Alberto Fernández sube los impuestos a la soja y agita su relación con el campo argentino

El kirchnerismo y el campo son enemigos íntimos. En 2008, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de subir los impuestos a las exportaciones del agro derivó en un amargo conflicto que duró cuatro meses. La relación con los productores, que forzaron al Gobierno a derogar la subida, nunca se recuperó. A 12 años de aquel conflicto, la tensión ha vuelto. Alberto Fernández era en 2008 jefe de ministros. En 2020 enfrenta al campo como presidente. Apenas asumido en diciembre, aumentó del 24,5% al 30% las retenciones a la soja, el principal producto de exportación de Argentina. Ahora, ha llevado el impuesto hasta el 33%. Intentó compensar el golpe con beneficios a los productores más chicos y beneficios a otros productos agropecuarios, pero la posibilidad de una nueva escalada con el campo sobrevuela otra vez al país.

La subida de impuestos coincide con la necesidad de Argentina de sumar divisas para cumplir con sus compromisos externos. El Gobierno se encuentra en plena negociación con el FMI, al que adeuda 44.000 millones de dólares, y prepara para finales de marzo una oferta de canje a tenedores de bonos por otros 100.000 millones. Sin dinero para cumplir con los compromisos, Fernández ofrece reactivar la economía (el PIB cae desde 2018 y se espera una nueva bajada en 2020) para conseguir así los recursos necesarios para pagar a los acreedores. Si el plan funciona, la mayor parte del dinero saldrá del campo, responsable del 70,5% de todos los ingresos por exportación. Para quedarse con parte de esa torta, el Estado cobra a los productores impuestos a sus ventas fuera del país.

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La soja es la gran estrella. Según datos oficiales publicados este miércoles, las ventas de soja sumaron en 2019 casi 17.000 millones de dólares y explicaron el 26% de los ingresos argentinos por exportación. Fernández confirmó una nueva subida de las retenciones el domingo pasado, durante el inicio del año legislativo. Dijo entonces que el nuevo impuesto alcanzará a “solamente uno de entre 25 cultivos”, esto es, la soja.

El martes, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, comunicó a las principales cámaras del sector, agrupadas en la llamada Mesa de Enlace, la decisión de elevar las retenciones a la soja del 30% al 33%. Para evitar una guerra abierta, presentó al mismo tiempo un plan de compensaciones para los productores de hasta 1.000 toneladas de soja, que recibirán una devolución del impuesto según una escala vinculada al volumen vendido el año pasado. El plan es que el Estado recaudará el impuesto y luego “lo devolverá” a los sectores más postergados, sobre todo a los agricultores de zonas más desfavorecidas. Productos como la lana y las legumbres pagarán menos impuestos (del 9% al 5%) y otros seguirán igual, como el trigo y el maíz (12%).

El ministro Basterra explicó que el reparto dejará el balance fiscal del Gobierno en cero: lo que se quite a los grandes exportadores de soja “volverá al campo”. “El Estado no va a recaudar más, se redistribuye hacia productores pequeños y medianos”, insistió Basterra. Si el plan no tiene objetivos fiscales, entonces resta creer que la intención es reactivar el agro todo lo posible. Si el campo en su conjunto produce más, el saldo final será positivo y habrá más recursos para la reactivación de la economía. Esa es la lectura del Gobierno. Pero la relación entre el campo y el peronismo kirchnerista está ya demasiado deteriorada para que los recelos históricos muten en apoyos.

La Mesa de Enlace no gritó demasiado fuerte, pero al final de la reunión con Basterra sus dirigentes dejaron claro que con más impuestos habrá menos producción. “Es una medida que desalienta al productor”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, donde se agrupan los grandes productores, salió de la reunión “con un sabor amargo por la decisión del Gobierno”. “En el encuentro de hoy, ratificamos nuestra convicción de que los derechos de exportación no son el camino”, dijo. “Lo que pretendíamos era que las retenciones a la soja quedasen en un 30% y con segmentaciones para pequeños productores”, agregó Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Iannizzotto lanzó luego una advertencia: “La Mesa de Enlace está unida y las eventuales medidas de fuerza se consensuarán en cada entidad con nuestras bases”.

La gran duda es si el sistema de compensaciones alcanzará para calmar los ánimos en la cuenca productiva, donde ya hay sonidos de guerra. Muchos grupos están organizados por regiones, tienen necesidades particulares y no responden a la dirigencia de la Mesa de Enlace. En la provincia de Córdoba (centro) habrá el jueves un “tractorazo” hacia la capital y el día 11 productores autoconvocados se reunirán a un costado de la carretera 9 en Buenos Aires, cerca de donde se realiza Expoagro, la muestra del sector más importante del país. Los productores del noreste y noroeste del país, en tanto, han suspendido la comercialización de granos hasta nuevo aviso. Los productores de Santa Fe advirtieron que no sembrarán maíz y plantarán menos soja.

Parece poco probable que la Mesa de Enlace pueda detener estas protestas, que ya no responden a una dirigencia vertical. Los productores de San Pedro, ubicado en el corazón verde de Buenos Aires, explicaron en un comunicado el combustible que mueve estas revueltas: “El reclamo se hará sentir nuevamente ahora, no solo contra un Gobierno cuya posición conocemos, sino también contra aquellos que deberían honrar lo que juntos logramos en el 2008 y que estos dirigentes parecen no haber vivido”. Fernández tiene de qué preocuparse.