La Fiscalía chilena pide formalizar la investigación contra el abogado Luis Hermosilla por cohecho y lavado de activos

Tras nueve meses desde que estalló el caso de los audios que protagoniza el penalista Luis Hermosilla, filtrados de una conversación privada en la oficina que mantenía en el sector oriente de Santiago, y en la que participó también su excliente, el empresario Daniel Sauer –desde abril en prisión preventiva por otra causa–, y la abogada Leonarda Villalobos, la Fiscalía chilena ha resuelto este lunes pedir a la justicia la formalización de la indagatoria contra Hermosilla y Villalobos por los delitos de cohecho y lavado de activos: la audiencia será el 21 de agosto.

La solicitud ha coincidido con una querella que interpuso, también este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la que le imputa a Hermosilla, Villalobos y a su marido, el profesor Luis Angulo, delito tributario: el organismo estatal considera entregaron declaraciones anuales a la renta maliciosamente falsas por un perjuicio fiscal de aproximadamente $1.015 millones (poco más de 1.000 millones de dólares).

El Caso audios estalló la tarde del 14 de noviembre, cuando el medio de comunicación Ciper Chile publicó el artículo “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”, en el que se reprodujo la conversación entre el conocido penalista chileno con lazos políticos transversales; Sauer, dueño del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, quien entonces era su cliente y estaba siendo investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Villalobos, quien era asesora de Sauer y luego confesó ser la autora de la grabación, algo que hizo en junio del año pasado. Hoy el empresario se encuentra en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, donde también está recluido su exsocio Rodrigo Topelberg, pero en el marco de otra investigación: el caso Factop.

El Caso Hermosilla, cuya investigación lidera la fiscal regional metropolitana oriente Lorena Parra, ha provocado un fuerte impacto en Chile, pues el abogado es un conocido penalista que por más de 40 años ha tramitado causas de alta complejidad y de connotación pública. En 1985 fue querellante por el crimen de tres militantes comunistas que fueron degollados por carabineros durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y, a partir de 1991, representó a la familia del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, partido de la derecha tradicional, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo subversivo de la izquierda radical que operó en Chile entre los años 80 y parte de los 90.

Hermosilla además fue abogado del Ministerio del Interior en los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, en al que representó en dos juicios: en 2013 por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, quemados vivos en su casa en la Macrozona sur en medio de la violencia rural, y por el asesinato del comunero mapuche Camilio Catrillanca, cometido por las fuerzas policiales en noviembre de 2018.

El penalista es representado por su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien señaló la semana pasada, cuando lo acompañó a declarar a la Fiscalía que, “como lo señalamos desde el primer momento, aquí se han cometido errores graves y se pidieron disculpas incluso en ese momento por algunos de los dichos que se hicieron”. Y añadió: “Lo que él dijo está muy mal. La tesis nuestra de defensa es que no hizo (esas) cosas [las que señala en el audio]. Puede haber dicho, pero no hizo cosas”.

El causa además ha derivado en otras aristas. Una de ellas, por los mensajes contenidos en el teléfono móvil de Hermosilla, en manos de la Fiscalía, provocó la renuncia y la prisión preventiva, entre marzo y mayo, del exdirector de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, quien se encuentra formalizado por el delito de violación de secreto, en las reiteradas filtraciones de información reservada al abogado.

La audiencia de formulación de cargos de la Fiscalía será el 21 de agosto en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

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