, ésta continuará en una clara desventaja respecto a la alta medicina europea. De nada servirán, afirma, los esfuerzos del nuevo ministro mientras su departamento continúe siendo el gran sacrificado en el reparto de los recursos públicos.

Los datos conocidos hasta ahora indican que las partidas presupuestarias destinadas a Sanidad, además de no variar, continúan tendiendo a la baja. Es decir, se repite la experiencia de los últimos cuatro años, en los que quedó patente la falta de voluntad política de los responsables económicos del Gabinete de González para considerar la sanidad como uno de sus objetivos prioritarios.Que la sanidad española está muy distante de la europea lo confirma el hecho de que en 1982, a la llegada al poder del PSOE, la OCDE situara nuestro porcentaje de gasto sanitario sobre el PIB en un 3,84%, mientras en Holanda se alcanzaba el 16,6%, y en Francia y, Alemanía, el 6,2%. Nuestras cifras eran, por tanto, las más bajas del entorno occidental, sólo comparables a las de Grecia, Portugal e Italia.

Pues bien, aun a pesar de esta situación de inferioridad, estos últimos cuatro años se han caracterizado por la imposición al Ministerio de Sanidad de una continua reducción del gasto, que ahora parecen intentar repetir los pesos pesados de la economía del Estado.

Los administradores sanitarios, dotados de un presupuesto cada vez menor en pesetas constantes, se vieron obligados a actuar bajo criterios economicistas. Y así no sólo bajó el gasto respecto al PIB (3,43% en 1986, frente al 3,84% en 1982), sino respecto al gasto total de la Seguridad Social (26,52% frente al 31%) y por persona protegida (19.957 pesetas, frente a 23,461). El logro que para los economicistas supuso que las liquidaciones del Insalud crecieran por debajo de las tasas de inflación trajo, sin embargo, negativas consecuencias sanitarias.

Deterioro

El sistema sanitario ha sufrido un creciente deterioro, plasmado en la falta de calidd asistencial y el descrédito ante el usuario. Las listas de espera, el envejecimiento tecnológico, la falta de innovaciones o las crisis de las industrias sanitarias no son sino meros exponentes del retraso a que ha llevado la imposición del ahorro. No es de extrañar que, en estas circunstancias, el Ministerio de Sanidad se granjeara el descontento de los enfermos y la oposición de la práctica mayoría de las fuerzas sociales, amén de la desincentivación profesional y laboral del personal sanitario.La política sanitaria no la decide, en definitiva, el titular del correspondiente ministerio, sino el propio Gobierno. Y la decide en momentos como los actuales, en que asigna el presupueto con el que ha de trabajar el ministro de Sanidad. Los inspiradores de los presupuestos deben considerar que, junto a la racionalización y rentabilización de los gastos a que obliga la crisis, los cambios científicos, sociales y poblacionales conllevan inevitablemente una mayor dotación de recursos, más aún cuando además ha de abordarse una reforma. De hecho, en gran parte de los países desarrollados la moderación de los gastos sanitarios no ha supuesto su congelación, ni mucho menos su disminución.

Es el momento de ver si la estrategia global del Ejecutivo se ha modificado, si la salud va a continuar o no siendo un objetivo secundario para el Gobierno, y si la Administración es capaz de dotar suficientemente unos servicios sociales básicos, entre los que la sanidad, como la educación o la justicia, ocupa los primeros lugares. De lo contrario, muy poco se le podrá exigir al ministro de Sanidad, si el sector económico del Gabinete no le concede un suficiente margen de maniobra.

Gesto valiente

En este sentido, no cabe olvidar el proyecto del nuevo ministro, Julián García Vargas, por el que una nueva secretaría general absorberá las actuales funciones del Insalud. Un loable y valiente gesto del ministro, quien, al gestionar directamente la asistencia, puede acabar con duplicidades y burocracias, además de evitar el peligro económico de una posible reconversión de la primera empresa del país. Y todo ello sin aumentar el gasto. Pero la actitud del ministro de poco puede servir si en los próximos presupuestos no encuentra la correspondiente contrapartida económica del Gobierno. Se ha dicho, refiriéndose a la justicia, que una auténtica reforma pasa por la dotación de medios suficientes. Pues bien, mucho más ocurre con una reforma que, como la sanitaria, amplía la cobertura asistencial a cuatro millones más de ciudadanos.

Ricardo Ferré Alemán es presidente de la Organización Médica Colegial.

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