La amnistía a los presos políticos rompe años de represión chavista en Venezuela

La amnistía general anunciada el viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a todos los prisioneros políticos del país, da respuesta a unas de las demandas más repetidas por parte de amplios sectores de la sociedad venezolana. Y marca, a su vez, un brusco giro en las relaciones que ha tenido la revolución bolivariana con sus adversarios en los últimos años. Esta decisión, que ha sorprendido tanto dentro como fuera de Venezuela, aparece como el corolario de una serie de anuncios oficiales orientados a relajar el control del chavismo sobre el país y sus enemigos. Por primera vez en mucho tiempo, el régimen se repliega, luego de años radicalizado.

Rodríguez —que al anunciar esta decisión, pidió que “no se imponga el espíritu la venganza”, y deseó la convivencia de “todos con respeto”— ha asegurado que este inesperado decreto “ya había sido discutido y aprobado por el presidente Nicolás Maduro”. Lo cierto, sin embargo, es que se concreta poco antes de que se cumpla un mes del ataque militar de Estados Unidos que capturó a Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recluidos ahora en una prisión de Nueva York.

La amnistía a los presos políticos venezolanos era uno de los grandes debates entre los políticos de la oposición y los gobernantes chavistas. De manera muy especial, durante los 13 años del Gobierno de Maduro, tiempo en el cual se deterioró gravemente el clima social del país, se multiplicaron las protestas populares y comenzó a aumentar el número de presos. En todos los debates parlamentarios y jornadas internacionales de diálogo que han tenido lugar entre ambas facciones en estos años, la amnistía general a los prisioneros políticos era la primera exigencia de la oposición, tajantemente rechazada por el chavismo.

El proyecto de ley de amnistía general a los presos políticos fue una de las primeras iniciativas legislativas de la bancada mayoritaria del bloque de partidos de la oposición luego de haber triunfado con amplio margen en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. La propuesta fue rechazada de plano por la bancada chavista —Diosdado Cabello, ministro del Interior y entonces diputado, la llamó burlonamente “la ley de autoperdón”— y fue finalmente bloqueada junto al resto de los proyectos legales de la oposición, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, que despojó de sus funciones al Poder Legislativo, agravando con ello la crónica crisis política local.

Las demandas para exigir la liberación de presos políticos y la denuncia del deterioro de sus condiciones de encarcelamiento comenzaron desde los primeros años de la Revolución Bolivariana. Fueron consecuencia directa de la polarización política que Hugo Chávez promovió en Venezuela para asentar su dominio sobre el país. Chávez, mucho más popular de lo que más tarde sería Maduro, no tuvo que apretar excesivamente el puño para gobernar.

La crisis política de 2002 —en la cual una oposición espantada con el talante conflictivo y anarquizante de Chávez adelantó una conspiración para intentar derrocarlo— podría considerarse como el nuevo comienzo de la era de los presos políticos en Venezuela. Reaparecía luego más de 20 años sin novedades relevantes.

En los tiempos de Chávez el número de prisioneros políticos era mucho menor al actual —unas 15 personas en total—, aunque en la memoria de muchas personas persiste el recuerdo doloroso del investigador policial Iván Simonovis, quién purgó 15 años de cárcel acusado de conspirar para derrocar al Gobierno; de la jueza Maria Afiuni, o de Raúl Isaías Baduel, general y antiguo amigo de Chávez, quién terminaría falleciendo en prisión.

La proliferación de presos, las historias de maltratos y de muertos en la cárcel, los informes de la Comisión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas sobre esos excesos y la multiplicación de penales para recibir a personas arrestadas corresponden, casi por completo, al tiempo de Maduro. En 2014, 2017, 2018, 2019 y 2024, el Gobierno del hombre ahora encarcelado en Estados Unidos conjuró graves atentados y reprimió con vigor revueltas populares que se expandieron por el territorio nacional. A finales de 2024, la cifra de presos políticos era de 1.500 personas.

La multiplicación de presos políticos y los relatos sobre sus terribles condiciones de reclusión hicieron enormemente popular y sentida la demanda de una ley de amnistía como primer paso para sentar las bases de la reconstrucción del Estado de derecho.

Por entonces, lo frecuente era que los dirigentes chavistas omitieran el planteamiento o reflexionaran brevemente en discursos y programas de opinión sobre los efectos nocivos que para una sociedad podía tener la impunidad.

El anuncio de una ley de amnistía, una noticia que cae como un bálsamo sobre decenas de familias venezolanas y aligera un poco más el espeso panorama político actual, viene con un añadido en calidad de regalo. No solo implica que centenares de personas judicializadas por ejercer sus derechos constitucionales en estos años —políticos, periodistas, jueces, empresarios, activistas sociales— recobran su libertad. Además, todos ellos, junto a los que han sido excarcelados estas semanas, quedan liberados de las medidas legales sustitutivas que les exigían presentación periódica en los tribunales y les impedía salir del país.