¡Sorpresa!

En los códigos de las finanzas internacionales se suele cuidar en grado sumo el uso de las palabras. Eso es lo que probablemente explica la frase “sorpresa negativa” que utilizó la agencia crediticia internacional Moody’s al comentar el enorme desajuste fiscal de 2025 en que (nuevamente) han incurrido las salientes autoridades de Gobierno y que ellas mismas reconocieron, sin espacio para sospechas o acusaciones de sesgo, en su último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

En efecto. De “sorpresa”, lo reportado por la Dirección de Presupuestos tiene poco, habida cuenta del prontuario de desajustes e incumplimientos en las ejecuciones fiscales de los últimos años. Y de “negativo” tiene mucho, porque las cifras no solo dan cuenta de un problema de marca mayor y aparentemente sin control, sino que además son en sí una herencia indeseada para las nuevas autoridades, las que ahora deberán encarar y tratar de resolver un problema mayor del que ya habían diagnosticado.

Mientras las autoridades entrantes y salientes protagonizan en los medios una esgrima inconducente e insoluble sobre si el Gobierno que llega o el que se va es de “emergencia”, las cifras del IFP no dejan espacio de discusión sobre el complejo estado del escenario fiscal.

Un déficit estructural de 3,6% del PIB, es decir de más de 13.000 millones de dólares, no solo es alarmante por su magnitud, sino que lo es sobre todo por la increíble incapacidad de los profesionales de la Dirección de Presupuestos a la hora de hacer estimaciones. Una diferencia de dos puntos porcentuales en la estimación de déficit parece menor si se la expresa de esa forma y no de manera en que requiere ser mencionada: a saber, que el error equivale a decir que el resultado anual es tres veces peor que el previsto.

El director para América Latina de Moody’s Alfredo Coutiño ha señalado que el “persistente deterioro en el cumplimiento de las metas fiscales no solo manda un mensaje de falta de compromiso, sino que también hereda un problema fiscal más grande a la siguiente administración”. La segunda parte de su afirmación es evidente, y el equipo del futuro ministro de Hacienda ha dicho que ya están trabajando en él. Pero la primera parte es una requiere un poco más de reflexión, ya que esa eventual falta de compromiso puede no obedecer a desidia o desinterés (porque no es creíble que sea incompetencia), sino que a la convicción de que fallar en este tema, o no cumplir con las metas, no tiene costos importantes.

Durante la campaña presidencial, el coordinador económico de la candidata del oficialismo Luis Eduardo Escobar dijo en más de una oportunidad que el nivel de deuda pública del país en relación con el PIB no es un problema financiero acuciante y que en otras economías se ven porcentajes muy superiores al 45% que se estima como prudente para la realidad chilena, límite que ha sido reiteradamente advertido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Hace poco más de una década, en el segundo Gobierno de Bachelet, se promovió una reforma tributaria profunda la que alimentó un intenso debate en el cual llegó a decirse que el crecimiento económico es relativamente indiferente a la carga tributaria. Un argumento que llevado al absurdo permitiría sostener que los agentes económicos seguirán generando incluso con una carga del 100%. Quizás, como ocurrió con los impuestos, en el caso de las cuentas fiscales hay quienes creen que una deuda/PIB sobre el límite de 45% es una magnitud inocua o manejable, que quienes alzan la voz por este tema no son más que unos alarmistas, y que es posible que el país tenga un manejo fiscal distinto, donde los descalces entre ingresos y gastos se pueden cubrir con deuda.

Tal vez esa es una parte de la explicación al crónico problema de las cuentas fiscales. Un punto de vista para el cual el pago anual de más de 4.000 millones de dólares en intereses o los problemas de credibilidad que las señales laxas de manejo fiscal dan a los calificadores de riesgo son costos de menor calado y que perfectamente se pueden aceptar.

Si este es el caso, la discusión de fondo en materia fiscal es bastante más compleja. Una discusión que trasciende unos eventuales inéditos comportamientos en la recaudación tributaria y en la que se requiere transparentar si, para algunos, gastar más de lo que la maltraída economía nacional permite generar en ingresos tributarios es viable. Y que, dado eso, es posible vivir a largo plazo con un stock de deuda pública en aumento, ya que la fórmula de subir impuestos en una economía deprimida hasta ahora no ha dado los resultados esperados por sus promotores.