Brasil traslada a siete jefes del Comando Vermelho a cárceles federales de máxima seguridad

Siete jefes del Comando Vermelho, uno de los grupos más poderosos del crimen organizado brasileño, fueron trasladados este miércoles a desde una cárcel estatal de Río de Janeiro a la prisión federal de máxima seguridad de Catanduvas, en la ciudad homónima del Estado de Paraná. El traslado se ha realizado en un avión de la policía y a petición del Gobierno estatal de Río como parte de la estrategia para debilitar las comunicaciones entre la cúpula y los miembros de la banda. Los siete están acusados de ordenar, el pasado 28, el bloqueo de calles por toda la ciudad de Río de Janeiro para sembrar el caos en respuesta a la operación policial que ese día causó 121 muertos, la más letal de Brasil.

Estos presos cumplen condenas por delitos como tráfico de drogas, asesinato, organizar fugas… Entre los siete suman más de 500 años de pena.

Los siete jefes intermedios del CV fueron trasladados desde la cárcel carioca de Bangú hasta el aeropuerto internacional de Río en un convoy bajo fuerte escolta policial. Las imágenes aéreas los muestran en la pista cuando abordaban la aeronave. Llevan el pelo afeitado, las manos esposadas a la cintura, camiseta blanca y pantalón azul. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha criticado al Ejecutivo de Río por publicitar el traslado antes de que hubiera terminado, cosa que, argumenta el primero, podría haber desembocado en un intento de rescate.

Inicialmente, fueron llevados a la penitenciaría de Catanduva, precisamente donde cumple condena desde hace dos décadas el considerado máximo jefe del CV, Fernandinho Beira-Mar. Desde Catanduva, estos siete reclusos serán distribuidos por las otras prisiones federales, ubicadas en los Estados de Río Grande do Norte, Mato Grosso do Sul y Rondonia además de Brasilia, según informa G1, del grupo Globo.

Tras la sangrienta operación policial, el Congreso ha acelerado el debate sobre un proyecto de ley para combatir al crimen organizado. El autor del proyecto de ley es Guillerme Derrite, conocido como el capitán Derrite, un antiguo policía militar de la tropa de choque que dirigía la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo al inicio de este mandato, cuando la letalidad de las fuerzas de seguridad paulistas aumentó notablemente. Las negociaciones con el Gobierno para sacar adelante la norma le han llevado a renunciar a declarar organizaciones terroristas al Comando Vermelho, al Primer Comando de la Capital u otros grupos del crimen organizado, en consonancia con la política estadounidense.

Los siete reos del CV trasladados estaban encarcelados en una penitenciaria de Río, su plaza más fuerte y la ciudad en la que nació el grupo a finales de los setenta. Brasil creó hace dos décadas una red de prisiones federales de máxima seguridad donde encerrar a los presos más peligrosos (y poderosos) del país, dado que las facciones del crimen organizado dominan muchos de los centros penitenciarios estatales repartidos por todo el país. Un especialista en el sistema penitenciario definía recientemente, con ironía, las cárceles brasileñas como una colaboración público-privada. Hasta la puerta, manda el estado. Intramuros, la gestión es asunto de los grupos armados.

El Comando Vermelho, que tiene unos 30.000 hombres, se ha expandido por casi todo Brasil en los últimos años. Domina la llamada ruta del Solimões, la que lleva drogas desde Colombia o Perú, por el río Amazonas, hasta la costa atlántica para consumo interno o para exportarla a Europa.

La operación policial que culminó a finales de septiembre con una sangrienta emboscada en un bosque entre las favelas cariocas de Alemão y Penha pretendía frenar la expansión del comando Vermelho y capturar a su máximo líder en la calle, Edgar Alves Andrade, pero los agentes no lograron localizarlo. Cuando el operativo aún no había terminado, el Comando Vermelho activó a su gente, que inmediatamente cerró calles y avenidas por toda la ciudad con autobuses y coches que colocó a modo de barricada y les prendió fuego. Solo dejaron tranquila la zona sur, la predilecta de los turistas, donde se ubican las playas de Copacabana e Ipanema. Sembraron el caos en toda la ciudad, por orden de los ahora trasladados, según las autoridades, de modo que cientos de miles de personas tuvieron graves dificultades para regresar a sus casas.

Al menos 80 de los fallecidos en la operación policial tenían antecedentes policiales graves, según las autoridades. Otros cuatro eran policías. El Ministerio Público de Río ha entregado su informe sobre las autopsias. Recalca que dos de los cuerpos mostraban lesiones atípicas: uno, un tiro a corta distancia; el otro, decapitado, informa O Globo. Señala también que todos cadáveres eran de hombres con heridas de arma de fuego en el pecho, el abdomen y la espalda. Muchos de los fallecidos, según el Ministerio Publico, vestían ropas de camuflaje, chaleco antibalas, botas y guantes.

Por otro lado, la Policía Civil ha desvelado que solo 57 de los 128 de los agentes de su cuerpo de élite desplegados en la operación tenían las cámaras de los uniformes operativas. El cuerpo ha alegado problemas técnicos.