Dorothy Pérez avanza como la principal carta del Gobierno para liderar la poderosa Contraloría chilena

A fines de 1977, en medio de una fuerte presión internacional, Augusto Pinochet convocó a una consulta nacional para rechazar la condena de la ONU a Chile por las violaciones a los derechos humanos. Para habilitar el proceso envió un decreto supremo al entonces contralor general de la República, Héctor Humeres, quien, contrario a sus pronósticos, se lo devolvió el 28 de diciembre y se negó a la toma de razón: consideró que no se ajustaba a derecho. El general miró el calendario, y al ver que el abogado jubilaba el 2 de enero de 1978, apuró el papeleo de su retiro para el día 29 y nombró en su reemplazo a un hombre de su máxima confianza, Sergio Fernández, que en 24 horas visó el plebiscito, que se realizó el 4 de enero, y a la medida del dictador.

Esta vieja escena quedó marcada a fuego en la historia no solo porque Fernández apenas estuvo tres meses en el puesto, sino también porque grafica el poder que tiene un contralor en Chile: una autoridad que con un lápiz puede echar abajo o dar curso a la legalidad de una decisión presidencial. Esa potestad de quien lidera el órgano fiscalizador de la administración del Estado, es el que explica el sinuoso camino en la medición de fuerzas entre las izquierdas y las derechas que suele provocar este nombramiento, que debe realizar el presidente Gabriel Boric, para llenar la vacante de Jorge Bermúdez. Hasta ahora, desde el Ejecutivo asoma solo un nombre para su reemplazo, que ya empezó a ser sondeado en el Senado: Dorothy Pérez, la subcontralora y jefa de cuentas que subroga a Bermúdez hace casi cuatro meses.

Los nombramientos de Ramiro Mendoza en 2007, y de Bermúdez en 2015, fueron un ejemplo de lo complejas que pueden ser las conversaciones entre el Ejecutivo, que propone un nombre, y el Senado, que debe ratificar la designación con un quórum de tres quintos. Por ello, las llegadas de cada uno a liderar la Contraloría demoraron tanto en concretarse, que hubo subrogancias en el cargo de ocho y nueve meses, respectivamente. Si bien Mendoza y Bermúdez fueron propuestos por la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), en su primera y segunda administración, no eran sus opciones favoritas. Previamente, la oposición en el Senado le echó abajo a sus primeras preferencias: los abogados Pablo Ruiz-Tagle en 2007 y Enrique Rajevic en 2015.

Con ese precedente, y con la traumática elección de fiscal nacional en la que el Senado aprobó al abogado Ángel Valencia (en enero de 2023), pero solo después de que rechazó dos propuestas de Boric, es que el oficialismo debe presentar a alguien para la Contraloría que sea de consenso y no genere anticuerpos a priori. Además, quien asuma a la cabeza del poderoso organismo, por la duración del cargo abarcará tres administraciones presidenciales: los dos años que le quedan a Boric; los cuatro de quien lo suceda en La Moneda y los dos primeros del subsiguiente Gobierno.

Tres contraloras subrogantes

Fue a comienzos de marzo que los ministros de Boric Álvaro Elizalde, de la Segpres, y Luis Cordero de Justicia, hicieron los primeros sondeos en el Senado, donde la oposición tiene mayoría, para tomar la temperatura ante la posibilidad de presentar a Dorothy Pérez. Esas conversaciones, muy incipientes, tuvieron buena llegada en parlamentarios de distintos sectores, pero no la suficiente como para que el Ejecutivo se arriesgara con su nombre. Uno de los partidos del bloque Chile Vamos donde la abogada generaría resistencia es Renovación Nacional (RN), de la derecha tradicional.

Desde ese primer sondeo, sin embargo, el escenario para el Gobierno en el Senado se complejizó aún más. Fue tras la elección el 19 de marzo de la mesa directiva de la Cámara Alta. Ese día se produjo un quiebre con la oposición luego que, junto a Demócratas, no respetaran un acuerdo de 2022 para que la testera la encabezara el oficialismo (fue electo José García Ruminot, de RN). A la espera de que se aquieten esas aguas es que a mediados de abril el Gobierno volverá a explorar el nombre de Dorothy Pérez. Si Boric la postula, para su ratificación necesita 30 votos.

En el intertanto, el 15 de marzo, Ciper Chile informó que Pérez conocía a Leonarda Villalobos, una de las principales protagonistas, junto al penalista Luis Hermosilla, del caso Audios o caso Hermosilla. En marzo de 2023, ocho meses antes del escándalo judicial, y mientras era jefa de cuentas, Pérez asistió junto a su marido, el mayor en retiro de Carabineros Fabián López, a una cena en su casa. Según una declaración que publicó el mismo medio, fue invitada por Luis Angulo, esposo de Villalobos, con quien coincidió en el Ministerio de Educación cuando trabajó, entre 2014 y 2015, como jefa de la división jurídica en el segundo Gobierno de Bachelet.

El mensaje de Whatsapp de Pérez a Villalobos es de abril de 2023, cuando le agradeció una segunda invitación a la que finalmente no asistió.

Pérez deberá concurrir el 15 de abril hasta la comisión investigadora del caso Audios de la Cámara de Diputados, convocada a exponer sobre sobre el papel de la fiscalización de la Contraloría.

El estilo de Pérez

Para el Ejecutivo, a favor de Dorothy Pérez corren varios factores: es alguien a quien no se le ha identificado con un sector político y una funcionaria de la Contraloría desde 2004, por lo que la consideran experimentada y con un perfil técnico. Pero también, en una Administración que se ha comprometido con la paridad de género, se observa con atención que de los 17 contralores que ha tenido Chile, nunca el organismo, que en 2027 cumplirá 100 años, ha sido liderado por una abogada. Dos anteriores subcontraloras, Noemí Rojas y Patricia Arriagada, cumplieron largas subrogancias a la cabeza de organismo, de ocho y nueve meses, hasta que fueron nombrados Mendoza y Bermúdez.

Pérez asumió como subrogante el 18 de diciembre de 2023. En su primer día hizo una fuerte reestructuración, y también anuncios con un foco principal en el funcionamiento de los servicios de la ciudadanía y en las urgencias en medio de la crisis de inseguridad que vive Chile. Por ejemplo, la fiscalización sobre el control de ingreso y salida de drogas, armas, explosivos o piezas de armas del país; el traslado de dinero en efectivo, declarado o no, o de especies suntuosas de lujo o de alto valor y, entre otros puntos, la quema o destrucción de las drogas incautadas.

Fue en 2007 que Dorothy Pérez tuvo su primer ascenso, cuando Mendoza la nombró contralora regional de Valparaíso a los 31 años. Tras una robusta carrera dentro del organismo, en la que también fue subjefa de la División de auditoría administrativa, cuando en 2015 asumió Bermúdez la designó jefa de su Gabinete. A diferencia suya, el abogado no había trabajado en la Contraloría, por lo que necesitaba su experiencia interna. Un año después, la promovió a subcontralora y jefa de cuentas.

Sin embargo, a poco andar comenzaron los conflictos entre ambos. Los primeros roces fueron por sus estilos diferentes: mientras Bermúdez abogaba por flexibilizar la extrema formalidad de la Contraloría, Pérez se resistía. Por ejemplo, el nuevo contralor liberó del uso de la corbata a los funcionarios que no atendieran público, con la opinión en contra de la subcontralora. También chocaron por Contralorito, un popular personaje (loro) que el organismo difundía por redes sociales –tiene más de 170 mil seguidores en la cuenta de X– que la abogada estimaba que usaba un lenguaje inadecuado y que podría producir “efectos delicados para la imagen republicana de la institución”.

El útlimo posteo en redes sociales a nombre Contralorito fue el 14 de diciembre, tres días antes que Bermúdez dejara el cargo para volver a dar clases a la universidad.

Pero el quiebre definitivo entre ambos abogados fue en agosto de 2018, y por un problema mayor. Fue cuando Bermúdez pidió la renuncia a Pérez por pérdida de confianza luego que la Fiscalía la citara a declarar como testigo en el millonario desfalco en Carabineros. El abogado cuestionó que una unidad en la que ella había sido jefa, en periodo anterior, no se levantaran las alertas frente al fraude.

Dorothy Pérez se negó a dimitir y llevó el caso a la Corte Suprema, que declaró ilegal su destitución. El efecto de fallo derivó en su reintegración como subcontralora. Y con ello la abogada puede seguir en su puesto actual hasta que cumpla los 75 años. Eso, si no avanza en el Senado sunombre para liderar a la poderosa Contraloría chilena.

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