Más de 600 vestigios franquistas deberán ser retirados en un año

Una década después de la entrada en vigor de la ley de memoria histórica en España quedan más de 600 vestigios franquistas o contrarios a los valores democráticos esparcidos por espacios públicos valencianos. Son símbolos, placas en viviendas oficiales, en calles y plazas. También quedan por revocar honores a figuras del franquismo. La recién aprobada ley de Memoria Democrática de la Generalitat, que ha entrado en vigor, da un año...

Una década después de la entrada en vigor de la ley de memoria histórica en España quedan más de 600 vestigios franquistas o contrarios a los valores democráticos esparcidos por espacios públicos valencianos. Son símbolos, placas en viviendas oficiales, en calles y plazas. También quedan por revocar honores a figuras del franquismo. La recién aprobada ley de Memoria Democrática de la Generalitat, que ha entrado en vigor, da un año de plazo para retirarlos.

El cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana tras las elecciones de 2015 marcó un cambio de rumbo en la gestión de la memoria histórica, con la redacción de una ley valenciana específica. La ONU había lanzado un requerimiento al Estado español al entender que había autonomías que reconocían a las víctimas y otras no; considerándolo un trato discriminatorio. “Nos sentimos interpelados por las propias víctimas; además de que vemos que otras comunidades ya han legislado”, resume José García Añón, director de Reformas Democráticas de la Consejería de Justicia que preside Gabriela Bravo.

La ley, aprobada por el Parlamento valenciano en octubre con los votos Compromís, Podemos y el PSPV, la oposición del PP y la abstención Ciudadanos, reconoce dos periodos: desde el comienzo de la Guerra Civil hasta la promulgación de la Constitución para el reconocimiento y reparación de las víctimas. Y desde la Segunda República Española hasta la entrada en vigor del Estatut d’Autonomía valenciano de 1982, en lo que concierne a protección de itinerarios de la memoria y a la documentación del periodo.

“No existe una competencia de memoria histórica; es una amalgama de competencias, de la Administración central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En este momento, en que había inactividad del Estado con la ley de 2007, buscábamos un camino donde no tropezásemos con problemas de competencias ni de paralización de la norma”, explica García Añón. Es una norma escrita en positivo, que huye de cualquier atisbo de revanchismo y que incluye a las víctimas de ambos bandos.

Los plazos han empezado a correr, y a los 20 días de su publicación [salió en el DOCV del pasado 13 de noviembre] entra en vigor. Un instituto autónomo –dependiente del organigrama de Justicia- se encargará de aplicar una norma que prevé sanciones de hasta 150.000 euros.

La retirada de símbolos que establece la ley implica a todo el mundo, también a la iglesia

La retirada de símbolos establecida por la ley implica a todo el mundo, también a la iglesia, apunta García Añón. El inventario de vestigios pendientes de retirar se puso en marcha en noviembre de 2015, aunque no todos los casos son claros. El censo se eleva a día de hoy a algo más de 600 vestigios, pero es una cifra viva, que crece o disminuye en función de la actuación de las administraciones. En la lista de casos problemáticos está el de la Cruz de Callosa de Segura [el alcalde ha denunciado amenazas por redes sociales a consecuencia de su interés de retirarla], en Alicante o el de la cruz situada en el Parque de Ribalta, de Castellón, por citar dos ejemplos. Muchas de aquellas cruces, de exaltación al franquismo, fueron rebautizadas en los años 80 por los primeros ayuntamientos democráticos. Hay un comité de expertos desde marzo de 2016 que trata de resolver estas dudas.

Con esta norma, la Generalitat puede exhumar las fosas comunes y la custodia de los restos no debe quedar en manos de cualquiera, sostiene el director general. Para llegar al reconocimiento de las víctimas y su posterior reparación hay que identificar los restos, ver si se pueden relacionar con una conducta violenta y si tiene algún tipo de trascendencia jurídica, que, de momento, no tiene. El último paso sería la reparación.

Además de la retirada de símbolosy la exhumación de fosas –hay censadas unas 300 en la Comunidad pero el dato tendrá que ser contrastado por el Instituto de Memoria Democrática cuando se cree-, la ley prevé recopilar –si no los originales, si copias para su consulta- la documentación de todo el periodo. El 28 de marzo, fecha en que el poeta oriolano Miguel Hernández murió al finalizar la Guerra civil, se ha instituido como día de recuerdo a las víctimas del franquismo. 

2018 no será el primer año de presupuesto para el capítulo de memoria democrática en la Comunidad Valenciana, pero de prosperar el proyecto de presupuestos, están previstos 875.000 euros para actuaciones en las fosas. También habrá otra dotación económica para la creación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que tendrá su sede en Alicante, y la creación de un registro de asociaciones y entidades memorialistas.