La semana en que las revelaciones de Fiscalía chilena cambiaron el curso del caso de Manuel Monsalve

El miércoles 23 de octubre fue la primera vez que el fiscal Xavier Armendáriz usó públicamente la palabra “imputado” para referirse a Manuel Monsalve. Aunque es un término procesal que se usa cuando alguien es denunciado por un delito, dejó en evidencia la compleja situación en que se encuentra el exsubsecretario del Interior del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que renunció hace nueve días cuando se reveló que había una investigación en su contra por presunta violación y abuso sexual, luego que una asesora, que era su subalterna en La Moneda, lo denunció el 14 de octubre. Armendáriz estaba en una audiencia de cautela de garantías, que la defensa de Monsalve pidió para poder conocer la indagatoria y, aunque pudo ser reservada, como querían sus representantes, el juez Ponciano Sallés determinó que sería transmitida por el canal del Poder Judicial. El Ministerio Público no se opuso a su publicidad. Tampoco María Elena Santibáñez, la abogada que asumió el martes la representación de la funcionaria, pero pidió que “cada vez que se haga alusión a la persona que está afectada por estos hechos”, no se indique su nombre, sino que se utilice la denominación legal de víctima.

El médico cirujano, de 59 años, un exdiputado por cuatro periodos (2006-2022) que renunció este jueves al Partido Socialista tras una militancia desde los años ochenta (la formación lo expulsó este viernes), enfrenta una acusación por hechos ocurridos entre la noche del domingo 22 de septiembre y la madrugada del lunes 23. Según la querella, cenó junto a su asesora, de 32 años, a quien habría citado para hablar de asuntos laborales, en un restaurante en el centro de Santiago, donde bebieron alcohol. Tras ello, su subalterna ha señalado que despertó al día siguiente sin recordar nada, en el hotel Panamericano —ubicado a pocas cuadras de La Moneda— donde residía el entonces subsecretario del Interior. Pese a su alto cargo, estaba sin sus escoltas.

La Fiscalía también indaga otro hecho, del 1 de septiembre, cuando Monsalve, en un parque de la zona oriente de Santiago, según relató la denunciante, la habría besado sin su consentimiento, lo que podría configurar un abuso sexual “por sorpresa”, señaló Armendáriz.

La acusación en contra de Monsalve ha golpeado fuertemente al Gobierno de Boric, declarado feminista desde que asumió el 11 de marzo de 2022. Era la autoridad principal a cargo de la seguridad pública e, incluso, debía coordinar las elecciones municipales y de gobernadores que se realizan en Chile este fin de semana (fue reemplazado en el puesto por Luis Cordero, quien era ministro de Justicia desde enero de 2023).

Desde que el caso se hizo público, a través del diario La Segunda el mediodía del jueves 17, la Administración de izquierdas ha enfrentado una serie de cuestionamientos debido a que la ministra del Interior, Carolina Tohá, y luego el mandatario, se habían enterado el martes 15 de la situación de Monsalve, a través de Eduardo Cerna, el jefe nacional de la Policía de Investigaciones (PDI). Pese a eso, al alto funcionario se le permitió viajar a la región de Biobío, ubicada a unos 450 kilómetros de Santiago, para hablar con su familia. Además, siguió en sus funciones por 48 horas más e, incluso, asistió a exponer a una comisión de presupuesto del Senado. Cuando salió del Congreso, Chile ya sabía que había sido denunciado por un delito sexual. Renunció desde La Moneda aproximadamente a las 14.00 horas.

El factor Armendáriz

Durante una semana, la Administración de izquierdas ha tratado de explicar, en diversas vocerías, por qué Monsalve siguió en su puesto y ha insistido en que su renuncia ya estaba decidida 48 horas antes de que La Segunda revelara que era investigado. Se suma una controvertida rueda de prensa de 53 minutos, del viernes 18 de octubre, en la que Boric abrió varios flancos cuando contó pormenores de la reunión que sostuvo el martes 15 de octubre con el entonces subsecretario para tratar el tema.

Pero, este miércoles, tras la intervención de Armendáriz ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aunque el Ministerio Público todavía no ha formalizado la investigación, el fiscal realizó una serie de las revelaciones sobre las actuaciones de Monsalve como subsecretario, entre ellas, que hizo gestiones a través de la PDI para llegar “al círculo íntimo de la víctima” previo a que fuera denunciado. Al día siguiente de la entrega de esos antecedentes, el Gobierno cambió radicalmente el tono frente al caso. Y así, en medio de la crisis política que golpea al oficialismo, el Ejecutivo inició su primera ofensiva en contra de su exhombre de confianza.

Armendáriz, por ejemplo, cuando se refirió a Monsalve, señaló ante el juez que, como Fiscalía, “sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado” y que “ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que, además, llegaron al círculo íntimo de la víctima”. Y agregó que “el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos por parte del imputado. Se acercaron a su departamento”.

El Ministerio Público detectó muy poco después de que se presentó la acusación que Monsalve, cuando todavía trabajaba en La Moneda y la asesora no había concretado la acusación, realizó las gestiones. Entre ellas, pedir a funcionarios de inteligencia de la PDI —lo que implicó la activación de la Ley de Inteligencia— que revisaran las cámaras de seguridad del restaurante donde cenó con su subalterna, y también las del hotel Panamericano. De ello, dijo ante el juez Sallés, se enteró por una detective que le indicó que él [Monsalve] “le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si hace esto, no sabemos si se va a repetir”. Y agregó: “Es una investigación que está en curso, que está recién empezando”.

Monsalve, para el fiscal, “aprovechándose de su condición y del tipo de funcionario público que era y su contacto con la Policía de Investigaciones, pidió llevar adelante diligencias para buscar antecedentes de cámaras respecto del 22 al 23 de septiembre”.

El exsubsecretario —agregó el fiscal— le señaló, cuando lo vio el 15 de octubre en el transcurso de una diligencia de orden y registro a su habitación del hotel, un allanamiento, que no se acuerda de nada de lo que ocurrió la madrugada del 23 de septiembre. Pero, ante las acciones que efectuó días después, Armendáriz dijo que creen (en el Ministerio Público) que las realizó pues “empezó a pensar que iba a ser denunciado —ese el punto—, que iba a ser imputado, y de un delito de violación. Eso es lo que creemos que ocurre”.

El cambio de tono de Boric

Entre las varias frases que Boric pronunció el 18 de octubre, en su primera referencia sobre el caso Monsalve, dijo que “el que haya una denuncia, como ustedes saben, no presume culpabilidad”.

Pero, este jueves, justo cuando se cumplía una semana de la renuncia del subsecretario, Boric se refirió por segunda vez al caso, cuando envió un mensaje de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales en Chile. Lo hizo durante una actividad sobre la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en San Joaquín, un municipio al sur de la Región Metropolitana de Santiago: “Nuestro deber es creerle, yo le creo, y es deber de la justicia, sin presión alguna, determinar de manera imparcial la culpabilidad o no del acusado”, señaló en alusión directa a la asesora de Monsalve. “Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder”, agregó.

Previamente, para poner en contexto las gestiones que realizó Monsalve antes de ser denunciado, Armendáriz también se había referido a la asimetría que existía entre el ahora exsubsecretario y su asesora. “Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero, además, no es cualquier jefe. Es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el ámbito social. Tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe”. Y añadió: “Por un lado, tenemos una persona de peso, en un delito, en un contexto de la esfera de la sexualidad, de una persona que es subordinada a suya, y que lleva adelante actuaciones que pueden, podrían significar pérdida de evidencia”.

Tras los dichos de Boric, por la tarde del jueves, a través de la ministra Tohá, la Administración de izquierdas hizo su primera ofensiva en contra de Monsalve y pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe si el exsubsectretario, como funcionario público, pudo incurrir en un “potencial ejercicio indebido de funciones” y cometido eventuales delitos. Y, pocas horas después, por la noche, Eduardo Cerna, el director de la PDI, anunció que ordenó “el retiro absoluto” de la jefa nacional de Inteligencia Policial, la perfecta inspectora Cristina Vilches “en razón al estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la Ley de inteligencia” y en el marco de los hechos “relacionados con el exsubsecretario del Interior”.

El viernes, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, contó que la noche del jueves, previo a la destitución de Cristina Vilches, Cerna se reunió con él y Tohá en La Moneda para comunicarles la decisión. Y explicó que, además de la razones que entregó el jefe de la PDI, que la salida de la jefa de inteligencia también pesaron “los antecedentes adicionales que se han conocido estos últimos días y, especialmente, aquellos que se exhibieron por parte del Ministerio Público en la audiencia de garantías”.

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