Pandemias y protestas sociales: origen de las disputas entre inversores públicos y privados en Latinoamérica

Son imprevistos, pero representan los riesgos más grandes contra la inversión privada en infraestructura y servicios a ciudadanos en América Latina. Desde eventos globales catastróficos, como la pandemia de la covid-19, hasta paralizantes protestas sociales, las causas de las disputas entre inversionistas privados y Gobiernos suelen ser recurrentes y se pueden evitar, coincidieron expertos.

Una demanda iniciada el año pasado por una concesionaria aeroportuaria privada en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile sirve como ejemplo de cómo las asociaciones público-privadas pueden terminar en pelea. La empresa, responsable de la expansión, renovación y mantenimiento de uno de los aeropuertos internacionales del país sudamericano reclama que la pandemia dejó sin efecto las proyecciones de demanda estimadas por el MOP cuando se licitó el contrato, por lo que el Gobierno debe pagar 1.000 millones de dólares en daños generados por el cierre de operaciones.

Este caso ilustra la necesidad de que los involucrados en una asociación público-privada piensen sobre innovaciones que permitan una mayor flexibilidad contractual cuando eventos como una pandemia, que no era un riesgo asignado a ninguna de las partes, cambia significativamente las condiciones, escribieron especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un reporte publicado como parte del evento PPP Americas 2023 que se llevó a cabo esta semana en la Ciudad de Panamá. “Esto podría ayudar a disminuir la cantidad de disputas entre los propietarios de las concesiones y los proveedores de las concesiones, minimizando así la probabilidad de interrupción en la prestación de servicios de infraestructura”, dice el reporte.

“Las cosas salen mal, eso es cierto”, dijo Gaela Gehring, socia especialista en arbitrajes internacionales en el bufete de abogados estadounidense Allen & Overy frente a asistentes al evento. “Pero eso no es inevitable, muchas disputas son absolutamente prevenibles”, agregó Gehring. En el panel, Gehring identificó dos tipos de problemas como recurrentes en este tipo de disputas: el cambio en la regulación ambiental durante la vida del contrato o concesión y las parálisis u obstrucciones derivadas de las protestas sociales. Estos suelen ser riesgos relacionados con ESG, término utilizado para referirse a las implicaciones ambientales, sociales y de gobernanza de una inversión. Las inversiones con consideraciones positivas de ESG son una tendencia en Wall Street actualmente.

“Estoy segura de que todos han escuchado el término ESG en estos días, y se reduce a cambios regulatorios o problemas o eventos que giran en torno a las protecciones ambientales, laborales y de salud pública. Esos son los tipos de riesgos que, cuando comienza a participar en un proyecto de asociaciones público-privadas y, como inversionista, entiendo absolutamente que está tratando de reducir sus riesgos. Pero debe ser vigilante de identificar una tendencia o un deseo de asignar todos esos riesgos al estado”, señaló Gehring. “En la mayor cantidad de disputas prevenibles, si puedo ser reduccionista por un momento, hay una suposición de que el riesgo es cero y todos sabemos que el riesgo cero no existe en la vida real”, añadió.

Por su parte, en el mismo panel de expertos, Elizabeth Robberechts, jefa de Infraestructura y Energía del brazo privado del BID, BID Invest, destacó la importancia de asignar los riesgos y costos entre el actor público y el privado de manera explícita. “Hay incentivos financieros que atraen la inversión, pero también hay incentivos regulatorios e incentivos fiscales que son muy importantes, como la aprobación de permisos y derechos de la tierra”, dijo Robberechts.

Además, en un clima de alta inflación como el visto en los últimos dos años, Robberechts destacó la sofisticación de instrumentos financieros como otra manera de cubrir los riesgos de los inversionistas. En proyectos grandes, como carreteras cuya inversión se recupera a lo largo del tiempo a través del cobro de peajes, “esos pagos suelen ser pagos relativamente fijos e indexados a la inflación en la mayoría de los casos. También se puede ir un paso más allá, especialmente para proyectos con largos períodos de construcción, ofreciendo subsidios del gobierno como pagos, subvenciones que se pueden otorgar al completar ciertos hitos de la construcción o becas como otro incentivo financiero”.