Javier Solana elogia la modernidad del proyecto de ley de Propiedad Intelectual

"Ésta es la ley más moderna que existe en este momento en todo el mundo", dijo ayer el ministro de Cultura, Javier Solana, en una conferencia de prensa con respecto al proyecto de ley de Propiedad Intelectual. Dicho proyecto, que fue aprobado el miércoles por el Gobierno, será enviado la próxima semana a la Mesa del Congreso en cuanto se hayan hecho las correcciones introducidas por el Consejo de Ministros.

Javier Solana precisó ayer en conferencia de prensa que la ley no tiene carácter retroactivo, por lo que la reducción del derecho post mortem no afectará a los actuales herede...

"Ésta es la ley más moderna que existe en este momento en todo el mundo", dijo ayer el ministro de Cultura, Javier Solana, en una conferencia de prensa con respecto al proyecto de ley de Propiedad Intelectual. Dicho proyecto, que fue aprobado el miércoles por el Gobierno, será enviado la próxima semana a la Mesa del Congreso en cuanto se hayan hecho las correcciones introducidas por el Consejo de Ministros.

Javier Solana precisó ayer en conferencia de prensa que la ley no tiene carácter retroactivo, por lo que la reducción del derecho post mortem no afectará a los actuales herederos de los derechos de autor de las obras de creación intelectual.Javier Solana manifestó su confianza en que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso y el Senado sin problemas. "Este Gobierno está intentando que las leyes se aprueben con el mayor apoyo posible", dijo Solana. "De ahí que nosotros estemos abiertos a cualquier tipo de mejora que otros grupos parlamentarios puedan aportar al proyecto".

Dado que la ley no tendrá carácter retroactivo, el ministro de Cultura explicó que la reducción de 80 a 60 años de derecho post mortem no afecta a los que ahora ostentan tal derecho. "Los actuales herederos", dijo Solana, "tendrán derecho a seguir cobrando hasta consumir los 80 años ahora vigentes. Entrarían en vigor los 60 años en el momento en que hubiese transmisión de derechos. No obstante, quiero aclarar que la nueva ley les permite seguir cobrando, pero también les exige que faciliten la publicación de las obras sobre las que poseen el derecho de autor". Ayer no fue posible localizar a Manuel Fernández Montesinos, sobrino de Federico García Lorca, que administra los derechos devengados de las obras del escritor granadino y cuya gestión ha sido criticada en algunas ocasiones.

"Yo es que no entiendo por qué han reducido el plazo, cuando en realidad éste no debía existir", dice el antropólogo Julio Caro Baroja. "Una obra de creación intelectual debería estar considerada como cualquier otro bien, que pasa a los herederos en su integridad. En este caso ni siquiera pasa íntegramente, sino el 10% del beneficio que reporte". Caro Baroja añadió a este respecto que el proyecto de ley le parece "un abuso y una tartufería. Que sea el mismo sistema que utilizan en otros países no es excusa. Que se hagan mal las cosas por ahí no significa que tengamos que hacerlo también mal aquí. El plazo se reduce cuando en otros sitios lo están ampliando. Aquí, como dijo Clarín, estamos siempre a la penúltima moda".

"Con la aprobación de esta ley", dijo ayer Javier Solana, "se cierra el programa legislativo de este Gobierno en el campo de la cultura. Yo creo que con la ley del Patrimonio, que deroga la de 1933, y ésta, que derogará la de 1879, este departamento ha hecho un esfuerzo de modernización importante". El Ministerio de Cultura no ha dado a conocer el texto del proyecto de ley porque, según el secretario general técnico de dicho departamento, Miguel Satrústegui, ahora hay que introducir las rectificaciones hechas por el Consejo de Ministros. El texto cuenta con el dictamen "sumamente elogioso", según Solana, del Consejo General del Poder Judicial y se enviará al Congreso la próxima semana.

El proyecto de ley de Propiedad Intelectual tiene 148 artículos y 17 disposiciones. Entre las novedades que introduce se encuentran el reconocimiento del derecho moral o el establecimiento de las bases para controlar la tirada (véase EL PAIS de ayer). El texto no contempla el llamado dominio público de pago, un canon obligatorio para los editores cuando no tuvieran que pagar derechos de autor. "Es una petición que han hecho algunos sectores", dijo Solana y que no hemos estimado razonable recoger. Creemos que el fondo social que se pretendía hacer para beneficiar a los creadores no debe salir de ese canon".