Dina Boluarte, denunciada ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de 49 manifestantes

Los dieciséis meses de Dina Boluarte en el sillón presidencial quedaron marcados por la convulsión social con la que inició su mandato, tras la salida de Pedro Castillo por su frustrado autogolpe de Estado. Miles de peruanos marcharon en su contra, exigiendo un adelanto de elecciones que nunca llegó. El Gobierno envió a las calles a las Fuerzas Armadas y el saldo fue fatal, particularmente en las provincias de la sierra sur. Este martes, en La Haya, representantes de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su contraparte en Perú, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), han presentado un documento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el que denuncian a Boluarte por la comisión de crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, los tiempos más álgidos de las movilizaciones.

Las imputaciones son por 49 muertes y 155 intentos de asesinato y 937 heridos. Imputaciones que se sustentan en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación y son respaldadas por tres informes cruciales de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes enviaron diversas comitivas a las regiones del Perú para recabar información de primera mano. La denuncia establece que los asesinatos se produjeron por “un ataque sistemático y el uso desproporcionado de la fuerza” de parte de las fuerzas del orden en contra de civiles, de bajos recursos económicos, provenientes en su mayoría de zonas indígenas, a quienes no se les encontró ningún arma de fuego en la mano como para que pudiesen representar una amenaza. Incluso varios de ellos ni siquiera estaban participando de las marchas.

“Luego del ataque, las autoridades repetidamente negaron sus responsabilidades, incluso obstaculizando investigaciones, y muchos de los casos continúan en una situación de impunidad, lo cual evidencia nuevamente la existencia de una política estatal y la sistematicidad del ataque”, detalla la denuncia. También se hace hincapié en que los planes de operaciones de la Policía y el Ejército partieron del supuesto que las “manifestaciones estaban cooptadas por terroristas y actores violentos”. Un discurso que fue promovido por el Ejecutivo y algunos medios de comunicación.

El informe indica que se pudo corroborar que las armas registradas por las fuerzas de seguridad eran fusiles Galil y AKM, y pistolas Pietro Beretta y Sig Sauer, todas con munición letal. Pero además un aspecto revelador: el 63% de los impactos fueron dirigidos al tórax, y 22% a la cabeza, puntos vitales. “Indica una estrategia de apuntar a matar. Solo en una minoría de casos se constataron heridas en las extremidades. Además quince personas recibieron impactos por la espalda, lo que equivale al 30% del total de las víctimas [...] y muchos de los casos revelan que las personas fueron asesinadas a corta distancia, por lo tanto, la fuerza pública no pudo haber disparado en defensa propia”, se remarca. El rango de edad de las víctimas está concentrado en personas muy jóvenes. Siete de los asesinados eran menores de edad (14%). El 42% tenía entre los 18 y 30 años y el 28% entre 30 y 40 años.

La denuncia de la FIDH y APRODEH enfatiza la complicidad del Gobierno y, por tanto, de la presidenta Boluarte al otorgar cursos y ascensos a cinco generales de la Policía que estuvieron al mando de unidades involucradas en los asesinatos. A ello se suman omisiones u obstáculos al momento de investigar o esclarecer los hechos. “Todo ello apunta a la existencia una Política de Estado, planeada o, como mínimo, aprobada por omisión, por las más altas autoridades nacionales del Perú”, se expone.

Gloria Cano, directora de APRODEH, indica que su organización recurrió a los fueros internacionales debido a las constantes amenazas que recibe el Ministerio Público, las cuales ponen en riesgo la búsqueda de justicia. Se ha solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que abra una investigación sobre el Perú. Con todo lo recabado, ellos recogerán sus propias pruebas. “Se ha hecho un perfil muy detallado, caso por caso, de las 49 víctimas. La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta”, sostiene Cano.

Mientras tanto, Boluarte se encuentra de visita en China, donde se reunirá con su homólogo, Xi Jinping, además de empresarios. La mandataria no habla con los medios de comunicación del Perú desde hace más de 80 días. A su regreso no le esperan noticias muy alentadoras: diversos colectivos han anunciado una marcha nacional en su contra para los días 27 y 28 julio, fecha en la que se celebran las Fiestas Patrias.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.