La ciencia en España exige continuidad y un nuevo impulso político
Domènec Espriu, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (1.500 millones de euros de presupuesto), alerta de la inseguridad que provoca poder hacer solo planes de año en año
En España hay casi 3.500 investigadores por millón de habitantes, cifra muy cercana a la media de la UE (3.700). Ocupamos el noveno puesto mundial por número de publicaciones con 112.000 documentos en 2023, que representan más del 3% de toda la ciencia mundial. Nuestros investigadores participan en experimentos y misiones punteros en física de partículas, astrofísica o energía de fusión, por ejemplo. Somos el tercer país con mayor retorno en Horizonte Europa [la principal iniciativa científica europea] y, pese a ser un innovador moderado (puesto 18 en la escala mundial), en 2023 se registraron 1.791 patentes y en los últimos cinco años se crearon 525 empresas de base tecnológica. A la luz de las cifras, y pese a la persistencia de determinados tópicos, es innegable que la ciencia en España ha alcanzado la madurez.
¿Estamos donde deberíamos en el concierto internacional? La respuesta es: todavía no. Nuestros científicos no ocupan los puestos de liderazgo que corresponderían a nuestra contribución en medios y personas, ni, salvando éxitos individuales, obtienen los reconocimientos que seguramente merecerían. Y, al margen de valoraciones puramente cuantitativas, la evidencia indica que el impacto global de nuestra I+D+i es todavía escaso. ¿Por qué?
La ciencia exige continuidad en las políticas y en su apoyo, que debe ser coherente con los objetivos, estable y previsible. Solo así nuestros científicos y tecnólogos pueden aceptar compromisos futuros, embarcarse en proyectos ambiciosos de alto impacto y dar un paso adelante para liderar grandes proyectos.
España viene de invertir en 2022 y 2023 más que nunca en I+D gracias, en buena medida, a los fondos de recuperación, pero también gracias a un apreciable aumento en los Presupuestos Generales del Estado dedicados a este fin. La Agencia Estatal de Investigación, principal organismo financiador de la investigación, ha invertido casi 1.500 millones de euros en cada uno de estos años. Y, justamente cuando dichos fondos han sido ya invertidos en su práctica totalidad, la realidad política se cobra peaje en forma de prórroga presupuestaria en 2024; una prórroga con riesgo de continuidad en 2025.
Los politólogos nos dicen que un escenario parlamentario sin mayorías consolidadas tiene muchas perspectivas de continuidad en nuestro país. Sobre el papel, la cuestión no debería tener implicaciones negativas para la I+D+i visto el compromiso de crecimiento establecido en la Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, que fue aprobada con un amplísimo consenso. Pero es absolutamente necesario que este compromiso —aparentemente compartido por todos— se cumpla con independencia de la volubilidad política y de prórrogas presupuestarias si se quiere que la ciencia continúe siendo uno de los impulsores de nuestro crecimiento social y económico.
Conscientes de la imprescindible continuidad en el tiempo de las iniciativas transformadoras, es común en los países de nuestro entorno adoptar una programación plurianual con sus correspondientes compromisos económicos, y cumplirlos. Sin ir muy lejos, nuestros vecinos portugueses instauraron dicha programación con resultados excelentes. O la propia Unión Europea en sus programas marco.
De nuevo, al menos sobre el papel, España dispone de un marco legal adecuado para este fin. De hecho, la ley exige que agencias como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la propia Agencia Estatal de Investigación (AEI) dispongan de un Contrato de Gestión que comprometa recursos y objetivos en una programación cuatrienal. Pero los dos intentos previos de tramitar el Contrato de Gestión de la AEI descarrilaron en su camino al Boletín Oficial del Estado.
La modificación en 2022 de la Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación ha supuesto numerosos avances y mejoras. Pero quedan todavía aspectos por desarrollar e implementar y uno de ellos es cómo vehicular y blindar el compromiso de alcanzar el 1,25% del PIB de inversión pública en I+D+i en 2030. En el caso de la financiación de las actividades de los grupos de investigación, la cuestión pasa necesariamente por una programación plurianual.
¿Qué necesitamos para asegurar el impulso en la ciencia?
Una agencia de financiación de la investigación, por la naturaleza de sus actuaciones, programa sus actuaciones con vistas a varios años. No disponer todavía del instrumento adecuado genera inseguridad y dificulta o impide la continuidad en las políticas. La Ley de Agencias —promulgada, luego derogada y nunca realmente implementada (sustituida parcialmente por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público)— disponía de mecanismos adecuados. Solo faltó la voluntad política en su momento.
Una autonomía financiera real, como de la que disponen nuestras agencias hermanas en Europa, permitiría flexibilidad en el uso de los remanentes de actuaciones en años previos; un mecanismo ya previsto en su día. Una moderna y robusta programación plurianual, con la adecuada autonomía de gestión, permitiría la posibilidad de utilizar inteligentemente todos los fondos asignados y poder afrontar situaciones de prórroga presupuestaria, evitando desvíos de la senda de crecimiento pautada.
Es imprescindible que el tercer intento para dotarse de un Contrato de Gestión sea el definitivo, y que este sea coherente con los objetivos y el espíritu de una agencia moderna, eficiente y eficaz. La I+D+i española merece continuidad, estabilidad y horizontes despejados.
Domènec Espriu , director hasta hace un mes de la Agencia Estatal de Investigación, es catedrático de Física Teórica en el Instituto de Ciencias del Cosmos en la Universidad de Barcelona.