Procesado un presunto responsable de la 'guerra sucia' en Chile
El presunto jefe de uno de los principales comandos militares de represión y guerra sucia chilenos, responsable de la desaparición de por lo menos 12 altos dirigentes comunistas entre 1975 y 1977, fue llevado a juicio la semana pasada en lo que puede convertirse en el primer gran proceso a los militares en un país que vive aún bajo plena dictadura. Roberto Fuentes Morrison, de unos 45 años oficial de la Fuerza Aérea que hasta hace unos días estaba destinado en la Embajada chilena en Suráfrica, fue el jefe del Comando Unido, un cuerpo represivo integrado por agentes de espionaje del Ejército, M...
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El presunto jefe de uno de los principales comandos militares de represión y guerra sucia chilenos, responsable de la desaparición de por lo menos 12 altos dirigentes comunistas entre 1975 y 1977, fue llevado a juicio la semana pasada en lo que puede convertirse en el primer gran proceso a los militares en un país que vive aún bajo plena dictadura. Roberto Fuentes Morrison, de unos 45 años oficial de la Fuerza Aérea que hasta hace unos días estaba destinado en la Embajada chilena en Suráfrica, fue el jefe del Comando Unido, un cuerpo represivo integrado por agentes de espionaje del Ejército, Marina, Aviación y Carabineros (policía).
La historia del Comando Unido, dedicado específicamente a descabezar al Partido Comunista, es una de las más reveladoras del tipo de represión política desatada tras el golpe militar dado por él general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Bajo el mando de Fuentes Morrison y con todo el apoyo de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), dirigida por el general Manuel Contreras, el Comando Unido capturó a varios dirigentes comunistas a fines de 1975. Algunos de ellos pasaron a ser informadores y ayudaron a capturar y hacer desaparecer a la dirección completa del Partido Comunista en la clandestinidad, en marzo de 1976. Otros 70 militantes fueron detenidos y torturados, algunos hasta la muerte, en los meses siguientes.Reconocido
Fuentes Morrison, cuyo nombre función habían quedado ocultos tras la disolución del Comando en los años siguientes, fue denunciado por el testimonio de un torturador arrepentido el año pasado y volvió a ser mencionado por agentes citados a declarar en otros casos de represión investigados por los jueces chilenos.
Tras intensas presiones sobre las fuerzas militares, especialmente sobre la Fuerza Aérea, un juez logró llevar a Morrison a Chile, donde el viernes pasado fue reconocido por antiguos presos como el hombre que encabezó la detención y posterior desaparición de, por lo menos 12 dirigentes comunistas en 1976.
El juez Carlos Cerda Fernández, que investiga el caso, emitió una orden que prohíbe salir del país a Fuentes Morrigón y a Daniel Guimper, un ex oficial de la Marina, que también integró, presuntamente, el, Comando. El juicio contra los militares por la desaparición d e los 12 comunistas es uno de los más importantes de este tipo iniciados bajo la dictadura, y se suma al de un¡núpo de carabineros por el secuestro y muerte por degollamiento de tres comunistas, en marzo de este año. El caso de los degollados, como fue, conocido en Chile, costó la carrera a 26 carabineros de alto rango, incluyendo al jefe del cuerpo policial y miembro de la Junta de Gobierno, general César Mendoza.
Además de estos dos procesos, vinculados entre sí tanto por la filiación política de las víctimas como por la identidad de algunos de sus ejecutores, otros ocho juicios están en marcha contra un total de 26 militares o policías acusados de homicidio o asesinato. Todos los casos, salvo uno, tienen connotación política.
Unos 700 casos de desapariciones, archivados tras procesos torpemente llevados por la justicia en la década pasada, esperan su oportunidad. Simultáneamente, algunos ex oficiales están tratando de salvar sus responsabilidades, aun a costa de denunciar a sus antiguos jefes. El coronel retirado Eugenio Rivera, que fue el primer gobernador de Calama (localidad minera a 1.500 kilómetros al norte de Santiago), acusó públicamente hace unas semanas a su antiguo jefe, el. general retirado Sergio Arellano Stark, de haber ordenado el fusilamiento de 26 detenidos, "sin juicio alguno", durante una gira que hizo por la zona pocos días después, del golpe.