Infancia rota: los feminicidios que ponen en deuda a República Dominicana con las niñas

El último grito antes de morir de Verónica Crisóstomo Berroa, de 15 años, resonó la noche del 19 de noviembre en el sector de Villa Mella, en la zona noreste de Santo Domingo. Salió de casa sin saber que no regresaría. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo sin vida y con múltiples golpes, arrojado en unos matorrales. El informe forense determinó que la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico ocasionado por un impacto contundente en la cabeza. La adolescente es la última fallecida por feminicidio infantil en la República Dominicana. Como ella, otras ocho niñas han sido víctimas de un sistema que no logra protegerlas.

De 56 casos de feminicidios íntimos, nueve corresponden a menores de edad, alrededor de un 16%, de acuerdo con los datos del 2024 ofrecidos a EL PAÍS por la Dirección de Violencia de Género del Ministerio Público. “Este tipo de feminicidio, que no está tipificado en el Código Penal, no es más que otra forma de violencia feminicida ejercida sobre los niños, niñas o adolescentes, producto de la violencia machista”, explica Ana Andrea Villa Camacho, fiscal y directora de ese departamento del Ministerio Público dominicano.

A pesar de que el feminicidio está tipificado en el recién aprobado proyecto de ley del nuevo Código Penal dominicano como un delito autónomo dentro de los atentados dolosos contra el derecho a la vida, su tratamiento jurídico aparenta ser insuficiente para abordar la violencia de género de manera integral. El Ministerio de la Mujer ha criticado la inclusión de un párrafo que extiende la “condición de víctima a hombres“ en las mismas circunstancias, lo que consideran que “desvirtúa el avance logrado”. En una nota de prensa publicada en su web, esa institución considera que, al hacerlo, se ignora que los feminicidios responden a patrones culturales, de desigualdad y estereotipos de género que no se aplican de manera sistemática a los homicidios.

“A pesar del avance de la aprobación del proyecto de ley del nuevo Código Penal, el país aún no cuenta con un marco legal integral para reconocer todas las formas de violencia que ponen en riesgo cada vez más a las mujeres y las niñas, incluidas las nuevas formas de violencia digital”, puntualiza la fiscal Villa Camacho.

La Fundación Vida Sin Violencia, que lleva 15 años registrando todas las muertes de mujeres por violencia de género en el país, está documentado solo los feminicidios íntimos en 2024, es decir, “el asesinato de una mujer por un hombre con el que la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afín,” dice su presidenta Yanira Fondeur. De enero al 5 de diciembre, se contabilizaron 64 a nivel nacional, que dejaron a más de 46 niños huérfanos. Las víctimas incluyen nueve adolescentes, entre 15 a 19 años. Entre ellas estaba Verónica.

“Mi hermana alardeaba de ser la mejor de su clase en matemáticas. Era una joven alegre, le encantaba bailar”, exclamó entre lágrimas Lucero Crisóstomo, de 25 años, mientras sostenía una fotografía de la víctima. Frente a ella, unas velas encendidas y un crucifijo formaban el altar improvisado para darle el último adiós. El supuesto agresor de la adolescente, asesinada a golpes, es un vecino y amigo cercano de la familia: Frankely Fermín Báez, de 20 años.

“Un círculo vicioso que se traspasa de padres a hijos”

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en República Dominicana “mueren alrededor de 167 mujeres por violencia al año”, casi una mujer cada dos días. Precisamente dos días antes del asesinato de Verónica, otra adolescente de 16 años fue silenciada por un hombre de 28. Raidiris Sánchez fue asesinada de dos balazos en la cabeza por su ex pareja, Erick Manuel Jiménez, el 17 de noviembre. Era madre soltera de un niño de 1 año, que había tenido con otro menor de edad. “La mató frente a su hijo y su hermano de 10 años”, lamenta su madre, Juana Iris Almánzar Cabral, de 38 años. “También quería acabar con la vida de mi muchacho, que corrió a esconderse debajo de una cama cuando lo vio matar a su hermana”, denuncia.

El Informe Violencia Feminicida en Cifras, América Latina y El Caribe, del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indica que las principales víctimas de feminicidios en el país son adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años. Además, de acuerdo al Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia de la ONE, entre 2019 y 2023 se registró en la República Dominicana un significativo aumento de feminicidios de niñas menores de 14 años, con 36 muertes documentadas. De estas, 17 fueron confirmadas como feminicidios. Con una tasa de 2,4 feminicidios por cada 100.000 mujeres, República Dominicana está en segundo lugar en la lista regional, solo detrás de Honduras (2,7), según la Cepal.

La ley que prohíbe el matrimonio infantil, aprobada hace tres años, y la implementación de programas contra las uniones tempranas parecen letra muerta en un país donde el 23,1% de las mujeres jóvenes se une en una relación íntima antes de cumplir 18 años, casi siempre con hombres mayores que ellas, según datos del estudio Cambiando las normas de género para la prevención de la violencia y las uniones tempranas, publicado por Unicef en junio de 2024. Es una práctica “normalizada por la sociedad”, coincide Yanira Fondeur. Los motivos, explica, van desde “la falta de oportunidades, bajos recursos económicos, ignorancia o venir de un núcleo familiar inestable”.

“La violencia machista impera en República Dominicana porque es un asunto transgeneracional y cultural”, señala de su parte la magistrada Villa Camacho. “Cuando en un hogar hay abuso y maltrato, impacta de forma directa a los niños y niñas. La violencia se ve y se aprende. Y se convierte en un círculo vicioso que se traspasa de los padres a los hijos”, añade.

El peligro de la cercanía

Los índices de feminicidios que involucran a niñas y adolescentes en los últimos años reflejan la gravedad de la violencia de género en el país. De acuerdo al mismo informe de la ONE, estos crímenes, perpetrados mayoritariamente por personas cercanas a las víctimas, a menudo estuvieron relacionados con antecedentes de violencia sexual, lo que resalta un patrón de abuso previo.

La muerte de Esmeralda Richiez, de 16 años, conmocionó al país en febrero de 2023. Falleció a “causa de una hemorragia después de las laceraciones, abrasiones y contusiones provocadas por actividad sexual violenta”, según el informe oficial del Instituto Nacional de Ciencia Forense (Inacif). Su profesor de matemáticas y educación física de la adolescente fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio y agresión sexual.

Este caso, ampliamente mediatizado, evidenció la falta de protección para niñas y adolescentes. En el país se viralizaron audios de WhatsApp —en violación de la ley de protección de los derechos de los menores—, donde la víctima pedía ayuda a una amiga mientras se desangraba, atemorizada de que sus padres se percataran de la situación. En las grabaciones, Esmeralda confesaba también que el profesor la obligó a sostener relaciones sexuales.

La víctima de feminicidio más joven en el 2024 tenía tan solo dos años. Presuntamente fue violada y asesinada por su padrastro de 29 años, que tenía antecedentes penales. El crimen, calificado también como violencia vicaria, ocurrió en un contexto de violencia intrafamiliar y abuso de poder por parte de personas cercanas a la víctima y evidencia también la falta de protección adecuada y las vulnerabilidades de menores de edad en entornos familiares violentos.

Otra vida arrebatada por feminicidio infantil y que estremeció fue la de Willeni Lorenzo, una niña de 11 años, que fue secuestrada, violada y decapitada en julio de 2023. Su cuerpo, desnudo y atado, fue hallado en un barranco en San Cristóbal, en el sur de la isla. Juan José Sánchez Niva, de 39 años, un vecino y amigo de la familia, fue imputado por el caso.

Nicauri Herrera, madre de otros dos hijos, de 6 y 4 años, tuvo a Willeni cuando tenía 15 años. Consternada, señala cómo el asesino de su hija llegó a participar en la búsqueda cuando denunciaron su desaparición. “No fue hasta que lo apresaron por otro delito cuando él confesó dónde estaba el cuerpo de mi hija”, lamenta. “Me entregaron el cuerpo sin vida de mi niña en una bolsa sellada y me obligaron a llevarlo directo al cementerio, porque estaba en estado de descomposición. No pude ver a mi hija”. Sus palabras son un grito de dolor que visibiliza la desprotección y la falta de sensibilización generalizada sobre violencia de género y feminicidio de las autoridades que administran la justicia.

En República Dominicana, hay una ley que regula la Violencia de Género e Intrafamiliar. Pero, para la abogada e investigadora especializada en derechos humanos y violencia de género, Sonia Díaz Inoa, el Congreso debería aprobar un proyecto de ley que cursa desde hace tres años que priorizaría la prevención y la protección de las víctimas. La iniciativa tiene como objetivo crear un marco integral que no solo sancione distintos tipos de violencia (física, sexual, psicológica, política, económica, entre otras), sino que también aborde la prevención mediante políticas públicas y estrategias nacionales.

Sin embargo, esta propuesta legislativa se enfrenta “con los mismos tropiezos”, que la aprobación de las modificaciones al anteproyecto de ley del Código Penal, cuyo debate se prolongó por más de 10 años. La experta atribuye la ralentización a “la influencia de poderes fácticos, como las iglesias y otros sectores, que se niegan a admitir, por ejemplo, las tres causales en el aborto”.

Además, “es necesario la elaboración de un plan de capacitación permanente para jueces, fiscales y policías, que una vez concluido permita medir su aplicación y efectividad, al tiempo que permita medir su eficacia en el desempeño de sus funciones”, puntualiza. De acuerdo a Díaz Inoa, las mujeres, en un alto porcentaje, acuden solas a los juicios, sin abogados o acompañamiento psicológico, “contrario a los maltratadores que tienen el derecho constitucional de ser asistidos gratuitamente por defensores públicos”.

Mientras congresistas y diferentes sectores no se ponen de acuerdo en el anteproyecto normativo ni en la aprobación del proyecto de ley del Código Penal, las voces silenciadas de Verónica, Raidiris, Esmeralda, Willeni y la pequeña de dos años siguen clamando por un sistema que les falló, dejando una deuda impagable con la infancia y juventud de República Dominicana.