Perú, de Mayta al 'señor FMI'

La Historia de Mayta de Mario Vargas Llosa no es más que una parte de la superestructura política que padece Perú. La depauperación de los ideales de la izquierda latinoamericana, que tiene su ejemplo en el protagonista de la novela en sus versiones amarga y tragicómica, se produce asimismo en la economía. Así, el joven presidente peruano, Alan García, tiene que padecer simultáneamente los ataques del terrorismo y la agresión del Fondo Monetario Internacional (FMI).Desde un principio nunca fueron buenas las relaciones entre el policía económico de las naciones más endeudadas -el FMI- y ...

La Historia de Mayta de Mario Vargas Llosa no es más que una parte de la superestructura política que padece Perú. La depauperación de los ideales de la izquierda latinoamericana, que tiene su ejemplo en el protagonista de la novela en sus versiones amarga y tragicómica, se produce asimismo en la economía. Así, el joven presidente peruano, Alan García, tiene que padecer simultáneamente los ataques del terrorismo y la agresión del Fondo Monetario Internacional (FMI).Desde un principio nunca fueron buenas las relaciones entre el policía económico de las naciones más endeudadas -el FMI- y el gobierno nacionalista y socialdemócrata de García. Nada más tomar posesión de la presidencia, García estableció las nuevas condiciones soberanas de renegociación de la deuda externa peruana (cercana a los 14.000 millones de dólares): no utilizar más del 10% del valor de las exportaciones para amortizar los créditos exteriores; y negociación directa con los bancos acreedores, sin utilizar la tradidional intermediación del FMI. La respuesta norteamericana tardó poco en llegar, anunciando la suspensión de toda ayuda económica y militar a Perú por no cumplir sus deberes de deudor.

La Administración Reagan justificó su presión en la aplicación automática de la enmienda Brooke-Alexander, mediante la cual los Estados Unidos suspenden todo tipo de ayuda al país que se retrase más de un año en el pago de los intereses de la deuda externa.

La medida no podía ser más inoportuna, pues se producía al mismo tiempo que Fidel Castro celebraba en La Habana el Encuentro sobre Deuda Externa de América Latina y El Caribe, que reunía a más de un millar de políticos y economistas del continente. Quedaban desde entonces enfrentadas las dos tendencias existentes en América Latina sobre las fórmulas de pago de los créditos: la gradualista, instrumentada por Perú y apoyada por el Consenso de Cartagena (formado por los gobiernos de los 11 países más endeudados de la región, sin distinción de su color político); y la radical, acaudillada por Fidel Castro y con apoyo de las centrales sindicales y de los partidos políticos más izquierdistas de la zona (el pago de la deuda es matemáticamente imposible, por lo que los acreedores deben anular el cobro).

La enmienda Brooke-Alexander dio más arrestos a los partidarios de la suspensión de pagos unilateral, ya que cualquier medida negociadora (con posiciones de fuerza por parte de los países latinoamericanos) parecía conducir al fracaso. Ocho meses más tarde, la baja del precio del petróleo coloca, casi a la fuerza, al lado de los defensores de la moratoria de pagos, a países de regímenes moderados como México y Venezuela, cuyas economías dependen en un porcentaje altísimo de sus ingresos por las exportaciones de crudo.

Evitar la hiperinflación

Alan García instrumentó un programa de rigor interno cuyos primeros efectos evitaron la hiperinflación. En el mes de abril la tasa mensual de los precios superaba el 10%. En julio, mes en que el arquitecto Belaunde Terry fue sustituido por Atan García, la variación en 12 meses del índice de precios era del 185%. A partir de ese momento, el Gobierno de la Alianza Popular Revolucionada Americana (APRA) toma una serie de medidas orientadas a reducir el ritmo de la inflación, reactivar la economía y disminuir el desequilibrio externo. En los primeros días de agosto se devaluó el inti (moneda peruana de reciente acuñación) en

un 12% y se autorizaron las operaciones en un mercado cambiaría paralelo; se congelaron por 90 días los depósitos en moneda extranjera mantenidos en el sistema financiero; se incrementó el salario mínimo en un 50%, en un 15% las remuneraciones de los funcionarios y en un 22% las de los profesores; se aumentó el precio de la gasolina en un 33 % y se elevaron las tarifas de muchas empresas públicas. Por último, se redujeron los tipos de interés desde un nivel efectivo de más de un 200 a un máximo legal del 110%.

El resultado más inmediato, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), "fue la brusca caída de la inflación. Si bien en agosto los precios al consumidor subieron aún un 11%, como consecuencia principalmente de la devaluación, del reajuste de remuneraciones y del alza del precio de los combustibles, ellos crecieron mucho menos con posterioridad. Después de cinco meses en que las variaciones del índice de precios al consumo sobrepasaron el 10%, a partir de septiembre éste se incrementó a una tasa media mensual del 3%".

Alan García completó su programa con el pago condicionado de la deuda externa, la rescisión de los contratos petroleros a muchas multinacionales norteamericanas y la descalificación del FMI. Las relaciones con los Estados Unidos nunca fueron buenas. El último round de esta tensión está a punto de producirse. A primeros de mes, el Gobierno peruano aplazaba por seis meses los pagos de los intereses de la deuda, lo que ha supuesto un retraso adicional sobre la fecha que originariamente se había marcado (mes de febrero) para iniciar las amortizaciones pendientes. El FMI reaccionó inmediatamente; la oveja debía volver al redil o si no, se inhabilitaría a Perú. El director del fondo, Jacques de Larosiere ha presentado una queja formal sobre la conducta del país latinoamericano.

Los desheredados

Así, Perú pasaría a engrosar una lista de países desheredados cuyos últimos nombres son los de Liberia y Sudán. El presidente García rechazó el ultimátum, señalando que ha acabado la era de presiones y tutelajes. La realidad testaruda parece acercar las posturas de Fidel y de los gradualistas.

Siete meses después de que el APRA entrase a gobernar, las coyunturas política y económica del Perú parecen aproximarse peligrosamente. El toque de queda decretado en Lima para combatir un terrorismo cada vez más profesionalizado, se une al estado de sitio financiero de la nación.