Las mafias del transporte en el Perú: asesinatos, extorsiones y vínculos con el Congreso

A inicios de esta semana, en los exteriores de la Morgue Central de Lima, un técnico especializado en necropsias, vestido con un mameluco, un gorro quirúrgico y una mascarilla, cogió un micrófono y dio un sentido análisis de la realidad, dirigiéndose a la presidenta Dina Boluarte. Con la voz firme señaló que la principal morgue del país ha colapsado, porque a diario reciben decenas de cadáveres por bala, y los empleados no se dan abasto. “Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura para todos. Lo que vemos en la prensa, en las noticias, en las redes sociales es solamente la punta del iceberg, porque la realidad es mucho más fuerte. [...] Pero para la señora Dina Boluarte todo está bien, no hay ningún problema”, explicó sin titubear, en medio de una huelga de trabajadores del Ministerio Público.

Con 1.493 asesinatos hasta el 10 de octubre, el 2024 se encamina a ser el año con más homicidios de la última década en el Perú, según estimaciones del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. La ola de atentados en contra de las empresas del transporte solo ha puesto los reflectores sobre los peligros que amenazan a los peruanos a diario. Hasta el mes pasado se reportaron 13.372 denuncias por extorsión y entre el 2021 y el 2023 la cifra se quintuplicó: de 4.510 a 22.162, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

En las últimas cuatro semanas se han producido dos paros, impulsados por los gremios del transporte, que han puesto al Ejecutivo contra las cuerdas. El segundo fue más significativo debido a que despertó la indignación de otras víctimas de los cobros de cupos como los comerciantes textiles; los minoristas y mayoristas de abarrotes, verduras y carnes; los repartidores por aplicativos, entre otros. La respuesta del Gobierno ha sido declarar en estado de emergencia por 60 días a catorce distritos de Lima y la provincia constitucional del Callao, pero el aumento de agentes y militares en las esquinas no ha escarmentado a las mafias. Se han contabilizado más de veinte crímenes desde la declaratoria. El más reciente fue un suboficial de tercera, quien recibió una ráfaga de balas mientras hacía labores de inteligencia en el sector de Barrios Altos, en Cercado de Lima. Ni la Policía está a salvo.

“Las extorsiones en Lima no son un fenómeno nuevo, lo que es una novedad es cómo se ha generalizado. Nos impacta ver cómo matan a un profesor enfrente de sus alumnos en un distrito que está a media hora de nuestra casa. Pero esto pasa desde hace varios años en las ciudades del norte, solo que como no pasaba en Lima no era noticioso”, dice Julio Corcuera, gerente general de la Asociación de Seguridad Privada del Perú. En 2017, junto al investigador Wilson Hernández, se adentraron en las mafias de la ciudad costera de Trujillo, en la región La Libertad, y lograron entrevistar a nueve miembros de organizaciones dedicadas a la extorsión y al sicariato. Su artículo forma parte de La muerte es un negocio, libro que retrata la violencia criminal en América Latina. Y la política tampoco es ajena a estas mafias: tienen vínculos en el Congreso, donde tienen congresistas comprados para que no avancen leyes que impulsen una reforma.

Concluyeron que este fenómeno ha adquirido una dinámica cada vez más sofisticada, que cada quien cumple un rol definido —desde quien identifica a la víctima, deja un arreglo floral o un sobre con balas en su casa, hasta quien aprieta el gatillo—, y que, aunque puede haber cierto remordimiento en algunas ocasiones, al fin y al cabo es su trabajo y deben cumplirlo de la mejor manera. Además, descubrieron que cuatro de sus nueve entrevistados habían pasado por la universidad. “La realidad es más compleja de lo que uno piensa”, subraya Corcuera.

Uno de los patrones que, desde su punto de vista, Lima ha replicado de las organizaciones delictivas de Trujillo es el uso de stickers para dejar dicho que ese negocio o aquel autobús está “protegido” por tal o cual banda. “Nace un negocio retorcido de la seguridad. Tú me pagas un cupo para que yo no te robe y proteja que tu restaurante o tu línea de bus no sea robado por nadie más y pueda transitar tranquilo. Funciona como un seguro”, explica Corcuera. Un reportaje del diario El Comercio reveló que en Lima un solo taxi colectivo —un servicio de transporte informal al que recurre la gente por el pésimo servicio del transporte público— puede lucir hasta cuatro stickers. Cada sticker representa una ruta distinta. Esa figurita, que va pegada en la parte trasera y puede ser una calavera, el escudo del Perú o el logo de la película Transformers, les asegura que sean “socorridos” por sujetos que evitarán que sean detenidos por los inspectores y sus vehículos sean llevados al depósito en caso cometan una infracción grave.

Según la ONG Luz Ambar se calcula que en Lima se produce un promedio de 20 millones de viajes al día, de los cuales las empresas del transporte tradicional cubren 18 millones. El grueso de la población se moviliza en buses, custers (unidades medianas) y combis (unidades pequeñas) que pertenecen a 365 empresas. El detalle, indica Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ambar, es que dichas empresas no tienen un poder real, porque las unidades de transporte no son de su propiedad, sino que las alquilan para dar el servicio. Esa informalidad, que data desde finales de los años noventa, es una de las razones que explica cómo el transporte se ha convertido en el botín de los extorsionadores.

“La delincuencia ha identificado el absoluto desorden en que se encuentran estas empresas y lo vulnerables que son a la extorsión. A diferencia de otros medios de transporte como el Metro de Lima o el Metropolitano, los cobradores tienen dinero en efectivo en todo momento y al final de la jornada deben pagar el alquiler de la ruta. Eso los hace presa fácil”, explica Luis Quispe Candia. En los atentados de los últimos meses, los sicarios se camuflaron como pasajeros o incluso se hicieron pasar por cobradores para atacar a sus víctimas. Otros simplemente se apostaron en un paradero concreto y esperaron el menor descuido para descargarles el revólver. Los llamados jaladores, aquellos que le consiguen pasajeros a los taxis colectivos, o los dateros, quienes controlan las rutas, también han sido reclutados y forman parte de la cadena delictiva.

El abogado David Mujica, vocero de un sector de los gremios de transporte público de Lima y Callao, sostiene que por lo menos el 40% del transporte urbano es extorsionado. Los cupos van desde los dos dólares diarios por chofer hasta 13 mil dólares mensuales por empresa. Diversos colectivos remarcan que una de las grandes deudas del Estado peruano es la implementación de un sistema integrado de transporte que reduzca la informalidad generalizada, aleje a los criminales, y ofrezca un óptimo servicio en una ciudad como Lima, con más de diez millones de habitantes que pierden alrededor de 283 horas al año a causa de la congestión vehicular. Aunque los gremios están divididos, se prevé un tercer paro de transportistas en las próximas semanas. No desmayarán en la derogatoria de la ley de crimen organizado. Movilizarse en Lima ya no solo es un suplicio, sino también una amenaza en cada esquina.