Una estafa millonaria que terminó en asesinato sacude la industria del cannabis en Uruguay

Entre los vecinos de Colonia Garibaldi no queda rastro del entusiasmo que había generado la instalación de Boreal, una empresa de procesamiento de cannabis medicinal que fue inaugurada por todo lo alto en 2020 en esta localidad de trabajadores agrícolas del noroeste de Uruguay. Boreal había sido promocionada como la planta más importante del rubro en América Latina, que daría empleo genuino y apuntalaría una industria que no acababa de despegar en el país sudamericano, donde la marihuana es legal. Pero los pronósticos no se cumplieron y en junio de 2023 Boreal echó el cierre definitivo, en medio de una demanda por estafa contra Gonzalo Aguiar, representante uruguayo de esta empresa de capitales canadienses. La muerte violenta de Aguiar, asesinado por su expareja en febrero de este año, terminaría de enturbiar un caso que hoy es investigado por cuatro fiscales –por presunto lavado de activos, entre otros– y motivó la comparecencia ante el Senado del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el martes pasado.

Martinelli había sido citado por la Comisión de Seguridad y Convivencia de esa cámara, a raíz de unas declaraciones del diputado Sebastián Cal, sobre presuntos vínculos entre Aguiar y miembros del Partido Nacional, socio principal de la coalición gobernante al que pertenece el ministro. Por otro lado, Cal, legislador del también oficialista Cabildo Abierto, aseguró haber sufrido amenazas del empresario tras denunciar que este contaba con funcionarios policiales en ejercicio entre su seguridad privada. Esa irregularidad fue confirmada en la comisión, así como el vínculo que mantenía Martinelli con el empresario asesinado. De acuerdo con el periódico la diaria, el ministro dijo que se trató de una relación profesional en su condición de asesor de Presidencia (2021-2022) en temas vinculados a la industria del cannabis. También dijo que, por cuestiones protocolares, asistió a la boda de Aguiar con su pareja, Romina Camejo, en noviembre de 2022. “20 días o un mes después me enteré de que había sido un casamiento trucho [falso]”, sostuvo Martinelli.

El casamiento no podía ser legítimo porque Gonzalo Aguiar, de 46 años, estaba casado y tenía dos hijos en Canadá. Allí había vivido durante varios años, en los que entabló una relación comercial con el canadiense John Pollesel, director de Boreal Agrominerals, una empresa dedicada a productos para el mejoramiento de suelos. En Ontario, Canadá, el uruguayo presentó a Pollesel y sus socios una propuesta para producir cannabis medicinal en Uruguay, adonde aseguraba tener contactos y estaba dispuesto a mudarse para emprender el negocio. Entre 2019 y 2021, los canadienses reclutaron inversores y reunieron en total 27,5 millones de dólares, que destinarían a la adquisición de licencias en Uruguay, la compra de tierras y la construcción de instalaciones para producir flores, aceites y productos relacionados con el cannabis medicinal, que serían exportados a Brasil, Argentina, México y Europa, según publicó el periódico canadiense The Sudbury Star. En 2019, explican a EL PAÍS los vecinos de Colonia Garibaldi, la empresa Boreal contrató a los primeros trabajadores para limpiar el terreno aledaño al poblado de 400 habitantes, donde se cultivarían las plantas de cáñamo.

El 7 de septiembre de 2020, la planta industrial de Boreal fue finalmente inaugurada con pompa por Aguiar con la presencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y de la embajadora de Canadá en Uruguay, Joanne Frappier. Ese día Boreal fue presentada por el portal de Presidencia como “la planta de procesamiento de cáñamo medicinal más grande de América Latina”, con casi 5.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias. La nota afirmaba que Boreal podría generar hasta 1.000 empleos directos e indirectos, que en los hechos no fueron más de 400, durante el primer año de cosecha y procesamiento. El segundo año hubo alrededor de 100 empleados y eran 40 cuando la empresa decidió despedirlos por videoconferencia en diciembre de 2022, poco antes de ser intervenida por la Justicia y cerrada definitivamente en junio de 2023. En enero de ese año, los principales socios canadienses de Aguiar, John Pollesel y Brian Montgomery, habían presentado una demanda penal contra el uruguayo, acusándolo de desviar buena parte de los 27,5 millones de dólares destinados al proyecto. Los canadienses estimaban que la inversión había rondado los 12,5 millones de dólares.

Sin posibilidad de viajar debido a la pandemia de covid-19, Pollesel y Montgomery no habían podido comprobar de primera mano los avances del emprendimiento, según consta en la demanda hecha primero en Canadá y reproducida por The Sudbury Star. En ese contexto, los inversores sospecharon el fraude cuando las cifras remitidas por Aguiar no les cuadraban, hasta que descubrieron que los informes de inversiones y ganancias enviados por su representante en el país sudamericano eran engañosos o ficticios. Cuando se levantaron las restricciones, los canadienses llegaron a Uruguay y se toparon con que Aguiar llevaba una vida de lujo en el balneario Punta del Este (sureste del país), donde había comprado varias propiedades, entre ellas una casa por valor de cuatro millones de dólares, varios coches de alta gama, un yate, entre otros bienes. “Se comprobó que un asesor letrado de Aguiar se hizo pasar por el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, en contactos con los canadienses, para transmitirles tranquilidad de que ese dinero [los 15 millones presuntamente estafados] estaba en el banco”, informó el periodista Eduardo Preve en la TV pública de Montevideo, a partir de fuentes de la fiscalía de Delitos Económicos que investiga estos hechos.

Entre las complejas ramificaciones del caso, el fiscal Sebastián Robles de Maldonado (sureste de Uruguay), investiga el crimen que acabó con la vida de Aguiar en febrero de este año en Punta del Este. Por lo pronto, su expareja, Romina Camejo, admitió haberle disparado tras una discusión, alegando defensa propia. “Hoy, lamentablemente fallece una persona, pero podríamos estar hablando de un femicidio”, dijo su abogado Camilo Silvera ante la prensa. Según Silvera, el hermanastro de Camejo explicó en fiscalía la violencia con que solía relacionarse el empresario, y dio detalles de cómo Aguiar orquestó un falso asalto a su propia casa, en febrero de 2023, para supuestamente cobrar el seguro por el arsenal de armas que tenía y tapar deudas acumuladas. La Justicia dispuso medidas limitativas para Camejo, de 26 años, mientras avanza la investigación. Para completar el cuadro, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, persigue el origen de los bienes adquiridos por Aguiar; con ese fin solicitó el levantamiento del secreto bancario y tributario de todas las personas y empresas relacionadas con él, según publicó el diario El Observador.

En Colonia Garibaldi, los vecinos siguen por la tele los desmanes de este caso sin muchas sorpresas, tras haberse acostumbrado a los modos prepotentes con que, según relatan, se gestionó la empresa Boreal. Varios de ellos dicen tener muy presente los incidentes vividos en 2020, cuando un grupo de hombres vinculados a la seguridad de la empresa golpeó, secuestró o torturó a cinco vecinos, uno de ellos menores de edad, acusándolos del robo de plantas de cannabis. Estos casos fueron comprobados por la Justicia, que procesó con prisión a un exempleado de Boreal, según confirmó EL PAÍS con uno de los abogados de las víctimas. “Patrullaban las calles del pueblo con armas, como gente mafiosa”, dice uno de ellos, que reclama el resarcimiento económico por daños y perjuicios. Otros exempleados despedidos en 2022 esperan que la planta sea finalmente vendida para cobrar la indemnización que les corresponde.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.