Renuncia el jefe de la policía chilena investigado por la Fiscalía por revelar información confidencial

El allanamiento de la casa y de la oficina del director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, ordenado por la Fiscalía y ejecutado la mañana de viernes, ha desencadenado su renuncia en menos de 12 horas. La salida del líder de la policía civil ha sido aceptada por el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric. “S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia al cargo del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez”, ha dicho La Moneda en un comunicado. Se agrega que “de acuerdo de la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González Hofstetter”.

Esta tarde de viernes, la ministra del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, se reunió en el palacio de Gobierno con Muñoz, que el martes será formalizado por el Ministerio Público por los delitos de revelación de información secreta. Luego del encuentro –el jefe de la policía se retiró sin hacer declaraciones y sin entregar pistas sobre su futuro, que ya parecía sellado–, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que Muñoz no había renunciado, pero dijo que “la formalización será un punto de inflexión”. En definitiva, el Ejecutivo chileno daba un ultimátum y empujaba su salida . “El Gobierno en democracia considera que no hay nadie que esté por sobre la ley”, aseguró Monsalve, que dejó muy abierta la puerta para su conveniente salida.

Mientras, el Consejo de Defensa del Estado, CDE –el organismo que defiende los intereses de Chile ante los tribunales– informó esta tarde que decidió presentar una querella criminal en contra del jefe de la policía “por diversos hechos constitutivos de delito”, según indicó el consejo a través de un comunicado público. Era un nuevo elemento que indicaba que la continuidad de Muñoz se hacía insostenible. El CDE especificó estos delitos: “Infracciones a la ley 19.913, en relación con el carácter secreto de investigaciones penales sobre malversación y lavado de activos; y por su responsabilidad directa en hechos constitutivos del delito de violación de secretos, previsto en el artículo 246 del Código Penal”. El consejo aseguró que el martes estará en la audiencia de formalización en representación del Estado “por tratarse de hechos que revisten la máxima gravedad, cometidos por quien ejerce el más alto cargo de esa institución policial”.

Monsalve, que ofreció una declaración en el Palacio de La Moneda, no solo dijo que la audiencia será un momento clave “para la toma de decisiones relevantes” –todo indicaba a esa hora que Muñoz podría renunciar antes–, sino que se refirió a un asunto que preocupa al Ejecutivo, en vista del contexto en que se produce este escándalo: la crisis de seguridad pública que afecta al país sudamericano, sobre todo por la actuación de bandas trasnacionales del crimen organizado. “Hoy día, la principal obligación es que las instituciones policiales funcionen al servicio de las personas y no tengan ninguna duda que el Gobierno va a garantizar que ello ocurra”, dijo el número dos del ministerio del Interior.

La Fiscalía investigaba el teléfono móvil del influyente abogado Luis Hermosilla, en el marco de una controvertida trama de filtración de un audio donde se reconocían pagos a funcionarios públicos, el caso Hermosilla. Pero lo que se le imputa a Muñoz no tiene relación con esta arista, sino con la entrega de información reservada al abogado, que era defensor del antiguo director general de la PDI, Héctor Espinosa, que enfrenta una investigación en su contra por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento y lavado de dinero. En definitiva, Muñoz habría entregado información en beneficio de su antecesor –del que era cercano–, en contra de lo que indica la legislación vigente.

Lo que ocurre con el jefe de la policía complica a Chile, porque el líder de Carabineros, Ricardo Yáñez –la policía uniformada–, en mayo enfrentará la formalización por la responsabilidades de mando que la Fiscalía le atribuye en el marco de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social de 2019. Se le imputa el delito de omisión en medio de la revuelta, cuando era director Nacional de Orden y Seguridad.

La ministra Tohá dijo por la mañana de este viernes que el Gobierno espera que “esta situación no perjudique el trabajo policial, la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”. Y reconoció la preocupación del Ejecutivo chileno: “Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”.

La PDI, a su vez, dio a conocer un comunicado en el que dicen que “la institución y el director general, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos”. Y agregó que como institución permanente del Estado de Chile, reafirma su “compromiso con la seguridad pública y el país”.

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