El problemático traslado del Archivo general de Perú, una joya histórica en peligro

Alguien acaba de jalar la palanca de uno de los tantos inodoros del Palacio de Justicia. Aunque desagradable, el chorro evacuado es un sonido familiar para quienes trabajan en el Archivo General de la Nación, un espacio de 2.500 metros cuadrados donde se conserva la memoria documental del Perú, ubicado desde hace ochenta años en el sótano de Palacio, en el Centro de Lima. Más allá de sus conocimientos, los archivadores deben cumplir algunos requisitos esenciales: no temerle a los ratones ni a las lagartijas, intrusos eventuales que deberán espantar; aceptar con hidalguía que contraerán rinitis o sinusitis; y no hacerle ascos a los olores nauseabundos que se filtran cada tanto.

Hace mucho se determinó que este lugar de rajaduras, techos descascarados y tubos expuestos de desagüe no es apto, pero al no haber otro, se dispuso que el personal tenga el derecho de salir a un tragaluz a respirar cinco minutos de aire puro por cada hora y a tener una pausa de treinta minutos a media mañana. Es momento del almuerzo, y los archivadores comienzan a quitarse sus guantes de látex y sus mascarillas de algodón. Doce personas están contra el tiempo, esforzándose en inventariar los 1.600 metros de documentación que faltan para completar los 16 kilómetros del archivo de la etapa republicana que, según lo planificado, se mudarán en agosto a un almacén del Callao, enclavado en una zona industrial de la urbanización Bocanegra.

Una noticia que desde hace meses ha alarmado a sectores del mundo académico que aseguran que se está poniendo en riesgo el patrimonio cultural al haber elegido un local cerca de la humedad del mar, que colinda con una fábrica de lejía y que además resulta lejano. Se cuestiona también que el traslado sea temporal y que el costo sea alto: 3.160.220 dólares por 36 meses de alquiler, es decir, un promedio de 81.000 mensuales. Por todo ello, las cabezas del Archivo General de la Nación están en la mira del ojo público. En especial, su jefe institucional, Ricardo Moreau Heredia y la directora del Archivo Histórico, Ruth Borja Santa Cruz.

“Somos posesionarios precarios y tenemos una orden de desalojo en curso, pero eso la gente no lo entiende”, dice Borja —cabello blanco con rezagos morados, lentes de marco grueso, poncho con llamas bordadas—, una historiadora que comenzó su carrera en este mismo sótano, desempolvando y organizando oficios en el 87 y que luego tuvo un papel clave en la descripción del acervo documental de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que escudriñó en la violencia ocurrida entre los años 80 y 2000. Un medio de comunicación puso en duda su integridad al señalar que la pareja de Borja es el hermano de una camarada terrorista. Borja se defiende con datos fácticos: se divorció de su exesposo en el 2009, y nunca conoció a su cuñada porque desapareció en los años ochenta.

Voces que incluso discrepan con el traslado han salido a defender su reputación. Pero Borja desea que, más allá de los ataques personales, la ciudadanía entienda que este local no es propio, que siempre le perteneció al Poder Judicial y que existe una orden en sentencia de ejecución para que desalojen el espacio cuanto antes. “Los investigadores dicen que nos declaremos en rebeldía, que nos apoyarán para no movernos. Pero somos funcionarios públicos y como tales somos sujetos de fiscalización y denuncia si no cumplimos un mandato judicial”, explica.

La directora del Archivo Histórico remarca que el inconveniente de permanecer en el sótano es que al no ser los dueños no pueden refaccionar la infraestructura ni colocar deshumedecedores de gran escala. Por lo tanto, cada vez que hay alguna gotera lo único que pueden hacer es colocar baldes de plástico y secar la documentación. Existe un expediente técnico para que la construcción de la nueva sede sea en un local, en el distrito de Pueblo Libre, pero aún no se ha avanzado en nada.

Sobre los peligros de mudarse a una zona industrial, Ruth Borja insiste en que la decisión se tomó en conjunto y que se eligió la mejor opción entre veinticuatro alternativas. “Habrá una distancia de 35 metros entre la documentación y la bodega de la fábrica de lejía. Hemos procurado que haya un trecho amplio. Además la lejía no es inflamable”, indica. Respecto a la humedad, señala: “La humedad es altísima en todo Lima, es un problema de toda la ciudad, pero hay un informe que indica que en la zona del Callao hay menos humedad que en Cercado de Lima”. Dicho informe que se me compartirá después la rebate: el Callao, la provincia constitucional que mira al mar, figura con siete puntos porcentuales más de humedad.

En cuanto al gasto, Borja centra su argumento en que los otros locales carecían de ambientes administrativos y mobiliarios. “Terminaban siendo más caros, porque debíamos implementar estantería, área de usuarios y descarga. En cambio, este cuenta con espacio de atención al público, tres pisos administrativos, sistemas contra incendios muy modernos, una altura de diez metros de almacenamiento y tiene un área de 5.800 metros cuadrados que nos permitirá resguardar el archivo en óptimas condiciones”.

Cecilia Soto Molina, jefa de la Unidad de Procesos en Archivo Histórico y Gestión Cultural, cuenta que han tomado todas las previsiones posibles para el eventual traslado: contratarán a 45 trabajadores externos que se sumarán a los diez archiveros, quienes trabajarán juntos en la mudanza. “La documentación va a ir lacrada, no se apilarán más de tres cajas en el camión para hacer menos viajes, en todo momento habrá personal del archivo presente, y no se trasladará nada que no sea inventariado”, dice.

Un informe de Epicentro TV reveló que la Secretaría General del Ministerio de Cultura visitó dicho local y no solo concluyó que su ubicación presenta riesgos potenciales como “incendios, contaminación química, inundaciones y hurto”, sino que ni en las bases ni en los términos de referencia para contratar la bodega se pidieron condiciones especiales de seguridad técnica de preservación de documentos en soporte de papel. En dicho oficio recomiendan con urgencia la inspección de expertos internacionales. Recomendación que las jefaturas del Archivo General de la Nación han acatado. En la quincena de julio, tres miembros de la Asociación Latinoamericana de Archivos visitarán el cuestionado local y emitirán un informe. ¿De ser lapidario frustrará la mudanza, aun cuando ya se firmó un contrato con el consorcio Transel y se pagó un adelanto?

“Nosotros consideramos que hemos decidido bien, pero nos ajustaremos al informe. Sí se podría frenar (el traslado), y aceptaremos lo que digan los expertos. Ningún local que se alquile va a cumplir con todas las condiciones porque no son locales hechos para archivos sino para almacenes, y por eso vamos a acondicionarlos. Está claro también que a nivel judicial no hay vuelta atrás. Tendremos que salir”, dice Ruth Borja, la directora del Archivo Histórico.

Sobre una mesa han desplegado unas cuantas reliquias: un libro de cuentas del siglo XVII, una carta de 1821 de puño y letra del libertador José de San Martín, la cronología de cómo se modificaron las estrofas del himno nacional, el testamento del antropólogo Julio César Tello, y unas hojas de coca enterradas junto a momias. El valor es incalculable. Un paso en falso sería fatal para documentos que representan el ADN del país. Suficiente daño con habitar un calabozo desde el siglo pasado: que la razón los ilumine.

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