Rodrigo Paz activa al menos 10 comisiones de la verdad para investigar la gestión del MAS en Bolivia

La principal tendencia del primer mes del Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia ha sido el énfasis en denunciar e investigar supuestos hechos de corrupción de la anterior gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Hubo tiempo para las medidas económicas, urgentes frente a la grave crisis monetaria, como la eliminación de algunos impuestos y el anuncio de un presupuesto para 2026 con un agresivo recorte del gasto público. Pero, para Paz, la raíz del problema está en los pasados 20 años: ha anunciado al menos 10 comisiones de la verdad que ya empezaron a intervenir empresas públicas. El presidente lo ha justificado en que “la cifra del posible robo está por encima de los 15.000 millones de dólares”.

El objetivo de estos órganos es auditar varias instituciones del Estado y llevar a la justicia a quienes resulten responsables de malversación de fondos y otros delitos. “Hay que enseñarle al pueblo cuál es la cloaca que nos dejaron para que la gente sepa, a consciencia, que paguen los culpables”, aseguró el jefe de Estado. De la única comisión cuya composición se conoce —formada por parlamentarios, miembros del poder judicial y el ministro de Hidrocarburos— es la dedicada a indagar en la administración y producción de carburantes. Se presenta como la más importante, al ser la drástica reducción en la exportación de combustible —hasta un 66% menos que en 2014— una de las causas de la escasez de dólares y la consecuente inflación.

Los primeros resultados, sin embargo, han venido de las pesquisas a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). El exgerente y antiguo diputado del MAS, Franklin Flores, es sospechoso de estar involucrado en una red de corrupción que entregaba harina subvencionada a dirigentes sindicales de los panificadores, quienes supuestamente la revendían con una nueva etiqueta hasta por tres veces su precio. El dirigente Rubén Ríos fue enviado la tarde del jueves a la cárcel de San Pedro de La Paz de forma preventiva, acusado de enriquecimiento ilícito. Mientras que Flores, imputado además por otras tres acusaciones, se encuentra prófugo.

El daño económico causado al Estado por EMAPA se ha calculado en 13,9 millones de dólares y ha abierto el debate sobre continuar con la subvención al pan. El presidente dijo que le sorprendía que “todo lo que es subvención en Bolivia es corrupción”: “Vamos a luchar para que el precio sea el adecuado, pero yo no pienso mantener a corruptos ni ladrones que han hecho de la subvención un negociado”. La incertidumbre sobre el apoyo económico ha provocado retrasos en la entrega de insumos y algunas ciudades han reportado la ausencia del alimento durante algunos días.

La otra comisión que muestra avances es la que investiga el desaparecido Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc), institución que dejó de funcionar en 2015 luego de que su presidenta, Nemesia Achacollo, fuera hallada culpable de no ejecutar cerca de 10 millones de dólares asignados a proyectos productivos en el campo. El caso se reabrió recientemente para involucrar a la exdiputada masista Lidia Patty, quien fue aprehendida este viernes para declarar. La Fiscalía la acusa de incumplimiento de contrato por recibir 100.000 dólares del Estado entre 2009 y 2010 para fallidas iniciativas de agricultura.

Todo apuntaba a que el próximo en caer sería el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten, acusado de contrabandear y exportar combustible de forma irregular. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión; no obstante, y pese a las alertas migratorias activadas, se difundieron fotos que confirmaban su fuga a Brasil. Otra de las instituciones y empresas estatales que han sido allanadas en los últimos días es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuyos funcionarios son investigados por tráfico ilegal de tierras.

Las que siguen en la lista, y cuya futura intervención ya anunció Paz, son la Administradora Boliviana de Carreteras; Yacimientos de Litio Bolivianos; Boliviana de Aviación; la Empresa Nacional de Electricidad; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por mencionar algunas. “La comisión de la verdad es una comisión de la sociedad boliviana para saber qué nos pasó. ¿Por qué nos robaron 60.000 millones de dólares? Lo digo en sentido figurado porque es lo que nos dio el gas. Es cuatro veces lo que hemos acumulado desde la fundación de la patria en 1825. ¿Dónde se fue esa plata? ¿Quién se la llevó?”, aseguró el jefe de Estado.

Paz reitera constantemente que no se trata de una persecución política, sino de investigar el “robo a las familias bolivianas”: “Son daños económicos al Estado y todos los casos van a ser investigados, sin excepción de personas, de las entidades que han servido para que se genere toda esta situación”. Fuera de las comisiones, pero en el contexto de detenciones de figuras ligadas al MAS, se encuentra uno de los hijos del expresidente Luis Arce, Rafael Arce, imputado e investigado por enriquecimiento ilícito. Es sospechoso de haberse beneficiado de un crédito de 3,3 millones de dólares cuando tenía 25 años.