El Supremo da la razón a la Generalitat sobre parte de los ‘papeles de Salamanca’
El Gobierno del PP reclamó la titularidad estatal de los documentos incautados en Cataluña durante la Guerra Civil no restituidos a sus propietarios
El Tribunal Supremo avala el traslado a Cataluña de documentos del archivo de Salamanca incautados en Cataluña durante la Guerra Civil que aún no habían sido entregados por el Estado por referirse a personas jurídicas suprimidas o desaparecidas. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dado la razón a la Generalitat frente a la denuncia del entonces Ministerio de Educación y Cultura sobre parte de los documentos que tenían que retornar desde el Centro Documental de la Memoria Histórica a Cataluña en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2005.
El alto tribunal...
El Tribunal Supremo avala el traslado a Cataluña de documentos del archivo de Salamanca incautados en Cataluña durante la Guerra Civil que aún no habían sido entregados por el Estado por referirse a personas jurídicas suprimidas o desaparecidas. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dado la razón a la Generalitat frente a la denuncia del entonces Ministerio de Educación y Cultura sobre parte de los documentos que tenían que retornar desde el Centro Documental de la Memoria Histórica a Cataluña en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2005.
El alto tribunal confirma la sentencia de la Audiencia Nacional de 2016 sobre la documentación retenida por el Estado que entendía que tras su retorno no llegaría a su propietario por haber fallecido y no tener descendencia o por ser entidades desaparecidas, como Socorro Rojo Internacional, Unión Patriótica o Solidaridad Antifascista.
El tribunal asegura que la ley no faculta al ministerio a denegar el traspaso a la Generalitat de los documentos ya identificados, mediante una Comisión Mixta Gobierno-Generalitat que se ha reunido 13 veces entre 2006 y 2014; reconoce que la ley obliga a entregarlos a la Generalitat. “Es una obligación que opera por mandato legal que el ministerio no puede incumplir” y “no es exacto que exista una finalidad de imposible cumplimiento que justifique su negativa a hacerlo”, reza la sentencia.
El Supremo recalca en la sentencia del 11 de junio que la Generalitat “no adquiere con ello la titularidad de esos bienes” y que si resultase “imposible su restitución a los legítimos titulares en el modo y tiempo que previene la ley de 2005 seguirán integrando el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro”.
Recuerda la sala que, entre 2006 y 2014, el ministerio dio cumplimiento a la mayoría de acuerdos de restitución de documentos adoptados por la comisión, transfiriendo desde Salamanca a Cataluña 1.674 cajas de documentos, 938 libros, 10 carteles, 3 mapas y 4 banderas.
“Es muy buena noticia. El Supremo confirma lo que defendemos hace años”, explicó ayer Pepe Cruanyes, coordinador de la Comisión de la Dignidad, que lleva 17 años reclamando estos documentos. Según Cruanyes, cerca del 98% de los papeles retornados se han devuelto a sus dueños o sucesores. “La mayoría de entidades los han depositado en el Archivo Nacional de Cataluña, mientras que muchos de los particulares han preferido quedárselos”, explica.
En octubre de 2018, en la última reunión entre el Ministerio y la Generalitat, José Guirao aseguró a la entonces consejera Laura Borràs, que se iban a resolver los temas pendientes en torno a este asunto: “Hay una parte pendiente de entregar y otra documentación que está en discusión”, dijo el ministro. “Estamos de acuerdo en que es más bien un tema técnico que en algún momento se atascó por cuestiones políticas”, añadió. En cuanto a esta petición de retorno llevada a cabo por el Gobierno del PP Guirao dijo: “En el cumplimiento del espíritu de la ley [de Memoria Histórica, de 2005] estamos de acuerdo, así que creo que no será muy problemático llegar a un acuerdo".
Según la Generalitat, en el proceso de devolución que comenzó en 2006 se han enviado de vuelta unos 400.000 documentos, pero no se ha completado todavía: faltan tres lotes que suman otros 20.000 documentos y 200 legajos. "Después de las últimas declaraciones del ministro no se ha vuelto a saber nada más, al convocarse los diferentes procesos electorales. Aprovecharemos ahora para reclamarlos, una vez más", acaba Cruanyes.