El incentivo nuclear

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump y en coordinación con Israel, lanzó una serie de ataques con misiles y bombas contra Irán. El objetivo era claro: debilitar de manera significativa las capacidades del régimen iraní. El resultado fue inmediato. A pocas horas de iniciados los ataques, murió el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El golpe fue contundente. Pero su verdadero significado estratégico aún está por verse.

Para entender el momento actual es necesario recordar que el régimen iraní ya venía atravesando una fase de debilitamiento. Durante la guerra de doce días entre Israel e Irán el año pasado, Tel Aviv afectó de manera considerable la capacidad aérea iraní. A esto se sumó la pérdida de influencia regional de Teherán tras la caída de Bashar al Asad en Siria y el progresivo desmantelamiento de estructuras aliadas como Hezbolá y Hamás.

Al mismo tiempo, la presión interna sobre el régimen aumentaba. Desde el 28 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos iraníes salieron a las calles a protestar contra décadas de represión política, el deterioro económico y el colapso de servicios esenciales. El país enfrentó severas crisis de agua y energía que obligaron al cierre de colegios y negocios. En lugar de asumir responsabilidad por el deterioro de los servicios públicos, el régimen culpó a la ciudadanía de un supuesto sobreconsumo y restringió aún más el acceso a estos recursos.

La respuesta del Estado fue brutal. A partir del 8 de enero de 2026, el régimen iraní interrumpió el acceso a internet con el fin de ocultar la magnitud de la represión. Según Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego y otros instrumentos prohibidos contra manifestantes, provocando matanzas masivas y cientos de heridos graves. Videos verificados y testimonios recopilados por la organización muestran a agentes de seguridad apostados en calles y techos —incluidas casas, mezquitas y estaciones de policía— disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos, apuntando deliberadamente a la cabeza y al torso de los manifestantes.

Entre las fuerzas involucradas se encontraban unidades de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluyendo batallones Basij, divisiones de la policía FARAJA y agentes vestidos de civil. Según un reportaje de la revista TIME, al menos 30.000 personas pudieron haber sido asesinadas entre el 8 y el 9 de enero. La magnitud de la masacre superó incluso la capacidad estatal para manejar los cadáveres: las bolsas mortuorias se agotaron y camiones de carga reemplazaron a las ambulancias. Este contexto ayuda a explicar por qué Washington decidió atacar.

Sin embargo, el problema estratégico central no es el ataque en sí, sino lo que viene después. Hasta ahora, Estados Unidos no parece tener una estrategia claramente definida para el día posterior a la muerte de Jamenei. Si el objetivo fuera un cambio de régimen —algo que Washington no ha declarado formalmente— aún no existe una alternativa política organizada capaz de reemplazar al sistema actual. La desaparición del líder supremo no implica necesariamente el colapso del régimen. De hecho, las instituciones iraníes llevan años preparándose para una transición post-Jamenei.

Según la Constitución iraní, un comité de tres personas asume temporalmente el poder mientras la Asamblea de Expertos elige al nuevo líder supremo. Actualmente, esa responsabilidad recae en el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholam-Hossein Mohseni-Ejei y el clérigo Alireza Arafi. Aunque algunos analistas consideran que Arafi es el candidato más probable para suceder a Jamenei, aún no está claro quién emergerá como el nuevo líder ni si el proceso podrá desarrollarse con normalidad en medio de la actual crisis. Existe incluso la posibilidad de que el nuevo liderazgo esté compuesto por figuras directamente implicadas en la represión reciente, con pocos incentivos para moderar el rumbo del país.

Este escenario se vuelve aún más preocupante si se tiene en cuenta el deterioro del régimen internacional de control de armas nucleares. A comienzos de febrero de este año expiró el tratado New START, el último acuerdo vinculante de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Como señaló el analista Fareed Zakaria, es la primera vez en más de medio siglo que no existe un instrumento legal que limite formalmente los arsenales estratégicos de las dos principales potencias nucleares del mundo. Aunque algunos observadores sostienen que esta situación podría ser transitoria, el contexto internacional no es alentador.

Rusia y China están modernizando y ampliando sus capacidades nucleares. Según Eric Edelman y Franklin Miller, Vladimir Putin ha modernizado aproximadamente el 95% de las fuerzas nucleares estratégicas rusas en los últimos 15 años y está desarrollando nuevos sistemas que no estaban contemplados en el marco del New START. China, por su parte, ha incrementado rápidamente su arsenal nuclear, con el objetivo de tener paridad nuclear con Estados Unidos. Mientras que en 2012 contaba con alrededor de 240 ojivas nucleares, en 2023 la cifra ya se acercaba a las 500, y el Pentágono estima que podría superar las 1.000 para 2030 y alcanzar las 1.500 hacia 2035.

En este contexto, el ataque contra Irán puede generar un incentivo perverso. Para muchos regímenes autoritarios, la lección puede ser clara: los países que no poseen armas nucleares pueden ser atacados o intervenidos, mientras que aquellos que sí las tienen gozan de un poderoso escudo disuasorio. Corea del Norte es el ejemplo más evidente. A pesar de ser uno de los regímenes más represivos del mundo, su arsenal nuclear ha reducido drásticamente la probabilidad de una intervención externa. Este cálculo no ha pasado desapercibido en Teherán. Si el nuevo liderazgo iraní concluye que la supervivencia del régimen depende de obtener rápidamente un arma nuclear, el resultado podría ser exactamente el contrario al que buscaba Washington: en lugar de frenar la proliferación nuclear, el ataque podría acelerarla.

Además, el impacto de este precedente no se limitaría a Oriente Medio, pues en Corea del Sur, Japón y Brasil ya se están dando este tipo de conversaciones. Desde el año pasado, en Brasil, se ha empezado a discutir la posibilidad de que el gigante sudamericano adquiera armas nucleares. Esto se debe, en mayor parte, ante las dudas sobre las garantías de seguridad de Washington y la intervención en Venezuela, a la cual ahora se le suma la de Irán. Ahora, es importante tener en cuenta que, aunque Brasil cuenta con dos reactores nucleares y ha desarrollado submarinos de ataque con propulsión nuclear armados convencionalmente, no existe evidencia que indique el país esté pensando seriamente en adquirir capacidades nucleares disuasorias.

Sin embargo, como afirma el experto John J. Mearsheimer en The Tragedy of Great Power Politics, en un sistema internacional anárquico—donde no existe una autoridad supranacional que imponga orden—los Estados buscan maximizar su poder relativo para garantizar su supervivencia. Y, si el orden internacional que está construyendo Estados Unidos tiene como principio rector la demostración de poder material, el incentivo racional para muchos países será fortalecer sus capacidades militares, incluyendo eventualmente las nucleares.

Por ello, el verdadero desafío para Washington no es solo definir qué quiere lograr en Irán, sino evitar que el precedente de este ataque contribuya a erosionar aún más el frágil sistema global de control de armas. Reconstruir algún tipo de consenso internacional sobre los límites al armamento nuclear será fundamental en los próximos años. Esto implica no solo reactivar mecanismos de control entre las grandes potencias, sino también establecer reglas claras sobre el uso de tecnologías emergentes—como la inteligencia artificial— en sistemas militares estratégicos. De lo contrario, el mundo podría entrar en una fase de proliferación nuclear cada vez más acelerada, donde la búsqueda de seguridad por parte de unos termine generando mayor inseguridad para todos.