El Supremo de Chile condena a seis exagentes y dos exmilitares de la dictadura de Pinochet por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria

La Corte Suprema chilena ha condenado hoy en forma definitiva a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dos exintegrantes del Ejército, por el homicidio el 16 de julio de 1976 de Carmelo Soria, diplomático español y militante comunista, miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hace 47 años fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Entre los condenados se encuentran el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el segundo jefe de la DINA –el director fue el general (R) Manuel Contreras– y Raúl Iturriaga Neumann, el que fue jefe del departamento exterior del mismo organismo.

Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, quien reside en Chile, tras conocer el fallo declara a EL PAIS: “El 16 de julio de 1976 mi madre dijo que esto era un asesinato político y hoy, cuando es 22 de agosto de 2023, la justicia chilena acaba de confirmar que fue un asesinato político. Es decir, 47 años nos costó que nos creyeran. Y las condenas son una miseria”.

El fallo señala que “la víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos cúmulos de acción ilícitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el propósito de privar de libertad al sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte”.

Carmelo Soria Espinoza nació en 1921, en Madrid. Estaba casado con Laura González Vera y tenía tres hijos: Carmen, Laura y Luis. Fue asesinado a los 54 años, cuando trabajaba como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo dependiente de la CEPAL y, a la vez, Naciones Unidas. La tarde del 14 de julio de 1976, al salir de su oficina en el sector de Providencia, en Santiago, fue secuestrado por agentes de de la DINA. Conducía un automóvil marca Volkswagen, hasta donde se subió uno de ellos.

Después de ser torturado y asesinado, su cadáver fue arrojado junto a su automóvil, con las llaves puestas y sin la radio, en un riachuelo en La Pirámide, en el sector norte de Santiago, la capital de Chile. El vehículo estaba con las puertas cerradas, con algunos vidrios quebrados y, en su interior, había una botella de pisco. Era un escena para simular un accidente. Sin embargo, se estableció que en el crimen participaron agentes del Estado de la dictadura de Pinochet.

Ha sido un largo proceso, que ha demorado en su fallo final, en la Corte Suprema, 47 años. El primer abogado de la causa, por más de dos décadas, fue Alfonso Insunza, quien murió en 2016, mientras que hoy representan a la familia Soria Nelson Caucoto y Francisco Ugás.

El caso de Carmelo Soria partió en 1976 en el tercer juzgado del crimen de Santiago. Y ha tenido una serie de tropiezos. Por ejemplo, en 1993 la causa pasó, por un mes, de la justicia civil a la justicia militar, para luego volver a los tribunales civiles. Incluso, algunos de los agentes que habían sido identificados como partícipes del crimen fueron favorecidos con la ley de amnistía, un decreto que impulsó la dictadura y que permitía que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 fueran cerrados sin que se investigara.

El proceso por el homicidio fue sobreseído por los tribunales por aplicación de la amnistía. Hubo distintos intentos de reapertura. Y, en 1997, Carmen Soria, hija del diplomático español, junto a Insunza, el primer querellante del caso, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación por parte del Estado de Chile al derecho al acceso a la justicia por la aplicación de la amnistía.

Las condenas

En la sentencia, emitida por la Sala Penal, condenó a los jefes de la policía secreta de Pinochet, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a 15 años y un día de presidio como autores del homicidio, mientras que Juan Morales Salgado fue sentenciado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio. La pena no se les extendió a asociación ilícita pues los tres exagentes tienen condenas previas por ese delito por el doble asesinato, en 1974 en Buenos Aires, Argentina, del excomandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, a quienes la la DINA puso una bomba en el automóvil en que se movilizaban en una calle de Palermo.

En tanto, Guillermo Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio y a 541 días de presidio como autor de asociación ilícita. Y René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé a 10 años y un día de de cárcel -como autores- y a 541 días de presidio como autores de asociación ilícita.

Además, Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado cuatro años de presidio por infracción al artículo 212 del Código Penal -presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento- y Sergio Cea Cienfuegos a 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.

Pedro Espinoza Bravo cumple una decena de condenas en el penal de Punta Peuco, un recinto especial donde se encuentran privados de libertad militares por causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Su primera pena fue en 1995, cuando se le acusó junto a Manuel Contreras por el asesinato en Washington, en 1976, del excanciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, luego que la DINA pusiera una bomba en su automóvil.

Espinoza, junto a Iturriaga Neuman, cumplen además condenas por el crimen del general Parts y su esposa.

La condena por el homicidio de Carmelo Soria se produce en la víspera de la conmemoración en Chile, el próximo 11 de septiembre, de los 50 años del golpe de Estado.

Según el Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Pinochet en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.